Dos noticias coincidían esta semana respecto de las muertes en las residencias de la Comunidad de Madrid. De un lado, la que más medios de comunicación recogían: una jueza de Navalcarnero se ha posicionado en las últimas horas a favor de que la investigación por los bautizados como ‘protocolos de la vergüenza’, que impidieron la atención hospitalaria a personas que vivían en estos centros durante la pandemia, se realice de manera conjunta. De otra parte, la magistrada competente para decidir si agrupar todas las causas en una habría preguntado al responsable de la Audiencia Provincial por esta opción, según adelantaba El País.
Los magistrados discrepan entre esa posibilidad y la investigación individualizada de los casos, como se está realizando hasta ahora. En concreto, dos secciones de la Audiencia fallaban en contra de la macrocausa, mientras que una lo hizo a favor. De este lado se han posicionado también durante todo este tiempo la Fiscalía; el que fuera director general de Coordinación Sociosanitaria de la Comunidad de Madrid, Francisco Javier Martínez Peromingo; los abogados de los familiares, y estos.
"Creemos que están empezando a reconsiderar"
Carmen López, de ‘Marea de Residencias’, reconoce que la situación “es compleja”, aunque pone de manifiesto su alegría y la del resto de familiares cada vez que reciben noticias como la del auto de la jueza de Navalcarnero. Eso sí, dan pie a una “alegría controlada”.
“Las familias agrupadas Marea de Residencias fuimos quienes impulsamos las primeras 350 querellas en abril de 2020, basadas en otros delitos y sujetos, y aún no hemos tenido una resolución definitiva de aquellas después de seis años. Tenemos claro que la justicia para miles de personas que, sin duda, fueron discriminadas durante los primeros meses de la pandemia, es muy lenta y farragosa”, expresa en declaraciones a ElPlural.com.
“Dicho esto”, continúa López, “no hemos perdido la esperanza, y no la perderemos”. “Cada vez que recibimos una noticia positiva lo vivimos con enorme intensidad, se nos remueve todo por dentro”, prosigue, confiando en que “finalmente aflore el sentido común de la judicatura” para que se investigue de manera conjunta el “efecto demoledor que tuvieron los protocolos de la Comunidad de Madrid” en lo que tacha como “la mayor vulneración de derechos que se ha producido en democracia con el resultado de más de 7.291 personas muertas de forma indigna en solo dos meses”.
En un tono similar se pronuncia María Jesús Valero, de ‘7.291 Verdad y Justicia’, quien, también en conversación con este periódico, se refiere a la “esperanza”, pero con “cautela”. “Si perdemos la esperanza, difícilmente podríamos seguir adelante”, tiene claro. “Creemos que es necesario que la Audiencia se pronuncie definitivamente en una macrocausa, porque hay un solo delito, que es el 511 del Código Penal, aunque en cada persona se dieran circunstancias diferentes. Fue un protocolo de exclusión para todas y cada una de las 7.291 muertes, que señalaba a las personas más vulnerables con problemas cognitivos, de movilidad, e incluso encontramos casos de personas que no tenían ninguno de estos problemas y tampoco fueron derivados”, proyecta.
Valero rememora que ya en julio la Sección Séptima de la Audiencia Provincial optó por concentrar en una misma causa investigaciones relativas a la discriminación sanitaria sufrida por personas mayores que vivían en geriátricos durante la primera ola del Covid, y pone sobre la mesa las noticias más actuales: “Pensamos que están empezando a reconsiderar, pero siempre desde la cautela, la esperanza y la confianza en que la justicia dé un giro de 180 grados”.
Las últimas informaciones
Desde lo ocurrido en 2020, decenas de jueces madrileños han investigado las muertes que los familiares achacan a esos protocolos de no derivación. En función de hacia dónde se mire, hay quienes piensan que es mejor seguir como hasta ahora, mientras que otros, también dentro de la judicatura, preferirían una sola causa.
María Isabel Durántez, titular de uno de los juzgados de Plaza Castilla, que se había opuesto hasta ahora a la macrocausa, habría elevado la cuestión por escrito al responsable del órgano madrileño, Juan Pablo González-Herrero. Por el momento, se desconoce si ha respondido, ni si tiene competencias para deshacer el embrollo que resultó de un hecho que expertos jurídicos consideran insólito: que dos secciones fallasen en contra y una a favor.
La jueza fue la primera que imputó a ex altos cargos en abril del año pasado, y el resto de jueces de instrucción que siguieron sus pasos consideraron que, como prevé la ley y ante la similitud de las causas, debía ser ella quien acumulara todos los procedimientos. Pero como se negó alegando que cada fallecimiento tuvo lugar en situaciones distintas, la cuestión terminó en la Audiencia de Madrid, donde se produjo la discordancia.
Expertos jurídicos consultados por El País no saben si el enredo se solucionará en la Audiencia o si hará falta que se eleve a una instancia más alta, como el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Mientras tanto, las familias se sitúan a medio camino entre el la confianza y la mesura.
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