La relación entre los inquilinos y Alquiler Seguro es muy sencilla: o contratas el servicio que incluye gastos de gestión, cuota de mantenimiento y un seguro del hogar, a más de las fianza, el depósito de garantía y el primer mes de alquiler; o no te alquila el piso. Miles de denuncias apuntan en este sentido y han sido atendidas por el Ministerio de Consumo, que ha abierto un expediente sancionador a la inmobiliaria. Sin embargo, la compañía ha seguido desplegando estas prácticas casi un mes después del toque de atención, tal y como ha podido saber ElPlural.com a través de testimonios directos.
“En cada visita que he realizado con ellos (Alquiler Seguro) te plantean una serie de requisitos en la documentación que entregan en cada piso. Un servicio de atención al inquilino, un seguro de protección al inquilino y todo sin especificarte si es obligatorio o no”, denuncia uno de los afectados, que prefiere no revelar su identidad por miedo a represalias “Se da por hecho que es obligatorio porque forma parte de los propios requisitos, junto a la fianza, al mes corriente, el depósito y demás”, expone la situación que vivió hace apenas una semana, cuando visitó un piso gestionado por la inmobiliaria en el madrileño barrio de Aluche.
“Ellos mismos han creado un sistema de servicio al inquilino que no es opcional, aunque no lo ponga en ningún lado. Te venden la prestación de ayuda con servicios eléctricos, telefónicos, al entrar a la vivienda, gestión de siniestros e incidencias, suministros eléctricos e internet, asesoramiento jurídico y servicios adicionales”, describe otra afectada que buscaba un alquiler en Madrid. “Sin decirte que es voluntario y que además se pagan 20 euros anuales por una llamada cuota de mantenimiento”, añade.
Todo ello, consideran los consultados y las principales organizaciones denunciantes (Sindicato de Inquilinas, FACUA y OCU), aprovechando la desesperación de la ciudadanía. “Conseguir una vivienda digna ahora mismo es complicado y la gente acepta a cualquier cosa. Por eso aceptamos servicios como estos, que son ilegales. Si no encuentras piso, terminas pagando un servicio que sabes que es ilegal”, relata una inquilina actual de Alquiler Seguro. Esta y otras prácticas son las que ha detectado Consumo, se siguen realizando después de la apertura del expediente y la inmobiliaria defiende que se encuentran dentro de la legalidad.
Justificaciones erráticas de la inmobiliaria
La inmobiliaria busca cubrirse las espaldas con un apartado oculto en su web, no presente en sus folletos ni expresado por sus comerciales, que asegura que “en caso de no desear contratar este servicio”, al que denomina Servicio de Atención a Inquilinos (SAI), “podrás requerir la identificación según indica el artículo 31 de la ley por el derecho a la vivienda” a través de un correo electrónico. Es decir, o contratas nuestros servicios o nosotros te excluimos del proceso, aunque te facilitamos por obligación el contacto del propietario, muy probablemente cuando el inmueble ya esté arrendado.
Esta es la pirueta que Alquiler Seguro quiere colar para justificar que la contratación de sus seguros es opcional, aunque dicho argumento es falso de facto, dado que se excluye al que no claudica del proceso, no se le da acceso a las visitas y tan solo se le facilita la “identificación” del arrendador, si determinar el tiempo y forma de la remisión de la información. La Dirección General de Consumo no compra esta burda explicación, tal y como recoge el expediente sancionador abierto a la inmobiliaria recientemente.
El órgano dependiente del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 considera este y otros procederes constituyen “posibles prácticas abusivas contra inquilinos en la gestión del alquiler”. Concretamente, el departamento capitaneado por Pablo Bustinduy señala el cobro una “comisión por la gestión del arrendamiento”, la imposición de la “contratación de un seguro” o la obligatoriedad de “contratación de servicios no solicitados por el inquilino”. Todas ellas prácticas ilegales que vulneran la normativa de aplicación nacional, recogida en la ley de Vivienda aprobada en 2023.
Pese a la evidencia, la inmobiliaria se enroca y aseguraba en su comunicado de respuesta al expediente que “analizará la interpretación que hace el Ministerio de Consumo de los servicios que ofrece”, asegurando que estos “son transparentes, públicos y voluntarios”. “Los propietarios e inquilinos con los que trabaja la empresa tan solo pagan por los servicios que desean contrata”, describe la realidad anteriormente descrita. “Si existe algún protocolo que deberíamos estudiar para adaptarlo a la interpretación que hace el Ministerio estamos abiertos a analizar nuestros procesos”, matiza su CEO, David Caraballo, introduciendo el argumento de la diferencia de interpretación.