La pregunta que sobrevuela la política española desde el pasado mes de diciembre es: ‘¿Qué es la prioridad nacional?’ La primera respuesta práctica, la primera muestra de lo que significa la piedra angular de los pactos autonómicos firmados por el Partido Popular y Vox, acaba de llegar a Extremadura. La primera comunidad en la que, en el pasado ciclo electoral, la ultraderecha introdujo su agenda ideológica racista en un acuerdo de Gobierno, ya tiene proyecto de presupuestos.
Las cuentas del Ejecutivo regional que preside la popular María Guardiola se aprobarán el próximo 30 de junio. Las distintas consejerías de aquella baronesa popular ya están avanzando qué van a financiar más y qué menos para este 2026, ejercicio que regularán esos presupuestos. Por lo que ha dicho en los últimos días el vicepresidente de la Junta, y consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia -puesto creado a medida como parte del acuerdo entre PP y Vox-, Óscar Fernández Calle, la prioridad nacional estará muy presente en ellos.
El líder de la ultraderecha en la región lo dejó muy claro. Una vez que presentó en la Comisión de Hacienda de la Asamblea lo que su departamento hará con las cuentas, dijo: “Hemos recuperado la prioridad. La solidaridad no consiste en olvidarse de los propios para poner primero a los que acaban de llegar”. Y con esta frase, Fernández Calle defendió que sus presupuestos van a incluir un recorte sin precedentes a las ONG que trabajan con las personas migrantes.
Los recortes de Vox en Extremadura: migrantes, educación contra el odio y cooperación
Y el motivo es claro: porque el compromiso de Gobierno que firmaron PP y Vox para hacer presidenta a Guardiola, así lo exige. El texto que ambas formaciones firmaron el pasado mes de abril fue claro: “Se suprimirán todas las subvenciones, ayudas, convenios y conciertos con ONGs u otras entidades que participen directa o indirectamente en la promoción, facilitación o sostenimiento de la inmigración ilegal”, dice el acuerdo.
El plazo para ello era “desde el primer presupuesto”, y ahora que ya está al caer se puede comprobar qué es lo que entiende la ultraderecha por organizaciones “que favorezcan la inmigración ilegal”. Las cuentas del área del líder de Vox incluyen recortes o la supresión total de las subvenciones nominativas que se dedicaban a programas de inmigración, o a asesorar a extranjeros. Una de las damnificadas por la ‘tijera’ de la ultraderecha es Accem, una ONG española que se dedica a proteger los derechos fundamentales, acoger y acompañar a las personas refugiadas, migrantes y en situación o riesgo de exclusión social. En la región, esta entidad gestiona el centro de acogida de refugiados de Mérida. Otras como Cepaim o Progestión también se quedarán sin las ayudas de la Junta para llevar a cabo su labor.
Fernández Calle justificó este recorte sin precedentes en los mismos términos que aparecen en el acuerdo en el que el PP los facilitó. El ultra dijo negro sobre blanco que su consejería no quiere seguir “financiando estructuras ligadas a la inmigración ilegal y descontrolada”, y llegó a comparar lo que cuesta mantener las residencias de mayores de la región con la plaza de un menor migrante no acompañado. “La solidaridad no puede convertirse en la coartada ideológica y el negocio que hace de esto su modo de vida”, dijo.
El líder de Vox defendió así unos recortes a las redes de apoyo contra los que la Iglesia y las ONG estudian protestas. Pero no se quedan ahí, pues el proyecto que defendió Fernández Calle incluye, además, la liquidación de una ayuda con la que organizaciones sociales trabajan en los colegios “para que el sistema de valores sea un sistema que haga de muro de contención a los discursos de odio”, la línea de educación para la ciudadanía global.
Las cuentas de su consejería contemplan también un recorte del 92% a las políticas de cooperación al desarrollo. El presupuesto para estas queda en apenas 987.000 euros, culminando así el desplome desde que la ultraderecha entró en la Junta, en 2023. Entonces ya hubo un tijeretazo a la partida de la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AEXCID) hasta los 9,4 millones de euros, casi tres y medio menos que en el presupuesto anterior, cuando Extremadura era la tercera comunidad en España que más destinaba a solidaridad internacional con respecto a su PIB. Ahora, será la última.
Extremadura se sube al carro de Ayuso y la Fundación Toro de Lidia
Todo este dinero que quedará sin gastar tras los recortes en solidaridad, cooperación y educación, ya tienen destino. La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, que dirige el también de Vox Juan José García, ha incluido en su proyecto de cuentas un aumento de casi el 500% en ayudas a la tauromaquia. Los espectáculos taurinos en Extremadura pasarán por contar con una financiación autonómica de apenas 297.500 euros a más de 1,78 millones.
Lo interesante es quién se va a beneficiar, fundamentalmente, de esta subida. La Fundación Toro de Lidia, que los propios profesionales del sector califican como una “patronal de especulación”, y que ha sido condenada por encubrir subvenciones en convenios con el Gobierno madrileño de Isabel Díaz Ayuso, recibirá un trasvase de 700.000 euros en Extremadura, para organizar circuitos de novilladas. Además, la consejería de ultraderecha avanzará en blindar los festejos taurinos como bien de interés cultural (BIC).
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