Las víctimas de las residencias de mayores de la Comunidad de Madrid cargan contra el nuevo Plan Residencial 40-40 que plantea la región de Isabel Díaz Ayuso y que, en palabras del Ejecutivo madrileño, plantea la creación de 40 nuevas residencias y otros 40 centros de día en toda la Autonomía, los cuales contarán con 8.000 nuevas plazas, 300 viviendas integradas y más capacidades tecnológicas.
Suena bien pero, si se atiende a la letra pequeña, las asociaciones señalan que es una manera de convertir los geriátricos en una suerte de “cajón de sastre” en los que “conviven personas mayores, personas dependientes, personas que no tienen hogar o personas que tienen algún tipo de problema mental”.
Carmen López, responsable de Marea de Residencias, una de las plataformas mayoritarias que llevan años persiguiendo justicia para las 7291 personas que fallecieron como consecuencia de los conocidos como ‘protocolos de la vergüenza’ que impidieron el traslado de mayores de sus centros a hospitales, da su opinión a ElPlural.com sobre el nuevo anuncio de la administración Sol en materia de residencias a las pocas horas de producirse.
López afea que el Ejecutivo regional “tiene 25 residencias solamente de gestión directa y que las están deteriorando a marchas forzadas porque parece no saben gestionar lo público, ni les gusta hacerlo”. “Son derechos de las personas, derechos humanos que se deben gestionar mediante servicios públicos; y son derechos sociales que, sin embargo, se los venden a empresas privadas”.
"Suelo gratuito a las empresas"
En resumen, este nuevo ejercicio de privatización “no es precisamente lo más apropiado para gestionar residencias, en las que viven personas que necesitan cuidados y que son vulnerables”. Además, el modelo y un anuncio a bombo y platillo choca frontalmente con la realidad que atraviesa la gestión de las residencias, y es que seis años después de los documentos que truncaron la vida a muchas personas, la actualidad sigue dejando que desear.
“Es todo. Es el mantenimiento de las instalaciones, es la supervisión, e incluso el tipo de personas que entran, porque no hay servicios para personas de otro tipo de vulnerabilidad que no sea la dependencia”, apuntala.
Por su parte, María Jesús Valero, de la plataforma 7.291 verdad y justicia también se opone a la construcción de residencias que no sean 100% públicas. "La Comunidad de Madrid pretende dar una imagen de que va a construir 40 residencias; la realidad es que va a ofrecer suelo gratuito a las empresas en una construcción rápida y por módulos".
"Las personas que estén en lista de espera para una reisdencia pública 100% pensamos que van a terminar favoreciendo sin ellas quererlo a la empresa privada", apostilla. "El lucro será exacerbado"
"Después de haber convertido las residencias en auténticas ratoneras"
Alejandra Jacinto, ahora abogada de las víctimas y que en su día disputo la presidencia a Ayuso en representación de Podemos, también ha criticado en las últimas horas que la baronesa presente su “plan de residencias” seis años después de “haber convertido las residencias en auténticas ratoneras donde abandonaron a su suerte a 7.291 personas mayores”. “Y lo hace sin ningún tipo de pudor ni vergüenza. Es inaudito”.
A nivel político, la idea de Ayuso no ha sentado bien en ningún partido de la oposición. Más Madrid lo ha equiparado a “como si una tabacalera se estuviera encargando de erradicar el cáncer de pulmón”, en palabras de su portavoz en la Asamblea, Manuela Bergerot.
Por su parte, la portavoz del PSOE de Madrid (PSOE-M), Mar Espinar, ha hablado de “desmantelamiento” de estos centros y servicios públicos, mientras recordaba a Ayuso la “deuda” que, dice, tiene desde hace años con las personas mayores. “(Entonces) se puso en evidencia que no se hizo bien, que no estaban bien cuidados (…) Tenemos las residencias sin medicalizar, tenemos problemas con los menús, con los trabajadores que siguen viviendo con retrasos en sus nóminas, etc”, indicaba al hacerse público el anuncio del modelo 40-40.
Incluso Vox discrepa
Lo cierto es que el plan del PP no ha sentado bien ni siquiera a Vox, que en Madrid mantiene una relación con los ‘populares’ un tanto extraña, con una Ayuso que se aprovecha de su mayoría absoluta para entrar incluso en el cuerpo a cuerpo con la ultraderecha, que tan necesaria viene siendo en los últimos años y, de nuevo, ahora con los pactos en Extremadura, Aragón y Castilla y León.
Ayuso intenta desvincularse de las tesis de los de Santiago Abascal, mientras lleva a cabo medidas que, en palabras de la izquierda, se asemejan más a una posición radical que conservadora. En todo caso, el último choque con su propio partido ha venido propiciado por la calificada por Vox como “prioridad nacional”; un eufemismo que trae de cabeza a los ‘populares’ y que la lideresa regional no dudó en tachar de ilegal.
Respecto del modelo de residencias, Vox ha vuelto a criticar una medida del PP. Su portavoz en el parlamento madrileño, Isabel Pérez Moñino, indica que “queda un año para la campaña electoral” y asevera que “poco análisis político” puede hacer su formación porque “una vez más la opacidad caracteriza” al PP.
Desde el equipo de Ayuso defienden, en el tono habitual de todo cuanto presenta el Gobierno de la Comunidad de Madrid, que estamos ante el “proyecto más grande” jamás visto en la región en materia de residencias.