El año político 2024 acaba en las Illes Balears con un Partido Popular que, roto su pacto con la ultraderecha de Vox, ha sumado su abstención a los votos de la izquierda para impedir la derogación de la Ley de Memoria Democrática balear. Teniendo en cuenta que la supresión de esta ley, que tanto incomoda a la extrema derecha, era un elemento fundamental del pacto que llevó a Margarita Prohens a la presidencia del Govern de Balears, esta victoria simbólica de la izquierda deja a la comunidad autónoma insular ante un 2025 que se iniciará con inestabilidad y con la anomalía de no tener unos presupuestos autonómicos aprobados ni perspectiva de poder aprobarlos en breve.

A ojos de un observador externo podría parecer que el PP balear de repente se ha sentido impulsado a la moderación, al aislamiento de los radicales de derechas buscando una parcela en el terreno del centrismo político. En cambio, si repasamos el tortuoso camino político que ha llevado a esta ruptura de las derechas y a la permanenc ia de la Ley de Memoria Democrática, entre otras medidas salvadas por esta anómala y circunstancial suma de votos entre la izquierda (PSIB-PSOE, Més per Mallorca, Més per Menorca y Podemos) y el PP de Prohens, llegaríamos a la conclusión rápidamente que nos hallamos ante un nuevo ejercicio de contorsionismo político de los populares para “salvar los muebles”.

Esta complicada historia empezó con un error parlamentario, como el que cometiera en su momento el diputado Casero, ya que durante el trámite en el Parlament de les Illes Balears del decreto “ómnibus” del Govern (que incluía polémicas medidas como una amnistía urbanística y a una relajación de las medidas de protección del territorio, que llevó a que se llamara a este decreto como “de depredación urbanística”) se aprobaron numerosas enmiendas de Vox que en principio el PP pretendía rechazar, por un error de los diputados de éste partido, con esas enmiendas se acordaba la posibilidad de construir en áreas naturales de máxima protección (que llevaban protegidas desde hace décadas), poder edificar en la servitud de costas (incumpliendo flagrantemente las leyes estatales), la legalización de urbanizaciones, la supresión del catalán como lengua vehicular de la administración pública o retrocesos en delicadas materias como igualdad o identidad de género en el ámbito del sistema educativo. El PP intentó negociar con la ultraderecha pero éstos, crecidos, exigieron nuevos compromisos políticos del PP centrándose en un cambio radical en el uso del catalán en la educación, una situación que los populares saben que les llevaría a una confrontación como la que provocó el anterior presidente de éste partido, José Ramón Bauzá. En esta tesitura buscaron el apoyo de la izquierda para devolver las leyes cambiadas por las enmiendas de Vox a su situación previa y comprometiéndose a no apoyar la proposición de ley de derogación de la la Memoria Democrática de Balears.

Éste es el complejo relato, el panorama que deja después resulta complicado para un PP que se vanagloriaba de haber conseguido estabilidad con su pacto con la extrema derecha, éste está roto, han tenido que retirar los presupuestos (hecho inédito en los 40 años de autonomía en las Illes Balears) y de momento no se vislumbra una salida para este impasse.

Mientras tanto, en la izquierda y en la sociedad civil movilizada contra la pretensión de derogar la Ley de Memoria Democrática se celebra la derrota parlamentaria de Vox, gracias a la abstención del PP, como una victoria de las políticas progresistas, aunque sea una sola ley, aunque sea una sola votación, pocas podrían llegar a tener el simbolismo y la fuerza de la memoria de las víctimas del franquismo. El PP llegó a apoyar esta ley promovida por el primer Govern de Francina Armengol, fue alabada por el Relator Especial sobre la verdad, la justicia y la reparación de Naciones Unidas, en conexión con la ley de fosas que ha permitido impulsar numerosas excavaciones. Además, hay que tener en cuenta el protagonismo que adquirió la memoria histórica en Balears a raíz de la violenta reacción del Presidente del Parlament, Gabriel LeSenne, de Vox, al arrancar las fotografias con las imágenes de víctimas de la represión fascista exhibidas por diputadas socialistas y la expulsión de éstas del pleno, tema que está ahora en los tribunales por posible delito de odio. Un tema que llevó a la oposición a promover su destitución que no fue posible porque el PP cerró filas con Vox en la defensa de LeSenne.

Moderación u oportunismo, convicción o única salida posible, el cambio del PP respecto a sus acuerdos con Vox y su búsqueda circunstancial de apoyos en la izquierda van a marcar el inicio del año 2025 en Balears y abre un escenario nuevo, aunque diría que no va a haber grandes sorpresas, el PP va a intentar apoyarse de nuevo en Vox o en los tránsfugas, provinentes de la ultraderecha y a los que hay que sumar al solitario diputado de Formentera, elegido por una coalición donde participaba el PP y ahora expulsado por su propia formación política en su isla de la presidencia del consell insular. En definitiva, la legislatura del PP en Balears está siendo cualquier cosa menos estable y aún no hemos llegado al ecuador de la misma.

Cosme Bonet es exsenador y secretario de organización del PSIB-PSOE.