El acuerdo de presupuestos alcanzado entre el Partido Popular y la ultraderecha en Murcia, contempla, entre otros aspectos, introducir cambios legislativos en la Ley 3/2020 de recuperación y protección del Mar Menor.
A juicio de Vox, esta norma "está hundiendo económicamente a todos los municipios ribereños" y han logrado arrancarle a los 'populares' su modificación definitiva antes de octubre de 2025. "El compromiso del presidente provincial de VOX, José Ángel Antelo, fue claro durante la campaña: esa ley se va a modificar,",enfatizó el portavoz adjunto del Grupo Parlamentario ultra en la Asamblea Regional de Murcia, Rubén Martínez Alpañez, tras el pacto de cuentas.
La Ley 3/2020
La Ley 3/2020 de Recuperación y Protección del Mar Menor, es una legislación que aprobó la Asamblea Regional de Murcia con el fin de restaurar y preservar este ecosistema único del sureste peninsular. Establece un marco normativo integral para abordar la grave crisis ecológica que sufre la mayor laguna de agua salada, de Europa, afectada por el urbanismo descontrolado, la contaminación por metales pesados de la sierra minera, y, sobre todo, por la presión del agro-extractivismo y de la ganadería intensiva.
"Un despropósito"
Para Alianza Mar Menor (AMARME), la modificación de esta norma supone una auténtica amenaza, más aún teniendo en cuenta que ni tan siquiera se ha aplicado la Ley, algo que urge hacer ya.
Esta asociación sin ánimo de lucro que lleva años luchando en defensa de este espacio. recuerda que "se cometen atrocidades contra el Mar Menor y se proponen otras con el fin de no cumplir las leyes y normativas que lo protegen y que pretenden recuperarlo". "Es imprescindible que se cumpla la legislación vigente ya, sin más retrasos ni excusas", explica a ELPLURAL.COM Julia Albaladejo, presidenta de AMARME, a cuya lucha se le debe también que el Gobierno de España aprobara la Ley 19/2022, que otorga personalidad juridica al Mar Menor y su cuenca..
"Comenzamos en la pandemia con nuestras pancartas que siguen gritando que queremos un Mar Menor vivo, sin vertidos con un bosque protector, más árboles y menos cemento, con una agriultura ecológica y biodiversa", añade, recalcando que es un "despropósito" lo que se pretende con la reforma de la ley.
La ultraderecha quiere múltiples modificaciones, empezando por el artículo 1, el del objeto de la ley. "La protección, recuperación, desarrollo y revalorización de la riqueza biológica, ambiental, económica, social y cultural del Mar Menor (...) para que su ejercicio se realice de manera integral y sostenible" quiere cambiarse por "hacerla compatible con el interés general y la viabilidad de la vida económica y social de la comarca", enfatizan desde AMARME. "Esto implica sustituri un objetivo ambiental, por uno basado en la explotación de este recurso natural", advierten. "Quieren continuar con este modelo de expolio de la tierra y el agua que tanto daño ha hecho, dándole, además, rango de ley y argumentando que es por el bien de la vida económica y social de la comarca".
Desde AMARME subrayan que con medidas basadas en la naturaleza y la biodiversidad," también se beneficiaría todo el sector servicios y el pesquero, que se ha visto seriamente dañado por los continuos ecocidios".
Otra de las moficaciones que pretende introducir la ultraderecha afecta al artículo 2 y busca excluir del ámbito de aplicación al término municipal de Fuente Álamo. Albadalejo recuerda que la Rambla del Albujón nace y discurre por buena parte de este municipio y que las macrogranjas de porcino que proliferan en la zona, junto con la agricultura intensiva, "están contaminando el acuífero de la cuenca vertiente del Mar Menor".
Sobre la reforma del artículo 3, dedicado a los fines de la ley, se busca suprimir ocho apartados fundamentales que reconcen necesidades como la de preservar y recuperar la riqueza biológica, ambiental, paisajística, cultural y socioeconómica de la laguna; conservar y restaurar la red de humedales; luchar contra el cambio climático, la erosión del suelo y la desertificación; y revertir la contaminación de aguas continentales, superficiales, subterráneas y costeras. "Es inaceptable", sentencia la presidenta de asociación formada por voluntarios que dedican a este mar todo el tiempo del que disponen.
Pero hay mucho más, porque Vox exige también eliminar artículos como el 5 y el 7, relativos a la comisión interadministrativa y al Consejo del Mar Menor. "Elminar este órgano consultivo reduciría el control que las administraciones y la sociedad civil pueden ejercer sobre las actividades en la laguna y su entorno", advierte Julia Albaladejo. "Esto llevaría a una mayor dejadez, que ha sido la actitud predominante de este Gobierno", subraya.
Del artículo 13 la ultraderecha quiere suprimir el plazo de tres años dispuesto en la Ley, y ya incumplido, para redactar el Plan de Ordenación Territorial de la Cuenca Vertiente del Mar Menor (POTCVMM). "Esto implicaria que podría demorarse indefinidamente", alerta. Asimismo, los del partido de Santiago Abascal apuestan por eliminar las referencias a la mitigación y adaptación al cambio climático , muy en la línea de esta formación, que niega el mismo.
En cuanto a la adopción de medidas adicionales en el programa de actuación (artículo 54), también pretenden suprimir la prohibición de cultivos sensibles a la liberación de nutrientes, lo que "facilitaría la filtración de contaminantes agrícolas a las aguas subterráneas y, posteriormente, al mar", aclara AMARME:
Los cambios de Vox atañen también al capítulo de infracciones graves. De adoptarse sus exigencias ya no sería tal "que una explotación agrícola no esté inscrita en el registro de explotaciones agrarias de la comunidad autónoma, no disponga de operador agroambiental o no presente la información legalmente requerida", explica a este medio Albadalejo. "Tampoco se consideraría infracción muy grave el incumplimiento de la orden de restitución de cultivos o de las órdenes de restablecimiento de la legalidad". Esto facilitaría "la ampliación ilegal de cultivos de regadío, que quedarían impunes". Del mismo modo, se contempla reducir las sanciones y se quieren eliminar las entidades inspectoras de explotaciones colaboradoras con la administración (ECARM), que garantizan el cumplimiento de la legalidad.
Por último, cabe destacar que la propuesta de Vox tampoco prohíbe, como sí lo hace la Ley actual, la construcción y ampliación de puertos deportivos,lo que daría vía libre a que el Ejecutivo Autonómico diera luz verde a proyectos de estas características, aumentando la presión sobre laguna costera.
En definitiva, AMARME considera que las intenciones del ejecutivo autonómico tras el acuedo de presupuestos suponen una "vulneración de los derechos del Mar Menor, un ataque directo al espacio natural y a su conservación para las generaciones futuras".
El Mar Menor es mucho más que una moneda de cambio político o económico. "Las personas que hemos nacido aquí sentimos que se ha destruido nuestro paisaje, nuestros recuerdos, nuestro hogar... Y quienes decidieron venirse a vivir junto a esta laguna salada piensan lo mismo: que se está destruyendo una joya que les ha proporcionado bienestar. Nos hemos quedado sin pueblos con identidad propia, sin patrimonio histórico, ... Nos queda este mar", zanja Albaladejo.
"Una gran irresponsabilidad"
Esta misma semana, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, preguntada por este asunto, lo ha tachado de "gran irresponsabilidad". "No podemos ir marcha atrás, tenemos que preservar nuestros ecosistemas", ha precisado, antes de subrayar esta norma es una iniciativa "internacionalmente reconocida, una forma de restaurar un hábitat que estaba profundamente degradado". Asimismo, ha subrayado que, tanto su ministerio, como el Gobierno, harán "todo lo posible" para que no se revierta.
Las otras cesiones a Vox
El acuerdo de presupuestos alcanzado por el PP con la ultraderecha incluye, además de la modificación de la Ley de Mar Menor, la reactivación de los proyectos impulsados por la formación de Abascal antes de su salida del Gobierno, el cierre del centro de menas de Santa Cruz, la creación de partidas para la expulsión de ilegales y la retirada de subvenciones a cualquier ONG que que trabaje con estas personas. Del mismo modo, los 'populares' se comprometen a no desarrollar "ningún programa en los centros educativos de fomento de la lengua árabe y cultura marroquí", a impulsar una nueva Ley de Familias y a modificar la Ley del Suelo.
En materia de seguridad, Vox celebra que el PP haya aceptado permitir a la Policía Local usar armas largas, pistolas Táser y gas pimienta.