Los sanitarios han conseguido torcer el brazo al Gobierno de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Un centenar de profesionales ha logrado ganar demandas contra el Ejecutivo de la región madrileña por no contar, como rige la ley, con un plan de prevención de riesgos laborales; y otro millar de denuncias están en curso.
El motivo principal es, como ya se ha señalado, no contar con el plan mencionado. Ángela Hernández, secretaria general de Amyts, uno de los sindicatos mayoritarios en el sector sanitario -y cuyos equipos jurídicos llevan la asistencia de los implicados junto a otras organizaciones- desgrana en declaraciones a ElPlural.com algunos pormenores de una cuestión que, por el momento, sienta un precedente.
“La Atención Primaria de la Comunidad de Madrid lleva muchísimo tiempo sin tener un auténtico plan de prevención de riesgos laborales”, expone; y es que “hay que tener en cuenta que la ley de prevención de riesgos laborales se remonta a 1995”. “La vía judicial se ha empezado a explorar por la ausencia de dicho plan, y los jueces están fallando a favor de los profesionales tanto por ello como por las circunstancias en la que trabajan de sobrecarga, incapacidades temporales o los problemas y las repercusiones que hayan tenido en relación a la situación descrita”, explica.
Hernández expresa que tanto el sindicato que representa como el resto de organizaciones sindicales llevan “más de cinco años denunciando este escenario y llevándolo a una inspección de trabajo”, si bien “no fue hasta la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de lo Social cuando se puse sobre la mesa con una sentencia bastante dura para la Comunidad de Madrid”. “En ese momento se empezaron a hacer las vías individuales, ya que la administración insiste en no realizar las acciones necesarias para que exista un auténtico plan de prevención, entendiendo que son necesarias las evaluaciones individuales de los puestos y otras acciones que todavía no han llegado”.
64 pacientes en un día o 400 horas extra en pandemia
El tema, cuyo origen se remonta más en el tiempo, se tornaba mediático en las últimas semanas después de que el sindicato diera a conocer que una sanitaria tenía que recibir 8.000 euros del ejecutivo regional por llegar a tener que atender a 64 pacientes en tan solo un día sin el indicado plan, a todas luces obligatorio para poder trabajar, tal y como confirmaba a este medio otro responsable de Amyts, Daniel Bernabéu: “(De lo contrario) existe un riesgo potencial de que los profesionales sufran lesiones o algún tipo de percance” ante el que estarían indefensos.
Otra de las reclamaciones históricas de los sanitarios pasa por las horas extra, bien porque se paguen como corresponde, bien porque haya menos. Por esto, la Consejería de Sanidad, liderada por Fátima Matute, se ha visto obligada a pagar a más personal, tal y como refleja otro profesional que realizó 400 horas extra durante la pandemia del Covid; una cantidad por encima de lo que permitido y asumible y que no se vio compensada de ningún modo.
Respecto eso, Comisiones Obreras (CCOO) lamentó que la Consejería de Sanidad no había atendido a las peticiones de un trabajador el cual habría resuelto explotado “pese a que había un certificado de la entonces directora general de Salud Pública en el que se reconocían esas horas extraordinarias”. “Carece de sentido que se haya tenido que celebrar un juicio, una vista oral, para reclamar unas horas extra cuando además se contaba con ese certificado”, deslizaban desde el sindicato.
A la hora de analizar la situación sanitaria en general y el asunto que compete a estas líneas en particular, Bernabéu celebra que la huelga que las batas blancas llevaron a cabo el año pasado consiguió unos mínimos en cuanto al máximo de pacientes que cada cual podía atender a diario. La Consejería tomó cartas en el asunto y desarrolló medidas que “funcionaron en algunos sitios, dependiendo de la dotación y de que todas las plazas estuvieran contratadas”. “Pero en Madrid existe un déficit de 900 médicos de Atención Primaria entre médicos de familia y pediatras, lo que hizo que los centros que no contaban con el personal suficiente siguieran penalizándose”, lamenta.
En un intento de mejoría, también “se pretendió que hubiera una agenda de descarga, en la que todos los pacientes que no se podían ver de acuerdo a los estándares estimados de 34 en el caso de los médicos de familia se atendieran como agendas al margen, con carácter voluntario”. Sin embargo, “fue todo un desbarajuste” debido a la falta de contratación o el rechazo de puestos laborales por las condiciones que se ofrecían desde el equipo de Ayuso.
El no cumplimiento de la Comunidad de Madrid de sus promesas y el paso del tiempo -la situación actual no deja de ser una extensión de la gestión de los anteriores gobiernos del PP- han resultado en “una vuelta a las prácticas antiguas de sobrecargar las agendas”. “Estamos en una espiral”, dictamina el responsable de Amyts.