El domingo 13 de octubre tendrá lugar una manifestación multitudinaria que conducirá a miles de ciudadanos por las calles para protestar por la transformación del derecho a la vivienda en un privilegio. En el punto de mira está el Gobierno y su Ministerio de Vivienda, al que los sindicatos de vivienda y organizaciones vecinales señalan por su inacción, al que también critican por querer apropiarse, junto con organizaciones ligadas a la colación, de la protesta. Los últimos datos que confirman que los desahucios han crecido, de igual manera que los precios, y el avance campante de la especulación inmobiliaria caldean la fecha.

En la antesala de esta movilización se han publicado los datos de desahucios del segundo trimestre y se ha conocido que uno de los mayores fondos buitre ha comprado otros 250 pisos para especular con ellos. Todo este miércoles. Pase lo que pase el domingo, un día después, una vecina del barrio madrileño de Carabanchel será desahuciada de su vivienda de titularidad pública. Sin alternativa y 30 años después de entrar a vivir, Ana María será desalojada de su hogar. El calendario está definido y los días previos y posteriores a la manifestación siguen siendo negros.

87 desahucios diarios, un 7,8% más

El número de desahucios había encadenado varias bajadas trimestrales, pero en el segundo trimestre de este año la tendencia se ha invertido. El número total de lanzamientos practicados entre abril y junio ha ascendido hasta los 7.850 (87 diarios), un 7,8% más que lo registrado en el mismo periodo de 2023. Los datos publicados este miércoles por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) evidencian el tensionamiento inmobiliario, especialmente del alquiler, y la desprotección de los inquilinos.

El 74,8% de esos lanzamientos (5.874) llegaron de la mano de procedimientos relacionados con la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), mientras que otros 1.469 (18,7%) se derivó de ejecuciones hipotecarias, de las 5.483 que se presentaron (6,2% más). Los 507 restantes obedecieron a otras causas. Así, los desahucios por razones hipotecarias han disminuido un 1,9% en comparación anual, mientras que los sufridos por inquilinos de alquileres han crecido un 10,7%.

Mientras, pese a que pretenda instalarse en el debate público, las denuncias por okupación han caído. Siempre se han ubicado muy por debajo del número de desahucios y gran parte de ellas afecta a grandes propietarios como bancos o fondos buitre, pero ahora lo confirman los datos de juicios verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas para los casos en los que los propietarios sean personas físicas, entidades sin ánimo de lucro, o entidades públicas poseedoras de vivienda social. Se han registrado un 19,1% menos de denuncias de esta naturaleza que el año anterior.

El segundo fondo buitre de España anuncia otra macrocompra

Simultáneamente a la publicación de las cifras de desahucios al alza, Azora ha anunciado una nueva compra de cientos de pisos a través de su plataforma de alquiler de vivienda, Nestar. Es decir, adquirir un gran lote de viviendas para ponerlas en el mercado por un precio superior y disparado. La adquisición se ha realizado con la promotora francesa Emerige y su nueva promoción de viviendas construidas directamente para alquilar (BTR, por sus siglas en inglés), que consta de 250 viviendas en el municipio sureño de Valdemoro (Madrid).

La especulación con los alquileres es más rentable actualmente que la propia compraventa y Nestar es totalmente consciente, motivo por el que ha sumado ya 1.500 viviendas BTR en los últimos años. Cabe destacar que este fondo es el mismo que ha puesto en pie de guerra a casi 1.000 inquilinos por el uso de cláusulas abusivas en los contratos de alquiler. Como respuesta, los vecinos han decidido iniciar una huelga de alquileres y dejar de pagar las subidas ilegales impuestas a través de cláusulas abusiva declaradas ilegales.

Las cláusulas establecidas por Néstar imponen subidas del alquiler que van desde los 150 euros al mes hasta los 700 euros que se activan al trascurrir tres años de contrato y que superan con mucho el 3% anual previsto en la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU). Esta práctica tiene como resultado que alquileres pasen de mensualidades de 900 euros a los 1.600 euros.

Subidas de casi el 80% a familias obreras a través de cláusulas que fueron declaradas ilegales por el Juzgado de primera instancia número 31 de Barcelona en una sentencia pionera contra Azora. El fondo buitre desarrolla esta práctica incluso en varios bloques públicos de la Comunidad de Madrid. Estos se sitúan en Parla y Pinto, precisamente muy cerca del municipio donde se acaba de hacer con otros 250 inmuebles.