Desde hace años la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) presidida por Miguel Angel Feito, se ha visto envuelta en numerosas polémicas e informaciones que ponen en entredicho la transparencia de la organización y el entramado empresarial al que pertenece.
Algunas compañías, ante el daño reputacional y económico que sufren debido a los estudios y informes de la OCU, han decidido plantar cara a la organización y acudir a la justicia, como ha sido el caso de la dermocosmética ISDIN.
Las polémicas que salpican a la OCU han sido denunciadas por otra organización de usuarios, FACUA, y la mayoría son referidas al cobro de comisiones de empresas por posible captación de clientes y realización de publicidad.
FACUA ha reclamado al ministerio que aplique la ley y ponga fin a este tipo de prácticas. La asociación lleva años denunciando las acciones de publicidad comercial que realiza la OCU para promocionar una larga lista de productos y servicios de empresas que le pagarían comisiones. Y ello ante la pasividad de los sucesivos responsables ministeriales, pese a la prohibición establecida en la legislación que regula a las asociaciones de consumidores.
La OCU también mantiene en secreto cuánto dinero acaban pagándole las empresas ganadoras de sus subastas, aunque desde diciembre de 2016, las asociaciones de consumidores están obligadas a depositar los acuerdos que suscriban con empresas en el Reacu.
Según varias informaciones, entre ellas una del diario El País, desvelaban que el Ministerio de Consumo investiga desde hace meses los 47 convenios que desde 2018 había firmado esta asociación con grandes compañías para verificar si las comisiones que cobra por cada cliente que les suministra son legales y si comprometen su independencia.
“Las fórmulas para financiarse son variadas y a menudo la OCU a través de su sociedad paraguas. Euroconsumers interpone demandas judiciales previas contra gigantes como Google, Facebook y Hewllet-Packard, que luego retira tras cerrar acuerdos millonarios con las compañías, ingresar el dinero, y alegar que este repercute indirectamente en los usuarios”. En paralelo, afirmaba El País, la organización ofrece compras colectivas para captar clientes que disfrutan supuestamente de la mejor tarifa en ciertos servicios, por los que cobraría una comisión a la empresa ganadora por cada cliente traspasado.
La principal competidora de la OCU, Facua, ha denunciado en varias ocasiones ante la Dirección General de Consumo, y desde entonces esta analiza si la OCU ha vulnerado la Ley General para la Defensa de los consumidores al publicitar promociones y servicios de empresas gracias a acuerdos económicos. Entre los convenios destacan algunos con firmas de intermediación financiera, planes de pensiones y tarifas de luz, gas y telefonía.
"La OCU actúa como comisionista de grandes empresas y daña la imagen del movimiento de consumidores. Los pagos de empresas a asociaciones de consumidores son inaceptables. Estamos ante un claro conflicto de intereses", aseguraba Rubén Sánchez, secretario general de FACUA.
