La Generalitat Valenciana ha adjudicado el mayor contrato hasta el momento para tareas de reconstrucción tras la DANA a una serie de empresas entre las que aparece Urbaser -las otras dos son Prezero y Paprec-, una vieja conocida del Ayuntamiento de Madrid y, más en concreto, del polémico cantón de Montecarmelo, al que los vecinos de la ciudad llevan años oponiéndose.
Por partes, el Consell valenciano ha cerrado el acuerdo con las firmas mencionadas por valor de 178,9 millones de euros, lo que le convierte en el contrato que mayor desembolso ha supuesto al gobierno de Carlos Mazón para revocar en la medida de lo posible los daños materiales ocasionados por el temporal del pasado 29 de octubre. Cada una de las compañías percibirá la misma cantidad: un montante de 59,65 millones de euros.
Relación con el Ayuntamiento de Madrid
La empresa se ha llevado varios contratos del consistorio de José Luis Martínez-Almeida en materia de limpieza, entre ellos uno de los lotes del proceso por el cual Cibeles planteó la colocación de cantones en varios puntos de Madrid. Hay que remontarse a 2021, cuando la administración del PP adjudicó el lote 3 de un nuevo acuerdo de limpieza, que abarcaba el distrito de Fuencarral-El Pardo. Este lote incluía la edificación de dos cantones de limpieza en los PAUs de Montecarmelo y Las Tablas, junto a una base del SELUR en Arroyo del Fresno; en Mirasierra.
El proceso del cantón y la base del SELUR ha seguido adelante con el paso de los años a pesar de las férreas protestas de los vecinos y de la oposición en su conjunto, tal y como quedaba (más) patente hace cosa de una semana, cuando incluso Vox -además de la izquierda- se pronunció en contra de la propuesta que centra la controversia del distrito.
En ese momento, varias entidades recordaron en Cibeles un acuerdo con el que proponían cambiar la ubicación del cantón a una parcela del distrito situada a las afueras del área planteada, donde no haya colegios, viviendas y guarderías. "Los vecinos y vecinas responden con este acuerdo a la demanda del concejal de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, quien afirmó en la comisión de este área del pasado 17 de febrero que estaría dispuesto a escuchar alternativas de posibles ubicaciones (entre las que se encuentra la parcela ED1 del Distrito Fuencarral-El Pardo, que le presentaran del resto de partidos políticos municipales, así como de los vecinos”, algo que, lamentan, el delegado del Área de Gobierno de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad en el Ayuntamiento.
Durante las últimas semanas, los organismos afectados pidieron al Ayuntamiento la reubicación del cantón en esta zona industrial, tal y como emitió la Federación de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM) en un comunicado pero, tal y como se ha señalado unas líneas más arriba, la mayoría ‘popular’ lo desestima.
Los contratos de la DANA vinculados al PP
Entretanto, hasta el contrato mencionado en el presente artículo, la administración de Mazón había repartido 241,5 millones para la reconstrucción tras la DANA, la mayoría de ellos aplicados en contratos de emergencia por el procedimiento ‘de urgencia’ y a compañías de algún modo vinculadas al PP.
En el desglose, la Generalitat dio 578.512 euros a una firma dirigida, por ejemplo, por el excoordinador de campaña de Alberto Núñez Feijóo y exiministro de Fomento, Íñigo de la Serna; o 290.000 al jefe de comunicación del responsable valenciano.
Asimismo, el PP de la Generalitat destinó 9,5 millones de euros a una constructora ligada a un empresario condenado por la trama Gürtel. Según pudo comprobar el diario El País, la rúbrica se formalizó por el procedimiento de urgencia por medio de la Consejería de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio del ejecutivo valenciano y la destinataria fue CHM Obras e Infraestructuras SA. La compañía guarda relación con el expresidente de la patronal alicantina Coepa Rafael Martínez Berna.
Manteniendo esta senda, Ocide -que, según el sumario del caso Azud, pagó presuntas mordidas al cuñado de Rita Barberá y uno de los principales investigados en la causa, José María Corbín- recibió 15,6 millones de la Generalitat para tareas de reparación después del temporal.
Igualmente, Becsa, de la que es accionista el empresario catellanoleonense Gabriel Alberto Batalla, percibió 14,6. Este último fue también condenado en el marco de la Gürtel, pero a un año y nueve meses de cárcel, por dos delitos relativos a los comicios autonómicos y municipales de 2007 y un tercero de falsedad documental.
Otra constructora que da forma a la abultada lista es CHM infraestucturas, cuyo presidente, Francisco Javier Martínez Berna, asumió la misma pena en la causa por financiación ilegal del PP valenciano. El desembolso fue de 14,3 millones de euros. Y la lista engorda hasta los más de 240 millones de euros,