Quedan apenas 7 días para que finalice la campaña de la Renta 2019 y Hacienda augura que la del año que viene será una declaración más que polémica. De hecho el término Renta se ha encontrado a lo largo del día de hoy entre las principales tendencias de conversación en redes sociales en España.

Los afectados por las consecuencias económicas de la pandemia sufrirán una estocada en sus cuentas, especialmente aquellos que se han visto inmersos en un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE). ¿Por qué?

La razón es que las nóminas de los trabajadores que se encuentran en ERTE no han sido del todo regulares. Es decir, durante este año a los trabajadores afectados por el Expediente de Regulación Temporal de Empleo se les retiene un menor porcentaje de IRPF, incluso en algunos casos la retención llega a desaparecer. Por esta razón, Hacienda ha decidido ajustar cuentas con los empleados en la próxima declaración, la que corresponde a la campaña 2020, que será cuando proceda a cobrar todo lo que no se les ha retenido hasta ahora.

Ganar menos y pagar más

El SEPE ha sido el encargado de tramitar los pagos de las nóminas y ha obviado las retenciones. De hecho, para un empleado que cobre entorno a los 20.000 euros brutos al año y que se haya visto inmerso en un ERTE durante cuatro meses, la gracia le saldrá por aproximadamente 2.100 euros, que tendrá que abonar al fisco el próximo año.

Aunque existen, hay diferencias entre cada caso, y que se explican por las diferencias en los marginales del IRPF. Durante estos meses, quienes se encuentran bajo un ERTE han tenido dos pagadores: el SEPE y la empresa, debido a que cuando una persona se encuentra dentro de un expediente de regulación de empleo es como si estuviera en el paro de forma temporal. La Seguridad Social se convierte en este caso en un pagador más a efectos fiscales. En este caso, el umbral mínimo a partir del cual es obligatorio hacer declaración también se ha reducido pasando de situarse en los 22.000 euros brutos anuales a los 14.000 euros.

En este sentido, la mayor diferencia se encuentra entre las nóminas más bajas, las que cumplen el mínimo exigido para realizar la declaración de la renta que no pagan IRPF y que no se verán afectadas por esta situación -quienes cobran unos 14.000 euros brutos anuales-  y los que ganan un salario a partir de 18.000 euros brutos, que pagarán a Hacienda y con creces esa ausencia de retención.

A esto se suma que, al reincorporarse a su puesto de trabajo, a los trabajadores por cuenta ajena es posible que se les aplique una retención menor que la habitual debido a que la empresa que ha estado involucrada en un ERTE va a pagar menos salario anual al trabajador. Si se consideran todos los factores en conjunto, los empleados tocados por un ERTE no sólo ganarán -tan sólo cobran un 70 por ciento de su salario habitual- y tributarán menos durante el año 2020 sino que además pagarán más en su próxima declaración. Hay que recordar que cerca de 3,3 millones de personas se encuentran en nuestro país bajo un ERTE, lo que ha afectado sensiblemente a su capacidad de ahorro.

En definitiva, la creencia de que no pagar impuestos o pagar los mínimos posibles beneficia a las cuentas globales es falsa ya que cuando a un trabajador se le descuentan los impuestos en cada una de sus nóminas el impacto económico afectará gradualmente, mientras que, cuando esto se produce al ajustar cuentas la administración pública, ‘el palo’ con el que se encuentra afectará sensiblemente a su capacidad económica. Lo único que se hace es retrasar el pago.

Pero, ¿existe alguna solución para minimizar el impacto? Solicitar a la empresa un mayor porcentaje de retención tras la reincorporación al puesto de trabajo. De esta forma se logrará aliviar la cantidad a pagar a final del año fiscal.

De hecho, la ley reconoce al trabajador el derecho a solicitar un tipo de retención superior a la empresa o directamente al SEPE, durante el periodo en el que se encuentra sometido a un ERTE. Sin embargo, la dilatada (y pésima) experiencia burocrática de nuestro país hace pensar que quizá, la mejor opción es que comience a ahorrar, puesto que, de solicitarlo a la administración pública el empleado se expone a que se retrase el cobro de la nómina aún más si cabe.