La Comunidad de Madrid presume habitualmente de sus niveles de riqueza y de la atracción de inversiones, flujos económicos que engrosan las estadísticas generales, pero que esconden un incremento de la desigualdad que golpea a las clases trabajadoras. Resulta injusto hablar de tasas de pobreza cuando la media se realiza entre el CEO de una empresa del Ibex 35 afincada en la capital y el Salario Mínimo Interprofesional de un currante del sur de la Comunidad y, aunque el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso prefiera obviarlo, lo cierto es que 1,3 millones de madrileños están en riesgo de pobreza o exclusión social.
El SMI ha evolucionado, pero lo ha hecho menos que los precios de la vivienda y otros bienes de primera necesidad que, sobre todo en grandes urbes como Madrid, están en máximos. Muestra de ello es que las personas con carencia material severa en la autonomía superaban ya holgadamente en 2023, último año con datos completos, el medio millón (610.532). Un incremento del 39% en tan solo un año que golpea especialmente a los niños y las mujeres, tal y como refleja el informe presentado este jueves por Comisiones Obreras (CCOO).
El numero de niños y niñas en riesgo de pobreza asciende hasta los 267.579 en la Comunidad de Madrid, lo que supone una tasa AROPE del 26%. Es decir, uno de cada cuatro niños madrileños se encuentra en riesgo. Además, casi 140.000 menores de 16 años sufren una carencia material severa. El otro colectivo más damnificado es el de las mujeres, que se mantienen en niveles de pobreza superiores a los hombres, ya que tienen menor salario y mayor carga familiar.
Niños, mujeres y hombres son conjuntamente víctimas de otra de las estadísticas más esclarecedoras de la Comunidad de Madrid: el 40 % de los hogares madrileños se encuentran con dificultades para llegar a final de mes, hecho agravado por el aumento del precio de la vivienda y el encarecimiento de la cesta de la compra.
La situación se torna aún más negra para aquellas familias con miembros en situación de desempleo. Las mayores tasas de riesgo las presenta las personas en paro, siendo el 45% de estas pobres. Estas cifras son vitales porque en la Comunidad existen 177.925 familias de que tienen a todos sus componentes en paro. No obstante, los trabajadores tampoco se salvan y un 13% de las personas ocupadas se encuentran en riesgo de pobreza del 13%, lo que se traduce en que en Madrid existen 170.345 trabajadores pobres.
Toda esta ristra de datos choca con los aumentos de riqueza total de Madrid, la llega de rentas más altas, las condonaciones y regalos fiscales a los ricos y una serie de políticas que están dibujando una sociedad cada vez más fragmentada en la que las medias estadísticas pueden ser más altas, pero lo son a consecuencia de que la distancia entre los de arriba y los de abajo sea mayor. La brecha entre las clases es una realidad social cada vez más evidente en el centro de la península, que presenta claras diferenciaciones entre municipios, distritos y barrios.
“A modo de ejemplo, en Chamberí la renta per cápita está cerca de los 40.000 euros, en cambio en Villaverde no llega a los 13.000, y esta situación no se ve paliada porque también falla la red de protección social”, denuncia Manuel Rodríguez, secretario de Políticas Sociales y Diversidad de CCOO de Madrid. “No puede ser que la Comunidad de Madrid sea la comunidad más rica y sin embargo tengamos un porcentaje tan elevado de trabajadores pobres y de personas que no tienen ni siquiera un techo donde vivir”, añade Paloma López, secretaria general de CCOO Madrid.
La situación necesita un abordaje urgente, pero lamentablemente las medidas aprobadas por el Ejecutivo de Ayuso apuntan en otra dirección. Más allá del marketing, el gasto en servicios sociales es de 413 euros por habitante, cuantía 100 euros por debajo de la media estatal (512 euros) o de otras comunidades como País Vasco con 961,9 euros. Es más, Madrid está por detrás incluso de autonomías pobres como Extremadura que, con el tercer PIB más bajo de España, invierte 220 euros más por personas que Madrid, con 633 euros por habitante.
Desde CCOO exigen soluciones y presentan propuestas orientadas a implementar una fiscalidad justa y redistributiva que garanticen la igualdad de la ciudadanía; promover cambios que permitan mejorar las condiciones laborales; mantener la gratuidad en el transporte público colectivo y de los comedores en los colegios públicos; establecer normativas de vivienda que permitan reducir sus elevados costes; revertir la gestión externalizada de los recursos sociales; adaptar la Renta Mínima de Inserción a la nueva realidad; regular por ley las ayudas dirigidas a la cobertura de las necesidades vitales; expandir la red de titularidad pública de recursos residenciales para personas mayores; y un Plan de Choque contra el sinhogarismo.