El Tribunal de Cuentas investigará los 71,6 millones de euros que la Comunidad de Madrid, bajo la batuta del gobierno de Isabel Díaz Ayuso, ha concedido a la sanidad privada. El órgano fiscalizador accede a ello después de una denuncia presentada por la portavoz del PSOE de Madrid, Mar Espinar.
En la providencia a la que ha tenido acceso ElPlural.com, el Tribunal de Cuentas inicia una “pieza de acción pública” en la que dan la opción a la diputada socialista de personarse en el caso “para exigir la responsabilidad contable” al Ejecutivo de la Autonomía por el dinero cedido a la sanidad privada.
Óscar López, portavoz del PSOE de Madrid en la Cámara madrileña celebra que estos “regalos” no van a “quedar impunes”. “Para que se entienda mejor: mientras riega a esas empresas con dinero público, en Madrid acabamos de volver a superar el millón de personas en listas de espera”, ejemplifica.
La portavoz del partido en la Cámara regional pedía una investigación por “un presunto menoscabo de fondos públicos originado en el deficiente seguimiento y control de la facturación entre los hospitales de gestión directa y los centros con régimen de concesión privada”.
Dinero perdido
Eldiario.es publicaba una información con un documento interno de la lideresa regional que probaría que la sanidad pública pierde millones de euros todos los años por no facturar a los hospitales concertados muchos de los tratamientos que asume de los pacientes. El motivo que recoge el informe pasa por “no encontrar documentación de la actividad clínica”.
La Comunidad de Madrid casi siempre paga más de lo que se presupuesta en los presupuestos de Sanidad. Cabe destacar que los hospitales de gestión pública y de gestión privada tienen que contabilizar en un sistema informático los pacientes que asumen de fuera de su área y el coste de sus tratamientos para facturárselo al hospital de origen, lo que se conocen como “balances intercentros”, tal y como expone el medio mencionado.
Cada mes y cada año se facturan estos tratamientos, pero con una eficiencia del cobro desigual. En números más concretos, la sanidad privada ha ganado en el periodo de entre 2017 y 2023 un total de 1.268 millones extra facturados al sistema público por estos pacientes de libre elección instaurado por el PP. No obstante, en el mismo periodo el sistema público dejó de facturar 71 millones a las privadas a los que tenía derecho.
Con todas las cuentas realizadas, serían 71,6 millones de euros los que se dejaron de apuntar en el sistema público dese alguno de los hospitales concertados por “no encontrar documentación de la actividad clínica”. Solo en 2023, el impacto económico se situó por encima de los 11 millones de euros.
No es que el sistema público no encuentre documentación de pacientes, sino que no es toda la que pide el Manual de Facturación Intercentros. Si no se encuentran todos los códigos y en orden y un sistema burocrático acordado con las privadas, estas no pagan. El propio manual avisa, como informa elDiario.es de que en los centros hospitalarios públicos existen “subsistemas de información” propios, así como “códigos pendientes de normalización”, lo que “ha impedido la captura automática en determinadas líneas de actividad”. Según los datos que maneja la Consejería de Sanidad, por esta vía se han perdido 71 millones de euros en tratamientos de pacientes que se cambiaron de la sanidad concertada a la pública.