La Comunidad de Madrid respondía a principios de semana al Gobierno de España sobre los nuevos traslados de menores no acompañados, rechazando que fuera a acoger a más personas.
Las políticas migratorias llevan tiempo siendo un punto especialmente de fricción entre la lideresa regional y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. De hecho, en lo que respecta al nuevo reparto planteado desde Moncloa, obedece a una cuestión a la que se ha opuesto el conjunto de las comunidades autónomas del PP.
Sin embargo, en la Comunidad de Madrid, más allá de la administración Sol, la situación se ha tornado más delicada en puntos concretos como Pozuelo de Alarcón, con la pugna entre administraciones por mantener o no abierto el Centro de Atención de Inmigrantes (CREADE), situado en la Zona Sur del municipio, la cual depende de Patricia Peinado, hija del juez que investiga a Begoña Gómez, Juan Carlos Peinado.
La seguridad, otra vez como eje central
Otro sitio candente respecto de los mal llamados menas es Pinto. En las últimas horas, el Ayuntamiento de la localidad ha mostrado su malestar por lo que consideran una “decisión unilateral” del Ejecutivo español de financiar una vivienda de acogida para estos niños o jóvenes sin haber informado previamente al Consistorio, según informa el diario El Mundo.
Se trataría de una entidad privada en un domicilio particular, según habría explicado el equipo local, y contaría con financiación estatal a través del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. De todo ello, el Ayuntamiento sostiene que no supo nada hasta que los propios vecinos lo comunicaron.
En estos momentos, indican que no han participado de la evaluación de recursos disponibles ni sido capaces de analizar el impacto que pueda tener esta iniciativa en los servicios públicos u otras cuestiones como la seguridad ciudadana. Los técnicos se encuentran analizando si la actividad cumple con la normativa vigente.
Más Madrid ha manifestado su rechazo al comunicado emitido desde la Casa Consistorial, en línea de lo que ocurrió en Pozuelo o Alcalá -donde un bulo de los ‘populares’ que vinculaba migración con delincuencia dio rienda suelta a la polémica- y cuyo discurso mantiene ahora la Comunidad de Madrid para rechazar el nuevo plan del Gobierno central.
El partido progresista del territorio destaca que “la seguridad de un municipio no se garantiza señalando a los más vulnerables, sino fortaleciendo las instituciones que los protegen”, y avisan de que relacionar a los menores con su origen o etnia solo “quiebra la paz social”.
La concejala de la formación, Elena Ancos, ha defendido que “la seguridad real de Pinto se construye con recursos para la mediación, educación y servicios sociales”, y no con “comunicados que alimentan prejuicios”.
Las siglas también denuncian el “uso partidista de canales oficiales” para emitir este tipo de mensajes y se refieren a una queja presentada ante el Defensor del Pueblo: “Utilizar recursos públicos para difundir mensajes que segregan a la población por su origen es una práctica contraria a la ética democrática”.
El PP, en contra del reparto
Aunque los ataques con mayor virulencia al Ejecutivo llegan desde Madrid, el PP al completo ha rechazado de lleno la modificación legislativa que permite la reubicación de menores migrantes y evitar de esta manera la saturación de Ceuta, Melilla y Canarias.
El pasado miércoles, estaba prevista una Conferencia Sectorial de Juventud entre la ministra de Infancia, Sira Rego, y las consejerías, pero las ‘populares’ no acudieron a la reunión. Ana Dávila, del equipo de Ayuso, ya mandó una carta al Gobierno de España, mientras que Elena Albalat (Valencia), consideraba el reparto “injusto” y agitaba la idea de que la reunión era “ilegal”, algo que repitieron todas las consejerías de color azul.
El Ejecutivo de Pedro Sánchez declaraba en el mes de marzo que el Consejo de Ministros aprobará antes del 30 de agosto una modificación legislativa del Real Decreto-Ley 2/2025, que fija un mecanismo obligatorio de retribución de menores en casos de “contingencia migratoria extraordinaria”, para que la prórroga sea efectiva durante un año más, de forma que llegará hasta agosto.
En una misiva remitida al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, Dávila negaba los nuevos traslados de menores no acompañados porque, indicaba, no hay cobertura judicial al haber expirado los plazos previstos. Asimismo, adevertía de que llevaría a cabo acciones legales si el Ejecutivo de Sánchez intentaba prolongar de facto el sistema extraordinario de reparto entre territorios.