Hay fotografías que retratan mejor un país que cualquier estadística. La de un trabajador durmiendo en una caravana, después de servir desayunos en un hotel lleno de turistas o de atender pacientes en un hospital, es una de ellas. Resume el fracaso de un modelo que bate récords de ingresos mientras condena a quienes lo sostienen a vivir sin una vivienda digna.
España celebrará, un verano más, cifras históricas de visitantes y de beneficios turísticos. Se multiplican los titulares sobre la fortaleza del sector, pero apenas se habla del precio humano que esconde ese éxito. Porque el verdadero cuello de botella ya no son los salarios, aunque sigan siendo insuficientes. El problema es mucho más elemental: hay empleo, pero no hay vivienda.
Cuando la política llega tarde, siempre lo pagan la clase trabajadora
En Baleares lo saben desde hace años. Ni siquiera una subida salarial del 17 % en el convenio de hostelería ha logrado cubrir la demanda de personas trabajadoras. No porque falte disposición para trabajar, sino porque resulta imposible encontrar un lugar donde vivir. El mercado inmobiliario ha expulsado primero a los jóvenes, después a las familias y ahora también a quienes llegan para mantener en pie la principal industria del país.
La ciudad necesita las manos de cientos de miles de personas para poder atender hoteles, restaurantes, hospitales o empresas tecnológicas, pero no quiere ver dónde duermen cuando termina la jornada. Se les exige que mantengan viva la economía, siempre que lo hagan fuera del encuadre de la postal turística, como ha pasado recientemente en Málaga. El Ayuntamiento ha sancionado y expulsado a las personas que se habían instalado en el solar de Sacaba de Málaga. Las personas multadas son sanitarias que trabajan en el Hospital de Málaga, también hay gente cualificada que tiene que ir al parque tecnológico de Andalucía. Por supuesto, también hay personas que trabajan en la hostelería que es la principal industria de Málaga. La paradoja es tan cruel como reveladora. Son imprescindibles durante el día e indeseables, cuando acuden a su refugio, por la noche.
Es más sencillo esconder el síntoma que afrontar la enfermedad
Hace unos días se viralizó la imagen de una cama de matrimonio instalada en una cueva de Ibiza. Hubo quien la presentó casi como una extravagancia pintoresca, acompañada de comentario en redes sobre las magníficas vistas. Lo que aquella fotografía mostraba, en realidad, era la normalización de la miseria. Cuando la precariedad se convierte en la anécdota del verano, una sociedad ha empezado a perder la capacidad de escandalizarse.
Málaga avanza peligrosamente por ese mismo camino. Las multas impuestas a quienes sobreviven en caravanas en el solar de Sacaba no castigan una infracción; castigan una consecuencia.
Resulta difícil no advertir la contradicción y no sentirse indignación ante la desproporción de la medida. Se actúa con contundencia contra quienes estacionan una caravana porque no tienen otra alternativa, mientras se mantiene una relajación en la aplicación de la norma sobre pisos turísticos permitiendo un crecimiento descontrolado, siendo este uno de los principales factores de tensión residencial, que han expulsado a miles de personas de su ciudad. Es más sencillo esconder el síntoma que afrontar la enfermedad.
Lo más preocupante es que nadie puede decir que esto haya sucedido por sorpresa. Hace casi un año, UGT celebró en Málaga unas jornadas sobre vivienda y ante su alcalde ya se advirtió públicamente de las consecuencias de ignorar la emergencia habitacional. No faltaban diagnósticos; faltó voluntad política. Y cuando la política llega tarde, siempre lo pagan la clase trabajadora.
Las soluciones existen. Residencias universitarias vacías durante el verano. Centros vacacionales de los militares infrautilizados. Alojamientos temporales para quienes mantienen en marcha la economía durante la temporada alta. No hablamos de milagros ni de inversiones inalcanzables. Hablamos, simplemente, de voluntad y de sensibilidad.
Porque una ciudad no se degrada cuando aparecen caravanas. Se degrada cuando necesita que existan. La verdadera vergüenza no es que haya trabajadores durmiendo en ellas. La verdadera vergüenza es que hayamos terminado aceptándolo como si fuera el precio inevitable del éxito turístico.
Si la Administración local convierte en invisibles a quienes sostienen la ciudad acaba perdiendo mucho más que viviendas. Empieza perdiendo la dignidad. Y cuando eso ocurre, ninguna cifra récord puede ocultar el fracaso.
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