El gobernador del Banco de España, Luis María Linde, ha advertido este lunes que, en ausencia de incrementos adicionales de los ingresos, se producirá obligatoriamente una reducción de las pensiones públicas a través de la caída de su tasa de sustitución debido al envejecimiento que vivirá la población española en los próximos años.
Según las previsiones, el gasto público en pensiones, sanidad y cuidados de larga duración se eleve durante las próximas tres décadas por este envejecimiento, alcanzando un máximo superior al 21% del PIB en torno al año 2050.
Debido a esto, Linde cree que la clave consiste en alcanzar un equilibrio entre las tasas de sustitución, el porcentaje que supone la pensión de jubilación sobre el último sueldo percibido, del sistema de pensiones que se pretenden asegurar y los ingresos necesarios para garantizar la sostenibilidad del sistema.
Así se lo ha transmitido a los diputados en la Comisión de Presupuestos que ha arrancados este lunes para analizar Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018.
En ella, el gobernador del Banco de España ha advertido de que el mantenimiento de las tasas de sustitución actuales, que son elevadas a nivel internacional, exigiría incrementos "muy significativos" de los ingresos del sistema, por lo que aboga por cualquier estrategia de reforma que aumente la transparencia del sistema, refuerce la relación entre contribuciones y prestaciones, y mantenga un mecanismo de ajuste que garantice el equilibrio financiero.
Por todo esto, ha pedido seguir avanzando en la racionalización y eficiencia del gasto público, así como considerar una “revisión y definición de la cesta de impuestos” que permita obtener de forma “estable y eficiente” los ingresos necesarios para financiar el nivel deseado de gasto público.
La deuda, principal reto a medio plazo
Según Linde, a medio plazo el principal reto en el ámbito de las finanzas públicas es la persistencia de un elevado nivel de deuda pública, que cerró 2017 en el 98,3% del PIB, ya que su mantenimiento puede afectar al funcionamiento de la economía y podrían sumarse otros factores adversos como la normalización de las condiciones financieras o el impacto de las tendencias demográficas sobre el gasto.
En concreto, ha alertado de que el mantenimiento de una elevada deuda puede provocar la absorción de recursos que podrían tener usos más productivos, una mayor dependencia de las condiciones financieras exteriores o l reducción de los márgenes de maniobra de la política fiscal ante perturbaciones adversas.
Más reformas
A pesar de que la información más reciente apunta a que el ritmo de crecimiento del cuarto trimestre de 2017 (avance de 0,7% del PIB) habría continuado en los primeros meses de este año y de que el organismo augura un alza del 2,7%, Linde ha pedido acometer más reformas económicas, ante el bajo crecimiento de la productividad, la falta de competitividad en algunos sectores y las “ineficiencias significativas” en el mercado laboral.
“Estos factores, en un entorno de intenso envejecimiento de la población, imponen límite al crecimiento potencial en el medio y largo plazo”, ha remarcado Linde, quien también ha apuntado que las tensiones políticas en Cataluña podrían generar “episodios de falta de confianza”, como sucedió en el trimestre del año pasado.
Además, ha explicado que la evolución de la actividad económica en los últimos años se ha visto favorecida por factores transitorios como una política monetaria muy acomodaticia, una política fiscal expansiva y una evolución favorable de los precios del petróleo, si bien “a medida que estos efectos pierdan relevancia, su aportación al crecimiento de la economía disminuirá”.
Por ello, ha insistido en la necesidad de reformas para apuntalar la confianza de los agentes económicos y aumentar el potencial de crecimiento.
Reforma de la financiación autonómica
De igual forma, ha subrayado que resulta “imprescindible” alcanzar consensos sostenibles en el tiempo sobre la reforma de la financiación autonómica, sobre la que ha indicado que existe un acuerdo “amplio” sobre la necesidad de mejorar su transparencia, conseguir la adecuación de los recursos a las necesidades de gasto e incrementar el grado de corresponsabilidad fiscal.
Adicionalmente, ha defendido que las CCAA deberían volver a acceder a los mercados de capitales como vía fundamental de financiación de sus desequilibrios presupuestarios, dejando los distintos fondos del Estado, desarrollados durante la crisis, como recurso de emergencia ante circunstancias excepcionales.