El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) paraliza momentáneamente el derribo del mítico edificio del Baobad de Lavapiés. Concretamente, el tribunal ha acordado la suspensión cautelar de la acción sobre los inmuebles situados en los números 1 y 3 de la calle Cabestreros, donde se ubicaba este espacio.
La Justicia procede de esta manera después de estimar la solicitud presentada por el Grupo Municipal Socialista en el Consistorio, en el marco de un recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la resolución de la Dirección General de Patrimonio Cultural y Oficina del español de la Comunidad de Madrid.
La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, celebra que “la decisión judicial evita de manera inmediata la demolición de unos edificios que forman parte del tejido histórico tradicional de Lavapiés y cuya desaparición habría supuesto un daño irreversible para el patrimonio cultural madrileño”.
El recurso del PSOE, indica el partido en un comunicado, pretende impugnar la resolución firmada el 22 de mayo de 2026 por el director general de Patrimonio Cultural y Oficina del español, por la que se acordó el levantamiento de la suspensión cautelar de las actuaciones que pudieran afectar a los inmuebles y se autorizó la continuación de los trabajos amparados por la licencia de demolición.
La formación que en el Consistorio capitanea Reyes Maroto se apoya en un informe pericial que acredita la existencia de elementos históricos, arquitectónicos, documentales, tipológicos y ambientales en ambos inmuebles y, asegura, cuestiona los argumentos utilizados por la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid para autorizar la reanudación de las obras de derribo.
Valor histórico
Antonio Giraldo, concejal de Urbanismo del Grupo Municipal socialista destaca el trabajo del partido en la oposición “con profesionales de patrimonio de la arquitectura y de la historia”, así como con entidades ciudadanas dedicadas a la defensa del patrimonio madrileño, que venían advirtiendo de que los inmuebles “podrían corresponder, con altísima probabilidad, a edificios originales del siglo XVII”.
El portavoz ha explicado que para solicitar las medidas cautelarísimas, el Grupo Municipal encargó “un informe pericial firmado por un doctor en Arquitectura” que, rebate, según defiende Giraldo, la resolución de la administración madrileña.
Al margen, el PSOE se alegra de que el TSJM “haya admitido el informe pericial y de que ahora se pueda dirimir en sede judicial el valor de los inmuebles”. “Toda pelea es poca para preservar el patrimonio madrileño”, defiende.
Haciendo hincapié en el informe, señala que éste pone de manifiesto que los edificios conservan elementos característicos de la arquitectura histórica madrileña y que su presencia aparece documentada en algunas de las principales fuentes históricas de la ciudad, partiendo algunas de ellas de 1656 con el plano de Teixeira. En la misma línea, destaca que los inmuebles se encuentran entro del ámbito de dos Bienes de Interés Cultural como son el Conjunto Histórico del Recinto de la Villa de Madrid y la Zona Arqueológica del Recinto Histórico.
"Incomprensible" la decisión del Ayuntamiento
La resolución del Tribunal supone, en palabras del PSOE M, un importante respaldo al principio de precaución en materia de protección patrimonial, en tanto en cuanto reconoce la necesidad de preservar los inmuebles a la vez que se resuelve el procedimiento judicial sobre el fondo del asunto.
“Valoramos una decisión que permite evitar un daño irreparable al patrimonio histórico de Madrid y garantizar que el debate sobre el futuro de estos edificios pueda resolverse con todas las garantías jurídicas y técnicas”, ha aseverado Maroto.
Asimismo, ha denunciado que el modelo urbanístico impulsado por el equipo de Almeida para este sitio histórico de Lavapiés es “incomprensible”. “Ha permitido la desaparición de dos inmuebles integrados en el paisaje tradicional del barrio para facilitar una operación vinculada a usos turísticos de corta estancia, en un momento en el que Lavapiés sufre una creciente presión inmobiliaria y turística que amenaza la permanencia de sus vecinos y la conservación de su identidad histórica”.
“Madrid no puede seguir perdiendo patrimonio arquitectónico y memoria urbana para sustituirlos por modelos de explotación turística que aportan escaso valor al barrio y contribuyen a su transformación acelerada (…) La protección del patrimonio y el derecho de los vecinos a conservar la identidad de sus barrios deben situarse por encima de intereses especulativos y de proyectos que homogenizan la ciudad y erosionan su singularidad”.
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