La coalición de PSOE y Sumar consiguió un apoyo mayoritario en el Congreso de los Diputados para conformar Gobierno; sin embargo, el bloque progresista está lejos de ser el que más fuerza tiene de la Cámara Baja. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, lo ha sufrido en alguna ocasión y va a volver a experimentar la realidad ideológica con la reducción de la jornada laboral hasta las 37,5 horas semanales, sin merma salarial, que Junts per Catalunya ha confirmado que tumbará.
La medida está lejos de ser la revolución de la clase trabajadora que vende la lideresa de Sumar, pero supondría un avance importante para millones de asalariados que aún se ubican por encima de la media de convenios. El respeto del horario y la desconexión de los trabajadores, visto como opcional en según que sectores y empresas del país, son otras de las materias que pretende abordar la reforma, pero la derecha catalana, cuyos nexos con la patronal catalana (Foment del Treball) son incondensables en una noticia, no piensa permitirlo.
Junts está preocupado porque los empresarios “no tienen voz”, tan solo deciden el sueldo, la jornada, el futuro y, en definitiva, la vida de sus trabajadores. De las más de diez millones de horas extra impagadas a la semana en Cataluña no se han pronunciado. Eso sí, la portavoz de los neoliberales catalanes, Miriam Nogueras, se ha visto en la obligación de poner el grito en el cielo por las pymes. Al más estilo Ayuso, recurriendo a los autónomos y pequeños empresarios pese a haber desplegado políticas en favor de los grandes empresarios durante sus décadas de poder.
“Vamos a hacer lo que dijimos que haríamos, que es presentar una enmienda a la totalidad. La registramos hoy mismo”, ha confirmado Nogueras, en RNE, la presentación de una enmienda a la totalidad al proyecto de ley del Gobierno, lo que vendrá de la mano del voto en contra de su articulado. Para que no parezca que es solo en defensa de los empresarios, la diputada también ha afirmado que se deja fuera de la reforma “a la clase mediana catalana y a los trabajadores de Cataluña", pese a que los dos sindicatos más mayoritarios en la autonomía apoyan la reducción.
Pirueta hacia delante y argumento nacionalista para completar la justificación o quizás rascar algo que poco o nada tenga que ver con los trabajadores. En este sentido, ha reprochado a los sindicatos que no tengan "esta fuerza y energía" que usan para decir a Junts que "son inútiles" por su oposición a este proyecto de ley cuando les toca denunciar que "el Estado español no está pagando a los catalanes" o cuando se "machaca a impuestos a las pymes y a la clase trabajadora catalana".
Igual no recuerda Nogueras que los sindicatos se posicionaron en 2017 en contra de la represión policial y la fuga de empresas en Cataluña, situaciones derivadas del procés. O quizá se refiera a un apoyo a la amnistía de Laura Borràs, condenada por adjudicar a dedo contratos a un amigo en la Institució de les Lletres Catalanes. "¿Dónde están esta gente (sindicatos) cuando todo esto pasa y que ocurre desde hace muchos años?”, recrimina Nogueras que no apoyen su proyecto nacionalista. Mientras, el Gobierno sufre una dosis de realidad.
Lo único que frena a los de Carles Puigdemont, anteriormente de Jordi Pujol y Artur Mas, de elevar a un presidente de derechas es el enfrentamiento nacionalista que sostienen con sus homólogos españoles, agravado desde el procés y la aplicación del artículo 155, y la espera de la amnistía. Ni siquiera la presencia de la extrema derecha, que en su modalidad catalana xenófoba no incomoda tanto a Junts. Sin embargo, a la hora de la verdad, cuando los empresarios levantan sus teléfonos, la derecha nacionalista, catalana y española, gacha la cabeza a la par.