Las más de doscientas víctimas causadas por la DANA y las miles de vidas arruinadas por la pérdida de viviendas, vehículos y otros enseres personales han abierto un debate en torno a la gestión de las zonas inundables, el mantenimiento de barrancos y ramblas y otra serie de actuaciones que la política solo parece atender una vez ha sucedido la catástrofe. La especulación y la construcción, en definitiva el negocio, siempre gana terreno a la seguridad y el 29 de octubre, día del temporal, Partido Popular (PP) y Vox se encumbraron como los defensores de este proceder.

La Comisión de Justicia, Gobernación y Administración Local de la Generalitat Valenciana se reunía aquel martes para tomar una importante decisión en materia de construcción. El Gobierno de Carlos Mazón había impulsado ya un decreto ley para permitir construir hoteles en primera línea de playa, a 100 metros y en suelos no urbanizables. Así, quedaba invalidada la normativa del Consell del Botànic, que establecía un mínimo de 500 metros. A priori, hasta Vox se mostraba en contra y aseguraba que “no habría hoteles en las orillas de las playas” de la Comunidad Valenciana.

“El cuidado de nuestro medio ambiente y la creación de oportunidades en la economía valenciana deben ir de la mano, y es que en Vox creemos, y estamos convencidos, que la protección del medio ambiente y el desarrollo social y económico son perfectamente compatibles”, recitaba David Muñoz, diputado de la ultraderecha, en su intervención inicial recogida en el diario de sesiones. “Señores del PP, desarrollo económico, sí; pero no así, o no a cualquier precio”, continuaba, oponiéndose al límite de 100 metros e instando “controlar la densidad de la edificación y contar siempre con la intervención paisajística”.

Treinta minutos después, tras suspender momentáneamente la sesión y mantener una conversación PP y Vox, el emisor de tales palabras rectificaba. “Yo no he dicho que no habrá hoteles en la costa, he dicho en la orilla de la playa, para empezar”, justificaba pasar a aceptar el incremento de 100 a 200 metros. Esa es la distancia de la costa que finalmente concretaron las derechas para poder construir hoteles en suelo no urbanizable y seguir adelante con el Plan Simplifica de Mazón, que se aprobará la próxima semana.

La portavoz adjunta del PP, Laura Chulià, defendía haber “duplicado” la distancia del proyecto inicial, incluso catalogándola de una cesión en pro de la negociación. “El urbanismo no solo es la especulación por la especulación. El urbanismo ha traído épocas en las que había especulación, pero no necesariamente tiene que ser especular”, se sumaba el miembro de Vox a la defensa de los grandes constructores. Sin embargo, desde la izquierda mostraban incredulidad ante la filigrana de Vox para justificar el apoyo final y denunciaban las pretensiones de la norma.

“Ha habido una especie de mercadeo persa”, denunciaba el portavoz socialista, Ramón Abad. “Recomendaría al señor Muñoz que alguien de su partido le hubiera avisado para evitar hacer el ridículo monumental que ha hecho”, continuaba con sorna, recordando su primera intervención. “Parece ser que en la habitación de al lado alguien estaba firmando un acuerdo, alguien de su partido estaba firmando un acuerdo con el Partido Popular donde sí que habrá hoteles a 200 metros Oiga, ¿a 100 metros, no, y a 200 metros, sí?”, zanjaba el del PSPV.

Malestar en el resto de formaciones

La reducción de 500 a 100 metros ya había llegado por sorpresa, dado que fue incluida en un decreto ley de 187 páginas para la simplificación administrativa que sacaron adelante PP y Vox, en su última votación en común después de la ruptura del Gobierno de coalición. Un texto que modificaba o eliminaba más de 500 artículos de normas, una treintena de leyes, otros tantos decretos y casi una decena de órdenes. Lo que afecta concretamente a la construcción cerca del litoral es la modificación de la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje (LOTUP).

Los socialistas valencianos (PSPV) consideran la modificación un intento por “depredar el territorio” para “permitir que se pueda construir al lado de la costa como en la época de la burbuja inmobiliaria”. En la misma línea, desde Compromís consideran que esta actuación es un “retroceso en la normativa urbanística. “Da barra libre a los fondos buitre que están llenando a nuestro territorio de plantas fotovoltaicas”, lamentaba Jesús Pla, diputado de la formación.