El PSOE propone elevar 600 millones de euros la financiación de las universidades públicas madrileñas

La infrafinanciación de las seis universidades públicas de la Comunidad de Madrid (Complutense, Autónoma, Politécnica, Alcalá, Carlos III y Rey Juan Carlos) mantiene en pie de guerra a profesores, personal administrativo y de servicios y alumnado, expuestos al incumplimiento de la propia ley autonómica con el que Isabel Díaz Ayuso castiga a los centros y sus integrantes. El dinero destinado de aquí a 2031 apenas superará el 0,4% del Producto Interior Bruto (PIB) de la región, pese a que la normativa establece un 1%, y desde la oposición y sindicatos exigen revertir esta dinámica.

La Consejería de Educación, Ciencia y Universidades ha presentado este martes la estrategia “Comunidad de Madrid Región Universitaria”, pese a que el groso de quien componen las públicas consideran que se está procediendo a su desmantelamiento en beneficio de las privadas, que alcanza en la autonomía sus cotas de alumnos y posición más altas de España. "Convierte la educación superior en un producto turístico más", acusa UGT. “Ayuso recorta la capacidad financiera de las universidades públicas para crecer en oferta, y con eso crean negocio”, apostilla el PSOE.

Los de Óscar López proponen, a través de una Proposición No de Ley (PNL), incrementar en 600 millones de euros más, a razón de 100 millones de euros anuales, la financiación de las universidades públicas con cargo a los Presupuestos de la Comunidad de Madrid. Sobre de dónde sacar el dinero, el socialista apunta que con “la quita de la deuda que ofrece el Gobierno central, que es de 8.644 millones de euros, se reduciría el pago de intereses en 276 millones al año. De ellos, destinaremos 100 a las universidades públicas en cada ejercicio”.

La ministra de Universidades, Diana Morant, defiende una línea similar. Ayuso recorta la capacidad financiera de las universidades públicas para crecer en oferta, y con eso crean negocio. A día de hoy, el 17% de los préstamos personales de las familias son para pagar los estudios de sus hijos, ese es el volumen de negocio: 3.000 millones de euros al año. Así que no es libertad de elección, sino un negocio para los amigos a costa de la economía de las familias”, considera la política valenciana.

Contenido de la PNL

La proposición de los socialistas pretende abordar algunas de las principales quejas de la comunidad universitaria. Por un lado, la propuesta expone “la necesidad de acabar con la tasa de temporalidad en el Personal Docente e Investigador (PDI)”, que se sitúa cerca del 46%. Esta situación, ahondan, se ve “agravada por el alto coste de la vida, la vivienda y los servicios”. Además, el 36,4% de los catedráticos se encuentra en proceso de jubilación inminente y, sin un plan de estabilidad y de captación de talento bien financiado, el sistema universitario madrileño está “abocado a un colapso por falta de relevo”.

En otro orden de cosas, los socialistas consideran urgente la modernización de infraestructuras y introducción de la eficiencia energética, puesto que la inversión en mantenimiento y equipamiento ha caído un 42,5% respecto a 2012. “También es imprescindible mejorar la equidad y el acceso a becas, ya que Madrid sigue teniendo algunas de las tasas académicas más altas del país en primera matrícula y sucesivas”, añaden como tercer punto, criticando que la región apenas destine 3 millones de euros a becas para alumnos en situaciones socioeconómicas desfavorables, mientras las de excelencia representan el doble.

Alfombra roja para las privadas

En la misma línea que las asociaciones por la pública de las seis universidades, los socialistas critican la alfombra roja que se está desplegando a los centros privados. El número de alumnos matriculados en Comunidad de Madrid, en el curso 2024-2025, ha sido de 377.840, de los que 206.501 estudian en los centros propios de las universidades públicas, 129.198 en las universidades privadas y de la Iglesia Católica y 28.860 en los centros asociados de la UNED.

Esto se traduce en que, desde hace una década, las plazas de las públicas se han mantenido estables, pese al aumento de demanda; y el alumnado en universidades privadas casi se ha duplicado en este periodo. “La oferta pública no ha experimentado crecimientos significativos, provocando una mayor presión y una tendencia decreciente en la matriculación pública en los últimos tres años”, trasladan.

“A Ayuso no le interesa el ascensor social que significa la universidad pública, por dos motivos: porque ella vive en un ático y no le gusta que los demás accedan al piso más alto. Su comportamiento diario es que sea un club privado, el segundo motivo es el negocio, por qué se va a preocupar por dar un servicio público si puede haber un negocio”, concluye López su valoración del proceder de Ayuso.