Telefónica está transformando su modelo de ‘compliance’ (cumplimiento normativo) mediante un uso intensivo de inteligencia artificial (IA), con el propósito de optimizar la gestión de riesgos en un entorno digital cada vez más exigente.
La compañía ha apostado por la automatización de procesos y la incorporación de tecnologías avanzadas para adaptarse a un marco regulatorio en constante evolución, aumentando la eficiencia y fortaleciendo su capacidad de prevención y supervisión.
Este enfoque posiciona a la IA como una herramienta esencial para avanzar hacia una auténtica transformación del área de Cumplimiento. En este sentido, la empresa ha puesto en marcha un programa que integra distintos perfiles profesionales y promueve la formación continua para desarrollar nuevos casos de uso de IA en compliance.
El objetivo es pasar de un modelo centrado en la mejora continua a una transformación integral, alineada con su plan estratégico y enfocada en anticiparse a los riesgos digitales. Uno de los pilares fundamentales de esta estrategia es el marco de gobernanza de la IA impulsado por la compañía en 2023, respaldado por sus principios de IA ética, definidos inicialmente en 2018 y actualizados recientemente.
Este modelo permite a la teleco, presidida por Marc Murtra, afrontar los desafíos regulatorios internacionales, especialmente en Europa, donde la normativa sobre inteligencia artificial avanza a gran velocidad.
Detección de fraude y automatización de procesos de control
En este contexto, la compañía ha fortalecido el papel de su área de Compliance como un actor estratégico para impulsar una regulación equilibrada que combine innovación y protección de derechos. La inteligencia artificial también está jugando un papel decisivo en la detección de fraude y en la automatización de procesos de control, según la compañía.
Gracias a sistemas algorítmicos avanzados, Telefónica puede identificar patrones de riesgo, analizar desviaciones y abordar sus causas raíz con mayor precisión y rapidez.
Sin embargo, la empresa subraya que estas capacidades tecnológicas deben coexistir con garantías fundamentales, asegurando que los derechos de las personas no se vean comprometidos y que las decisiones finales incluyan un juicio crítico y ponderado, más allá del análisis puramente automatizado.
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