Las oposiciones de Enfermería en el Servicio Extremeño de Salud (SES) se celebrarán el próximo 28 de febrero en Cáceres y Badajoz, pero no sin polémica. Según publicaba esta semana elDiario, una alto cargo del PP en la Sanidad extremeña aspira a una de las plazas en unas pruebas cuyo tribunal ha sido designado por su jefe directo, el gerente del SES, Jesús Vilés.
En concreto, se trata de la gerente del área de salud de Cáceres, Encarnación Solís, alto cargo en el Gobierno de María Guardiola y concejala del PP en Cáceres. En su trabajo como cargo de confianza, se encarga de dirigir y coordinar los recursos asistenciales de la sanidad pública en atención primaria y especializada en la zona de Cáceres capital y su entorno, donde residen cerca de 187.000 extremeños, según datos de 2022 publicados en la web oficial. Profesionales de esta área han manifestado su malestar ante la situación, llegando a cuestionar la transparencia del procedimiento. Solís es diplomada en Enfermería por la Universidad de Extremadura desde 2008 y ha desarrollado la mayor parte de su carrera en el Servicio Extremeño de Salud (SES), tal y como recoge la web del Ayuntamiento de Cáceres. En su carrera profesional se ha desempeñado como enfermera quirúrgica en el Complejo Hospitalario de Cáceres y en 2017 se afilió al Partido Popular (PP), formación en la que ha asumido responsabilidades tanto a nivel local como regional.
Tras las elecciones autonómicas y municipales de 2023, obtuvo acta como concejala en el Ayuntamiento de Cáceres, donde dirige las áreas de Servicios Sociales, Mujer, Igualdad y LGTBI, funciones que compatibiliza con la Gerencia del SES desde ese mismo año, coincidiendo con la llegada del PP de María Guardiola al Ejecutivo extremeño. En la actualidad, aspira a conseguir una plaza fija como enfermera por el turno libre en el concurso-oposición convocado por el SES. De las 569 plazas ofertadas, 497 corresponden a este turno, en el que compite la actual gerente a pesar de que el tribunal es de designación directa de su superior.
Tiene derecho... pero hay debate moral
El derecho de Encarnación Solís para presentarse a esta oposición es evidente e incuestionable, pero su participación ha abierto un debate ético a vista de la composición y designación del tribunal de evaluación. El secretario regional del sector de Salud de UGT-Servicios Públicos, Felipe Bachiller, en conversaciones con el citado medio, reconoce su derecho a optar a una plaza pública, pero cuestiona la falta de ejemplaridad al presentarse a un proceso convocado por el mismo organismo en cuya estructura directiva ocupa un puesto de responsabilidad. Bachiller pone el foco en que el hecho de que el examen pueda ser evaluado por un superior o un subordinado "puede influir, para bien o para mal, en función de las relaciones personales", por lo que lo considera un "asunto político".
Del mismo modo, el secretario de UGT-SP recuerda, no obstante, que no es la primera vez que se produce una situación similar, en la que alguien aspira a una plaza pública mientras ocupa un cargo que podría situarlo como juez y parte. Entre los precedentes citados por Bachiller se encuentra el de la consejera de Sanidad durante la primera legislatura (2007-2011) de Guillermo Fernández Vara, María Jesús Mejuto, médica de profesión que se presentó a unas oposiciones de cirugía general y del aparato digestivo. Aquella convocatoria se publicó en junio de 2011, tras la derrota electoral del PSOE frente al PP de José Antonio Monago, cuando ejercía como consejera en funciones, y las pruebas se celebraron en 2013, cuando Mejuto ya no tenía responsabilidades políticas, y obtuvo la máxima calificación, que fue anulada por un SES bajo el PP para que se examinara ante un nuevo tribunal. Tras recurrir a los tribunales, la justicia le dio la razón en 2016 y no fue hasta 2017, seis años después de la oposición, cuando pudo tomar posesión de su plaza como funcionaria.
A raíz de aquel episodio, el PSOE aprobó un reglamento interno que obligaba a los altos cargos y personal de confianza, incluidos asesores, a renunciar a sus puestos o ser cesados si decidían presentarse a procesos selectivos de empleo público, estuvieran o no vinculados con sus funciones.