Nada ha sido posible aclarar en el último pleno del año en Castilla y León sobre el anteproyecto de presupuestos que el Partido Popular presentó a bombo y platillo a mediados de octubre y pregonó después por las provincias de Castilla y León —15.084 millones de euros con incremento del 3,58% respecto al presupuesto de 2024, se dijo—, desaparecido en cuanto el PSOE hizo ademán de mostrar su apoyo ayudando a Mañueco a aprobar el techo de gasto.

La maniobra le salió regular al presidente del Gobierno de Castilla y León, que esperaba un rechazo frontal de todos los grupos de la oposición con el que podría responsabilizarlos de prorrogar las cuentas que firmó con la ultraderecha en lugar de avanzar en otra dirección. Mañueco contaba con el no de Vox, que ahora enarbola la bandera patria desde fuera, pero también esperaba el de los socialistas que, sin embargo, dieron el visto bueno para que la Junta tirara para adelante y pillaron a Mañueco con el pie cambiado, de modo que, concluido el pleno que cierra el año, no se ha presentado presupuesto alguno en las Cortes sobre el que debatir.

El mutismo más absoluto

Para sorpresa de nadie, preguntado sobre el asunto en este último pleno de 2024, Mañueco no ha hecho otra cosa que la habitual; devolver la pelota, como los niños en el patio del colegio: “¿Y Sánchez?”.

Más allá de reiterar su apertura al diálogo, su preocupación por los castellanos y leoneses y de preguntar qué está haciendo Sánchez con sus cuentas, que negocia con los separatistas y etcétera, Mañueco no ha dado ni una pista. El mutismo más absoluto sobre sus intenciones ha presidido las últimas sesiones en el hemiciclo, en las fechas en las que deberían estar debatiéndose las medidas presupuestarias y votándose sí o no.

Ni el socialista Luis Tudanca le ha dado el presidente explicación alguna sobre este asunto ni al ultra García-Gallardo le ha dado la respuesta que buscaba sobre las trompetas de supuesto adelanto electoral que se baraja en algunos mentideros y se descarta en otros. “Esté tranquilo, que va a poder seguir usted en su escaño”, le ha espetado Mañueco a su exsocio, que saca a diario la navaja dialéctica contra su otrora “querido presidente”, a quien atribuye intención de pretender que la oposición en Castilla y León se proyecte contra Pedro Sánchez en lugar de enfocarse en la gestión de la comunidad.

Tudanca, cansado de reclamar presupuestos para 2025, achaca a Mañueco la intención inicial del presidente de no querer que los hubiera y la decisión posterior de “meterlos en un cajón”, cuando comprobó que las circunstancias le obligaban a someterlos a consideración de 81 procuradores de los que solo tiene 31.

“Hoy se ha demostrado que era un ‘farol’, decía en la sesión de este martes el portavoz socialista, acusando al líder del PP de desaprovechar oportunidades como los 24.000 millones de euros que el Gobierno destina

a Castilla y León para hacer inversiones o la condonación de deuda para todas las comunidades autónomas, que permitirá tener más recursos para la sanidad, la educación o la dependencia.

Lo cierto es que el PSOE ha remitido numerosas propuestas a las que Mañueco no responde. “¿Por qué le parece mal que los libros de texto sean gratuitos? ¿Por qué le parece mal que recuperemos el diálogo social? ¿Por qué le parece mal que invirtamos en reducir las listas de espera? ¿Por qué le parece mal que haya aceleradores lineales en todas las provincias? ¿Por qué le parece mal que haya una ley LGTBI o que se garantice el derecho al aborto  en todos los centros hospitalarios públicos?”, se pregunta Tudanca.

Igea acusó a Mañueco de autocracia

Sea como fuere, lo incontestable es que desde octubre Mañueco se resiste a poner bajo el foco los presupuestos y a que el debate público se abra en el hemiciclo. Son dos meses de silencio sobre los 15.000 millones y el enfado de los grupos parlamentarios, que llevó al exprocurador naranja, Francisco Igea, a acusar al presidente de autocracia y amenazar con “tomar medidas” si Mañueco pretendía negociar los presupuestos en petit comité y a puerta cerrada.

Igea presentó en las Cortes un escrito amenazando con adoptar medidas si no se registraba el anteproyecto y se sometía al juicio y votación de los portavoces, como obliga el Estatuto de Autonomía, que establece que es competencia “irrenunciable“ del gobierno autonómico presentar el proyecto de presupuestos en el Parlamento y corresponde a la Cámara su debate, enmienda y aprobación.

De momento, 2024 llega a su fin y Castilla y León, agotados los plazos, lleva camino de continuar por la senda económica marcada por la ultraderecha hace un año.