Efectivos de la Agencia Tributaria están registrando dos sedes de Google en Madrid, la de Campus Madrid y la de Torre Picaso. La razón de la inspección es la sospecha de fraude y evasión fiscal relacionada con el pago del IVA y con el pago del impuesto de no residentes.

Hacienda sospecha que la compañía, cuya sede europea radica en Irlanda, no está declarando al fisco español parte de sus actividades realizadas en territorio nacional. Esta es la misma razón por la que autoridades francesas registraron las oficinas de Google en París el pasado 24 de mayo, tras recibir una denuncia por presunta evasión fiscal.

ELPLURAL.COM se ha puesto en contacto con Google, que afirma que "cumplimos con la legislación fiscal en España al igual que en todos los países en los que operamos. Estamos cooperando con las autoridades en España para responder a todas sus preguntas, como siempre". 

El fisco español ya abrió una investigación en el año 2011, ya que Google Spain apenas pagaba impuesto de sociedades y, de hecho, llegó a declarar pérdidas en su ejercicio fiscal. Hacienda reclamó a la compañía información para estudiar si situación y el caso se saldó con un pago por parte de Google de 1,9 millones más por actas abiertas contra sus declaraciones de 2007 y 2008.

El trasfondo de esta investigación radica en la estrategia tributaria de la compañía, que aprovecha la falta de armonía impositiva de la Unión Europea. Las ventas que declaran en cada país no se corresponden con su facturación total. Las filiales en España -o en cualquier otro país europeo- actúan como comisionistas de su sociedad matriz, situada en países con una menor presión fiscal. En el caso de Google, su sede central se encuentra en Irlanda. Esta estrategia es empleada por otras compañías como Apple o Twitter.

Problemas en otros países europeos

La Comisión Europea lleva tiempo detrás de las maniobras tributarias de la compañía, que tiene frentes abiertos en varios países de la Unión. En Francia, le reclaman 1.600 millones. En mayo registraron la sede de Google en busca de documentos que probaran el presunto desvío de beneficios.

En Gran Bretaña, Google acordó un pago de 130 millones de libras a la administración británica en concepto de impuestos atrasados durante una década, entre 2005 y 2015. Lo hizo durante el pasado enero y, el Parlamento británico, consideró que la cifra era escueta y no se adecuaba a los ingresos de la compañía en Reino Unido.