El Instituto de Estudios Económicos ha elaborado un informe titulado ‘Las buenas prácticas regulatorias’, en el que defiende que los reguladores deben tener independencia para trabajar, especialmente por parte de los poderes políticos. Para ello, pide un marco institucional que garantice mejores prácticas regulatorias.
En última instancia, los propios reguladores deben evitar que la regulación económica-sectorial se aproveche o se ponga al servicio de otros fines. Según el informe, esto se puede conseguir mediante procedimientos reglados de diálogo continuo e interactivo entre los reguladores.
Hasta ahora, el modelo tradicional limita la presencia de las empresas en el proceso regulatorio al trámite administrativo de alegaciones, una vez que se hace pública la normativa, tal y como asegura el Instituto.
Para el buen funcionamiento es fundamental que el regulador genere y transmita credibilidad, además de una fuerte discrecionalidad técnica. “Es muy importante que se sigan una serie de procedimientos formales (reuniones, consultas, etc.) en los que se expongan y se discutan las razones técnicas y económicas de las decisiones que se pretendan adoptar”, recalcan los autores del informe.
Fuertes consecuencias para las empresas
Además, solicitan un marco institucional adecuado que establezca una regulación eficiente, estable y predecible con el objetivo de garantizar de forma efectiva la seguridad jurídica a través del cumplimiento de contratos. Esto, según el informe, es clave para el buen funcionamiento de las empresas y para el crecimiento económico a nivel nacional.
Para el Instituto de Estudios Económicos, el incumplimiento de los principios de regulación tiene fuertes consecuencias para las empresas. En concreto, “tiene un impacto directo en términos de costes y un efecto indirecto de aumento de la incertidumbre, lo que influye negativamente sobre sus decisiones operativas”.
Esto podría provocar una reducción, o incluso paralización, de la inversión. En este caso, los cambios regulatorios no predecibles aumentan la volatilidad, lo que provoca un aumento del riesgo de negocio y por tanto, de la prima de riesgo exigida por los inversores.
"De este modo, el riesgo regulatorio ha llegado a ser un componente importante del riesgo total para estas empresas, hecho que el regulador, como buena práctica, debería tener en cuenta, tanto a la hora de llevar a cabo cambios normativos disruptivos no deseables, como cuando utiliza los indicadores de coste capital como criterios de retribución", afirma el Instituto.
Principios básicos y diálogo continuo
Los autores del informe recuerdan que, siempre que sea posible, la regulación debe hacerse a través de un diálogo continuo con las partes afectadas. De hecho, un indicador indirecto de mala práctica regulatoria corresponde al nivel de litigiosidad que provoca.
Así, reclama unos principios básicos para unas buenas prácticas regulatorias: seguridad jurídica, estabilidad, predictibilidad, accesibilidad, participación, eficacia, orientación, proporcionalidad, justificación de las propuestas normativas, consistencia, credibilidad, simplicidad y transparencia.
El informe culmina recordando que la seguridad jurídica es uno de los grandes pilares del Estado de Derecho y está protegida por la Constitución. A esto hay que añadir la protección del Derecho comunitario a través del principio de protección de la confianza legítima.