Los claroscuros en la gestión de Carlos Mazón sobre la DANA continúan dando de qué hablar. Es sabido que en el mes que ha pasado desde la catástrofe natural, el presidente de la Generalitat Valenciana, en aras de la reconstrucción, ha concedido contratos, que en su montante alcanzan millones de euros, a empresas vinculadas con la trama Gürtel y, a su vez, creando vínculos con el entorno de Eduardo Zaplana.

Al margen de sus cambios internos en el Consell -que se integran en el rendimiento de cuentas ante el Parlament valenciano, el cese de las ya exconselleras Nuria Montes y Salomé Pradas, y el nombramiento de dos militares en su Ejecutiva-, lo cierto es que Mazón ha ido adjudicando sendos contratos con valores que superan al millón a empresas vinculadas con la mencionada trama que nación del seno del Partido Popular.

Prueba de ello, y de los vínculos que fácilmente se relacionan con el expresidente Zaplana -quien fuera condenado a diez años de cárcel-, se encuentran, entre los recientes fichajes de Mazón, el de Marian Cano -hija de Bernabé Cano, alcalde de La Nucía y salpicado por sus relaciones con la Gürtel- al frente de Innovación, Comercio y Turismo; así como los de otros discípulos como Susana Camarero, Miguel Barrachina o José Antonio Rovira.

Empresarios de la Gürtel, en la hoja de ruta de Mazón

Cabe repasar a su vez las acciones a nivel adjudicatario acometidas en las últimas semanas por el presidente valenciano tras la DANA. Así, la Generalitat ha concedido varios de los contratos de las obras de reconstrucción de las zonas afectadas a entidades vinculadas con la Gürtel.

Una de ellas, apunta al conseller de Infraestructuras, Vicente Martínez Mus, quien adjudicó 4,2 millones de euros a dedo a la constructora alicantina CHM Obras e Infraestructuras S.A. Asimismo, Francisco Javier Martínez Berna, fue condenado en el marco de la trama de corrupción que golpeó al PP a un año y nueve meses de prisión por dos delitos electorales respecto de las elecciones autonómicas y municipales de 2007 de Rita Barberá y por un tercero de falsedad documental. A la misma empresa, también se le hizo responsable de las obras de la carretera CV-36, mientras que las del tramo de Cheste de la CV-50 cayeron del lado de Becsa S.A., dirigida por Gabriel Alberto Batalla Reigada, confesor de delitos electorales y de falsedad documental. A Becsa también se le ha otorgado la reconstrucción de una presa dañada y varias carreteras por más de 1,5 millones de euros.

También la Sociedad de Agricultores de la Vega (SAV), que abonó 300.000 euros a la Caja B de Barberá entre 2006 y 2007, recibió contratos que superan los 9,5 millones de euros para obras en Pinedo y en infraestructuras de EPSAR en Algemesí, Albalat, l’Alcudia y Carlet.

La última de Mazón por medio del teniente Gan Pampols

La última novedad que se suma a los movimientos de la Generalitat en clave de reconstrucción de Valencia se centra en el fichaje de Vicente Ferrer, un militar de las Fuerzas Armadas que fue condenado por conducir ebrio en 2012, lo que le costó una pena de ocho meses sin permiso de conducir y delito que cometió cuando era diputado del PP en el Congreso.

Ahora, este hombre, vinculado a su vez a Zaplana y habiendo ostentado cargos de vicepresidente de la Diputación de Valencia -antes de su etapa como diputado nacional-, ha sido fichado recientemente por el teniente general Gan Pampols, ahora vicepresidente de la Reconstrucción de Valencia tras la DANA.