La continuidad del proyecto de la planta de biogás que podría implementarse en el municipio madrileño de Colmenar Viejo podría tener los días contados. “Lo que ha quedado claro es que la voluntad tanto social como política es que no salga adelante”. En estos términos se pronuncia Pedro Ayala, uno de los máximos detractores de esta edificación, en conversaciones con ElPlural.com.
Sus declaraciones llegan después de que el pleno celebrado en el mes de junio se saldara con la negativa por parte de todos los grupos municipales de la localidad, a excepción del PP. “Ni siquiera Vox les apoya pese a gobernar en coalición”, refrendan las voces consultadas por este periódico.
La votación vino provocada por una moción conjunta que presentaron dos grupos municipales para estudiar la reversión de la Declaración de Utilidad Pública del proyecto de planta de biogás promovido por el gobierno de Colmenar y del que reniega el vecindario de este territorio y de Tres Cantos, donde también afectaría.
El conjunto del pleno se reconoció a favor de dicha propuesta -PSOE, Ganemos Colmenar Viejo, Más Madrid y Vox la respaldaron-, con la salvedad del PP, que se puso de perfil. A pesar de la postura de la formación que a nivel regional lidera Isabel Díaz Ayuso, la moción recibió la luz verde para el beneplácito de la ciudadanía y la plataforma Stop Biogás Colmenar Viejo y Tres Cantos, que lleva meses poniendo pie en pared contra lo que podría perjudicar a la salud de 110.000 personas; las que pueblan las dos localidades.
Además de la posición del PP, la plataforma vecinal lamenta el comportamiento adoptado por el alcalde, Carlos Blázquez, quien leyó públicamente y sin consentimiento mensajes extraídos de grupos de Whatsapp de la plataforma, en los que él no participa, según denuncia el propio movimiento que planta la batalla a la planta de biogás. El hecho ha llevado a los damnificados a plantear la posibilidad de emprender acciones legales contra el primer edil del Consistorio.
Pero respecto de lo que consideran más importante -el futuro de la planta- aseguran que seguirán “muy vigilantes” y “movilizados” con el objetivo de que se escuche de manera definitiva la voluntad de la mayoría social y se paralice un espacio que consideran a todas luces insostenible con el entorno.
¿Ayuda ilegal?
El proyecto obtuvo un espaldarazo económico de la Comunidad de Madrid en forma de subvención. Más detalladamente, la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la administración Sol destinó 3,2 millones de euros al conocido como Smart Farm Biogás, un trasvase que trajo consigo una respuesta que, según tuvo constancia este periódico, llevaba a Bruselas como destino en modo de denuncia formal.
La parte detractora encontró en la concesión -salida del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia cofinanciado por la propia Unión Europea (UE)- una posible irregularidad en tanto en cuanto el proyecto habría omitido en su solicitud de ayudas y en el procedimiento ambiental correspondiente una actividad industrial que se antoja clave para la evaluación del impacto ambiental que supone la fabricación de gas.
Pormenorizada la explicación, la plataforma expuso que el proyecto habría requerido de una evaluación ambiental ordinaria “mucho más rigurosa” que la que se llevó a cabo, a su juicio “simplificada”. El mismo portavoz que ha vuelto a hablar para completar la redacción de este artículo subrayaba dos temas “fundamentales” en este sentido, pero no aislados.
“La subvención va sujeta a lo que en inglés se llama DNSH, o lo que es lo mismo, que el proyecto no tenga afecciones medioambientales (…) Nosotros pensamos que tiene evidentes afecciones medioambientales, no sabemos hasta cuándo, pero las tiene, aun utilizando los biofiltros, pero que nunca nos dicen cuáles son”, comienza apuntando. “En el mejor de los casos reducen las emisiones en un 95%, pero hay un 5% descontrolado”, pronunciaba.
Asimismo, afeando el oscurantismo del equipo de Ayuso, iba un paso más allá: “Ese 95% solo se produce en condiciones óptimas, con temperaturas determinadas y cuando están instalados (…) Funciona como la batería de algunos productos, con una vida que dura menos según pasa el tiempo”.
A más a más, Ayala afeaba que “nadie ha dicho que iban a construir una planta de biogás”, por lo que, “no está sujeto a una evaluación ambiental ordinaria, sino simplificada y propicia para plantas de tratamiento de residuos en las que no se fabrique nada”. “La evaluación debería haber durado mayor tiempo y haber tenido mayor preparación (…) Para poder presentar alegaciones, pero no lo hicimos porque no nos enteramos de cuándo hicieron esta evaluación simplificada”, incidían.
Y con ello, “al eludir este requisito legal, se habrían vulnerado el principio de no causar perjuicio significativo al medio ambiente” y mencionaba los derechos de participación ciudadana que se les habría arrebatado, así como la transparencia en el modo de proceder, a los que se habría faltado precisamente al no garantizar una información “clara, actualizada y accesible para los vecinos potencialmente afectados”. A finales de mayo no se había publicado con carácter oficial en el Ayuntamiento información sobre los cambios en el diseño final del proyecto. La polémica ha venido acompañada de varias manifestaciones.
La Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior defendió que “la subvención se dio en febrero del año 2022 a través de una línea de ayuda impulsada por la Unión Europea que ha cumplido con todo el rigor técnico e independiente para la valoración y concesión".