José Luis Martínez-Almeida fue víctima de una broma pesada el pasado mes de junio, la cual le ha pasado factura al viralizarse este miércoles en redes sociales. El alcalde, que pensó que estaba conversando por videollamada con su homólogo en Kiev, Vitali Klitschko, aunque, en realidad eran dos humoristas rusos.

No se detectó hackeo durante la videollamada ya que sus autores utilizaron una dirección de correo electrónico falsa muy similar al del oficial ucraniano, tal y como recogió en su momento el medio alemán Bild. Cabe destacar que el regidor de Madrid no fue el único en caer en la trampa. Franziska Giffey, alcaldesa de Berlín, y Michael Ludwig, de Viena, también fueron objetivos de este engaño.

El Ayuntamiento de Madrid ha confirmado este miércoles el engaño: "Es una estafa múltiple que las herramientas de propaganda rusa realizaron a cargos de la mayoría de países de Europa, entre ellos alcaldes como los de Viena o Dublín o Ministros como el de Defensa de Reino Unido", defienden. En su momento, el consistorio informó que el propio Almeida tachó lo sucedido de “absolutamente intolerable”. Ahora, con la filtración completa de la entrevista, las redes sociales han estallado a las palabras del político.

La conversación comenzaba teniendo como telón de fondo la guerra actual entre Ucrania y Rusia y, ante tal escenario, el falso alcalde de Kiev le preguntaba a su homólogo si Madrid podía ayudar a reportar a los ucranianos refugiados para alistarse en el ejército y sumarse a la batalla: “No deberían relajarse en las playas de España, deberían estar combatiendo y ganando esta guerra”, argumentaba.

Deportar refugiados va contra el derecho internacional

“Por supuesto. No creo que eso sea un problema. Madrid apoya el envío de ucranianos a Ucrania para que luchen. Creo que se necesitan más soldados para luchar contra Rusia. Madrid tiene las capacidades de transporte para deportar personas a Ucrania”, defendió Almeida sobre los ucranianos refugiados en España.

Esta afirmación del edil, que no ha pasado desapercibida por la dureza y lo grave de sus acusaciones. Y es que la acción, la deportación forzosa de población civil, es un crimen de lesa humanidad punible por la Corte Penal Internacional.

No solo eso, sino que en diciembre de 2019, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CDH) emitió un dictamen que castiga y persigue las afirmaciones de Almeida. El escrito indica que una persona refugiada o desplazada por causas climáticas o por desastres naturales no puede ser devuelta a su país de origen si con ello se pone en riesgo el ejercicio de algún derecho fundamental, como es el derecho a la vida.