Un juzgado de Arganda del Rey (Madrid) había citado a declarar este martes como imputada a la jefa de servicio del hospital Gregorio Marañó después de que Carlos Mur, María Teresa Vidán Astaiz.
Iba a ser la primera vez que iba a hablar previsiblemente en un juzgado. La anterior ocasión, coincidiendo con el señalamiento del que fuera alto cargo de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, fue suspendida debido a un error en el apellido.
Sin embargo, dicha declaración finalmente no se producirá después de que ella misma solicitara su suspensión, entienden las víctimas, “para preparar su declaración como investigada”. Las asociaciones no escapaban a la indignación de las asociaciones que llevan años persiguiendo esta justicia. “Esta declaración estaba señalada desde abril, y en su momento ya se suspendió porque constaba mal escrito el apellido de la doctora”, han recordado.
“Es inaudito que, de nuevo, las maniobras dilatorias de los investigados consigan retrasar la acción de la justicia consiguiendo esquivar que se les investigue hace más de seis años”, deslizaba Marea de Residencias, con nombres como el de el propio Mur, Antonio Burgueño, o Francisco Martínez Peromingo, cuyas declaraciones en su día también se suspendió.
En su caso ocurrió frente al que iba a ser un hecho histórico en tanto en cuanto era la primera vez en cinco años que un juzgado interrogaba como imputados a responsables políticos de la crisis en los geriátricos, que se rigieron por un sistema especial por el que se desarrollaron miles de hospitalizaciones. Finalmente terminarían declarando. “La sensación de impunidad es cada vez más evidente e indignante”, emiten aún.
Las víctimas responden igual que entonces a ElPlural.com sobre la información de la que disponen de la doctora que debería haber hablado en sede judicial este martes. “Lo que dijo de ella Carlos Mur”, se limitan a decir nuevamente ahora. Así, de la protagonista de estas líneas solo se conoce lo que aparece en los portales oficiales como su Linkedin y la Universidad Complutense de Madrid, donde figura como “profesora asociada”. También en algún vídeo de Youtube.
Es inaudito que, de nuevo, las maniobras dilatorias de los investigados consigan retrasar la acción de la justicia
Lo que interesa en el ‘caso residencias’ es que Mur la señaló como redactora de los documentos que impidieron la derivación de mayores a centros hospitalarios en lo peor de la pandemia del Covid. “Sí, yo firmé el protocolo inicial, como aval técnico y validación para dar apoyo a los profesionales en la toma de decisiones. Era un protocolo que había sido presentado inicialmente por una geriatra experta como la doctora Vidán”, señaló.
“El Protocolo de la Vergüenza fue firmado por Carlos Mur, entonces director de Coordinación Sociosanitaria de la Comunidad de Madrid. Sin embargo, en diversas declaraciones judiciales, Mur ha señalado que la redactora del documento fue Vidán Astiz”, señalan las víctimas entorno a esa acusación del firmante de los documentos.
El procedimiento de Arganda del Rey es uno de los que se pusieron en marcha después de que, en octubre de 2024, 109 familiares de víctimas de residencias presentaran una denuncia colectiva por el delito de denegación discriminatoria de la prestación sanitaria, castigado en el artículo 511 del Código Penal, contra diversos altos cargos del Gobierno de Ayuso.
Los tres ex altos cargos anteriormente mencionados están imputados, lo mismo que Antonio Burgueño, a quien Ayuso nombró como asesor cuando estalló la pandemia y que se encargó de elaborar un Plan de Acción contra el covid. A ellos se suma ahora María Teresa Vidán Astiz.
Delito de prevaricación
Por su parte, Marea de Residencias y 7.291, Verdad y Justicia, han presentado la ampliación de la denuncia o querella inicial en 60 Juzgados. Al delito de denegación discriminatoria de la prestación sanitaria suman ahora el delito de prevaricación.
“Las declaraciones prestadas ya en varios Juzgados por Mur y por Peromingo han servido de base para dicha ampliación de denuncia. Las versiones de ambos son completamente contradictorias en relación con los criterios de no derivación establecidos en las versiones del Protocolo aprobadas los días 18 y 20 de marzo. Peromingo sostiene que las consideraban “discriminatorias” y que así se lo hicieron saber a Mur. Por su parte, Mur mantiene que él se limitó a firmar los documentos, pero que no compartía parte de su contenido”, apuntalan.
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