Moeve Energy Insight pone el foco en el nuevo escenario del CO₂ para la industria europea

El EU Emissions Trading System (EU ETS) atraviesa actualmente una fase de profunda transformación, convirtiéndose en uno de los cambios más relevantes de la política climática y medioambiental europea. Según el último informe de Moeve Energy Insight, el sistema ha ampliado recientemente su alcance para incorporar al transporte marítimo y, de cara a los próximos años, la Unión Europea ha acordado la creación de un nuevo mercado complementario, el ETS II, que entrará en vigor en 2028 y regulará las emisiones del transporte por carretera, la edificación y la pequeña industria.

En este contexto de evolución, el EU ETS continúa consolidándose como el principal mecanismo de la Unión Europea para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y avanzar en el cumplimiento de los compromisos climáticos internacionales. Puesto en marcha en 2005, fue el primer sistema de comercio de emisiones a nivel mundial y hoy es uno de los mayores mercados de carbono existentes. Abarca a todos los Estados miembros de la UE, además de Islandia, Liechtenstein y Noruega, está vinculado al sistema suizo y funciona mediante un régimen de comercio de derechos de emisión que pone precio al CO₂ y sitúa la descarbonización como un factor clave de la competitividad industrial.

El coste del CO₂ para la industria

El precio del carbono se ha convertido en un factor determinante para la industria europea. El coste medio de los derechos de emisión en el mercado europeo ronda actualmente los 80 euros por tonelada de CO₂, y las previsiones apuntan a una tendencia cada vez más alta en los próximos años.

Por ello, desde 2019, el Gobierno ha destinado cerca de 900 millones de euros en ayudas a la industria para compensar los costes indirectos derivados de estas emisiones.

¿Cómo funciona el comercio de emisiones en la Unión Europea?

El mercado europeo de carbono se articula a partir de un límite máximo de emisiones que la Unión Europea fija cada año para los sectores incluidos en este sistema, como la generación de electricidad y calor, la industria intensiva en energía y el transporte aéreo y marítimo. Este límite, conocido como "cap", marca el volumen total de emisiones permitido.

Para emitir CO₂, las empresas necesitan disponer de derechos de emisión, donde cada derecho equivale a una tonelada de dióxido de carbono. Estos derechos se adquieren principalmente a través de subastas europeas, aunque algunos sectores considerados estratégicos reciben una parte de forma gratuita como medida de protección frente a la deslocalización de la producción fuera de la UE.

Las compañías están obligadas a entregar cada año un número suficiente de derechos que cubra sus emisiones reales. En caso de no hacerlo, se enfrentan a penalizaciones económicas y a la obligación de compensar el exceso de emisiones en el periodo siguiente. Este mecanismo garantiza el cumplimiento del sistema y refuerza el incentivo a reducir emisiones.

El propio mercado permite el intercambio de derechos entre empresas. Aquellas que logran reducir sus emisiones por debajo del nivel asignado pueden vender sus derechos sobrantes, mientras que las que superan su límite deben adquirirlos. De este modo, las reducciones se producen allí donde resultan más viables desde el punto de vista técnico y económico.

Además, el número total de derechos disponibles se reduce de forma progresiva cada año y, a partir de 2026, comenzará también la retirada gradual de los derechos gratuitos para sectores como el cemento, el aluminio, los fertilizantes, el hidrógeno, la electricidad, el hierro y el acero, hasta su completa eliminación en 2034. Si el nivel de emisiones se mantuviera constante, el coste para la industria española alcanzaría los 6.500 millones de euros anuales.

El ETS II, previsto para 2028, funcionará como un mercado independiente del actual ETS. Incluirá sectores hasta ahora no regulados, como el transporte por carretera, la edificación y la pequeña industria. En este caso, serán los suministradores de energía quienes deban adquirir los derechos de emisión correspondientes.

Formas de reducir las emisiones industriales

Una de las principales vías para la descarbonización industrial es la electrificación de los procesos, especialmente en aquellos que requieren calor de media y baja temperatura. En el caso de España, el creciente peso de las energías renovables en el sistema eléctrico, que actualmente ronda el 57 %, permite acelerar esta transición y reducir de forma significativa las emisiones asociadas.

Otra solución clave es el uso de hidrógeno bajo en emisiones, particularmente relevante para la industria pesada y para procesos que requieren altas temperaturas, como el refino, la siderurgia o determinadas actividades de la industria química. También juega un papel importante en el transporte marítimo y aéreo a través de la producción de combustibles sintéticos como el metanol verde o los SAF electrolíticos. La elevada disponibilidad de recursos solares y eólicos en España facilita la producción de hidrógeno verde a gran escala y a un coste más competitivo mediante electrólisis.

Los biocombustibles de segunda generación representan otra alternativa de gran alcance para sustituir al gasóleo o al gas natural en procesos donde la electrificación o el hidrógeno resultan complejos. Son especialmente relevantes en el transporte pesado, tanto marítimo como aéreo. España cuenta con una amplia disponibilidad de residuos agrícolas y forestales que pueden emplearse como biomasa para producir combustibles como el SAF, el HVO o el biometano, lo que sitúa al país entre los de mayor potencial de la Unión Europea en este ámbito.

Por último, en sectores como el cemento y la cal, donde parte de las emisiones de CO₂ son inevitables al producirse durante la propia reacción química, la principal vía de descarbonización pasa por la captura, uso y almacenamiento de carbono (CCUS). En España, más de 30 millones de toneladas de CO₂ no pueden eliminarse de forma directa, por lo que estas tecnologías resultan fundamentales para garantizar la viabilidad futura de estas industrias.

Las organizaciones empresariales coinciden en que el desafío abarca la reducción de emisiones pero al mismo tiempo preservar la competitividad. Asociaciones como AEGE, FEIQUE o CEOE subrayan la necesidad de mejorar el acceso a la red eléctrica, reducir la fiscalidad energética y garantizar compensaciones adecuadas por los costes indirectos del CO₂.