El Parlamento de Cantabria ha aprobado este lunes la Ley de Simplificación Administrativa regional con los votos favorables del Partido Popular y Vox, también del diputado no adscrito Cristóbal Palacio, y el rechazo de socialistas y regionalistas. La norma entrará en vigor en una semana.
Durante el debate, PP y Vox, que hace semanas llegaron a un acuerdo para sacar adelante la ley con las enmiendas introducidas por ambos, han defendido que se trata de una norma "necesaria" que va "hacer la vida más fácil a los ciudadanos. A la contra, desde el PRC y el PSOE sostienen que se trata de una "mala" ley, que, a su juicio es "de desregulación, no de simplificación", y abre la puerta a la "especulación urbanística".
La ley recoge la aprobación de un plan de simplificación con medidas concretas en medio año y da un plazo de tres meses al Gobierno cántabro de María José Sáenz de Buruaga para revisar los silencios con el objetivo de transformarlos en positivos, así como la creación de un grupo de trabajo de simplificación o la emisión de informes anuales sobre si las administraciones simplifican o no.
La consejera de Presidencia y Simplificación Administrativa, Isabel Urrutia (PP), ha destacado que se trata de una ley que ha contado con la "contribución" del Parlamento para "mejorarla" y cuyo objetivo es "hacer la vida más fácil a los ciudadanos en su relación con la Administración", al establecer el deber general de simplificar y eliminar burocracia y trámites innecesarios.
Dan así "un paso de gigante" en el "empeño" del Gobierno regional de "convertir a Cantabria en una de las comunidades autónomas con menos burocracia de España", que "permitirá no solo mejorar la gestión pública, sino también fortalecer el desarrollo económico y social de la comunidad en beneficio de todos los ciudadanos": "Hemos llegado a los últimos, pero tenemos la mejor ley", ha aseverado la consejera, que ha puesto en valor que el Ejecutivo autonómico ha hecho en "tiempo récord, 12 meses, un texto para la ley, que "nace de la sociedad, de las aportaciones de los sectores económicos, sociales y profesionales de Cantabria".
Según ha explicado, ese deber general de simplificación lleva aparejada la disminución de trámites y cargas, con reducción de los plazos de resolución y eliminación de documentación; la generalización del silencio positivo, o la obligación de todos los procedimientos de la utilización de la declaración responsable, con un régimen sancionador que llega hasta los 900.000 euros.
"Esta ley elimina trámites, no requisitos, reduce la burocracia, no pide al ciudadano lo que ya tiene la Administración, crea la carpeta ciudadana y la empresarial, establece la plataforma de datos, impone la interoperabilidad y hace una gran apuesta por la digitalización y la inteligencia artificial, permite y fomenta el pago por aplicaciones móviles", ha defendido.
En cuanto al uso de los Proyectos Singulares de Interés Regional (PSIR) para construir viviendas, como recoge esta norma, la consejera ha apostado por la colaboración público-privada para "defender el interés general y solucionar el problema de vivienda protegida y libre" en la comunidad autónoma, recordando que "la construcción de 70 viviendas libres garantiza al menos 30 protegidas".
También ha destacado que la normativa recoge la reducción de los tiempos de resolución del procedimiento de reconocimiento de familia monoparental, así como el reconocimiento de la discapacidad, otorgado de forma automática por grado de dependencia, reduciendo además los tiempos de espera.
En la misma línea, la portavoz de Vox, Leticia Díaz, ha manifestado que hoy es un día "importante" para Cantabria por aprobar en el Pleno una reforma "absolutamente imprescindible" y "necesaria" para la comunidad autónoma. Según ha señalado, ella misma ha sido "una de las personas más críticas" con aquellas cosas que, a su juicio, "había que mejorar" e introducir en la norma, que "ha de estar permanentemente activa porque los cambios que hay que introducir son muchos". Así, ha indicado que las enmiendas de Vox introducidas en la ley son "garantistas" y "muy exigentes" en relación con las obligaciones y los plazos.
La oposición aboga por "una buena Ley Ómnibus"
Sin embargo, los regionalistas y los socialistas creen que esta ley "era necesaria" pero consideran que, tal y como se ha aprobado, "no cumple con las expectativas". Además, señalan que ha sido "participada" pero no "consensuada" y creen que "anuncia la simplificación, pero no la va a ejecutar".
"No a la ley de simplificación de Vox y a la ley de especulación urbanística, de riesgos ambientales, de desigualdad entre trabajadores, de trilerismo normativo del consejero Media -consejero de Fomento-", ha manifestado el portavoz del PRC, Pedro Hernando, que ha reiterado que se trata de "una buena ley ómnibus".
A su juicio, esta normativa "se salta todos los trámites legales para hacer las reformas necesarias, cambia 24 leyes y 22 decretos sin informes preceptivos y pudiera llegar a ser inconstitucional en alguno de sus artículos, como la modificación del Plan de Ordenación del Litoral o el decreto de modificación del plan de usos del Parque de Oyambre, y con la que el PP pretende construir vivienda libre en suelo rústico".
Asimismo, asegura que esta norma "castiga a los municipios sin dotarles de medios para hacer efectivo su control, la inspección y la gestión que ahora se multiplica". El portavoz ha cuestionado la ley porque de 97 artículos "se han modificado 60". "Era una trágala para meter los temas de la vivienda libre", ha opinado.
Del mismo modo, desde el PSOE han reiterado que comparten la "necesidad" de que Cantabria cuente con una norma de simplificación, pero "no con esta" porque se trata de "una ley de desregulación" pero no de "reducción de cargas administrativas".
El diputado Mario Iglesias también ha señalado que el Gobierno de Cantabria critique la 'ley ómnibus' nacional pero luego haya hecho lo mismo en esta. Además, ha lamentado que, tras rechazarse su enmienda a la totalidad contra esta norma, las enmiendas parciales del PSOE tampoco hayan sido aceptadas en su mayoría. "Esta ley es histórica, pero históricamente mala", ha opinado Iglesias, para quien se trata de "una oportunidad perdida para la simplificación real".