Los vecinos de O Carballiño (Ourense) pagarán más por el agua. Y no será por un encarecimiento del servicio, sino por decisiones políticas. El nuevo contrato de concesión del agua, valorado en 55 millones de euros a 20 años, prevé repercutir en las facturas domésticas 3.644.441,89 de euros en inversiones que, según distintos informes técnicos y alegaciones presentadas durante el proceso, podrían cubrirse con subvenciones públicas de la Xunta, el Estado o la Unión Europea.

La cifra no es menor, el impacto estimado supera los 30 euros por hogar al año, un incremento que podría evitarse con una planificación más eficaz y con mayor voluntad institucional para acudir a fuentes de financiación pública. Sin embargo, el Concello ha optado por imputar directamente a las tarifas una serie de actuaciones que, en lugar de aligerar la carga sobre los hogares, la agravan sin necesidad.

Todo esto se refleja en el estudio de viabilidad del contrato y los distintos documentos técnicos del pliego, donde se especifica que estas inversiones son “prioritarias” para el funcionamiento del servicio. Sin embargo, su inclusión en las tarifas como costes obligatorios no va acompañada de una estrategia clara para captar fondos alternativos, ni de una justificación detallada sobre por qué se descartan vías de financiación externa. Además, se reconocen que el Concello no dispone de datos actualizados sobre la demanda hídrica del polígono industrial, pese a que esta zona aparece entre las beneficiarias directas de varias de las inversiones.

Un tercio cubierto por el PERTE

Del total de 3,6 millones de euros que se repercutirán a los vecinos, 1.356.968 de euros podrían haberse financiado a través del PERTE para la digitalización del ciclo del agua, concedido por la Unión Europea. Los 2.287.473 de euros restantes corresponden a actuaciones que serían susceptibles de ser cubiertas con fondos de la Xunta de Galicia o del Estado, a través de sus respectivos programas de inversión en infraestructuras hidráulicas y presupuestos anuales.

Entre las inversiones susceptible de ser financiadas por la Xunta y el Gobierno central, destacan los 1,4 millones de euros para la construcción de un nuevo depósito general, los 681.259 euros para ampliar la estación de tratamiento (ETAP) y las mejoras previstas en la depuradora de Carrás. También sobresale la renovación del parque de contadores por 1.356.968 euros, una actuación que ya está contemplada en el PERTE de digitalización del ciclo del agua, financiada por la Unión Europea y el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, y aprobado para el municipio en octubre de 2024. Pese a ello, se ha incluido igualmente como gasto que deberá asumir el concesionario y que acabarán pagando los vecinos.

El caso del PERTE es especialmente sensible, de los 1.499.980 euros concedidos al municipio, al menos 1.013.000 ya figuran como inversiones obligatorias en el contrato, lo que podría suponer una duplicidad de financiación. Si se confirma, O Carballiño podría verse obligado a devolver esa ayuda, arrastrando al resto de municipios del expediente conjunto —A Cañiza, Maside, Mondariz, Mondariz-Balneario y Melón— y comprometiendo el futuro del proyecto.