La universidades públicas de la Comunidad de Madrid fueron a la huelga el pasado 28 de abril a pesar del apagón que dejó sin tendido eléctrico a toda España y Portugal. Hasta el momento del histórico hito, incluso un poco después del comienzo del mismo, alumnado y profesorado de toda la comunidad educativa mantuvieron el cierre lectivo y las protestas en la calle.
Tras encerrarse algunos de sus compañeros días antes, miles de estudiantes y docentes se reunieron fuera y dentro de las aulas en forma de pasacalles, concentraciones o asambleas para organizarse contra el plan privatizador del gobierno de la Comunidad de Madrid; medidas cuya base legal se encuentran en la futura ley educativa que el Ejecutivo de la Puerta de Sol tiene sobre la mesa y que, en la práctica, aseguran los damnificados, recortará la financiación y, en definitiva, la autonomía universitaria.
Puntos más polémicos de la nueva ley
Entre los puntos más polémicas del borrador del texto, que se filtró, la comunidad educativa ponía el foco en el hecho de que las universidades pasaran a catalogarse “Centros de Enseñanza Superior”, la financiación externa y en base a los objetivos, las facilidades de los centros privados y el peso de las compañías y de la región misma en las decisiones de los Consejos Sociales universitarios.
Pero los y las universitarias tienen más motivos para ir a la huelga y mantener la queja en la calle y otros espacios de debate, siendo uno de ellos la infrafinanciación; también la que proviene de las transferencias corrientes. En este sentido, Madrid es la comunidad que menos dinero destina a la universidad pública pese a ser la región más rica de España y mantener un discurso alineado con esos números.
No obstante, las cifras son distintas y las mejoras muy escasas, también en lo que se refiere a este tipo de financiación en la que Madrid invierte 5.467 euros por alumno, quedando así a la cola también en un apartado que resulta crucial para el futuro de este servicio público.
Es cierto que las protestas están dando sus frutos, pero aún y con ello el resultado final queda lejos del que se espera de una comunidad como Madrid, que tiene más dinero que sus homólogas a pesar de las constantes quejas de Ayuso en este sentido, con la que obvia igualmente que es más barato ofrecer una buena enseñanza a un alumno de las grandes capitales que de una pequeña. Esto último es porque en los grados sin experimentalidad -aquellas que no tienen laboratorios, prácticas o salidas al campo- cuesta muy similar un grupo de 25 alumnos que uno de 40.
Una prueba de que la protesta sirve es que el equipo de la presidenta ha subido al cantidad destinado a las transferencia corrientes en un 4,2% o, lo que es lo mismo; 43,7 millones de euros. La cantidad es notablemente superior a la que planteó en un primer momento la región (0,9%), si bien sigue siendo escasa.
El resultado de estos números sale de dividir esta partida que se utiliza para pagar las nóminas y los gastos del día a día entre el último dato que se tiene del número de alumnos de estudiantes de grado y máster.
Muy lejos (a la baja) del resto de comunidades
Los números que proyecta la Comunidad de Madrid están muy lejos de los que reflejan el resto de las autonomías, tal y como demuestra un reciente estudio del diario El País en esta materia. Un ejemplo totalmente contrario al de la capital y ejemplo del buen hacer sería el de Asturias, donde se encuentra la Universidad de Oviedo. Aquí, esta inversión es superior a los 10.000 euros mientras se promete la gratuidad del curso que viene para el primer año de grado -lo mismo que Castilla-La Mancha- con la idea de que la bonificación se aplique igualmente al resto de la carrera.
La situación en este sentido es igualmente positiva en Navarra, por ejemplo, dado que la comunidad foral invierte 8.976 euros. También es verdad que, en este caso, hay que destacar que la región dispone de las tasas académicas más altas de todo el país, solo por delante de Madrid (1.062 frente a 978). El medio también subraya que en ambos lugares el alumnado recibe muy pocas becas -17,7% en Navarra y 16,3% en Madrid- cuando la media se sitúa en torno al 24% en Andalucía o al 40% en Castilla-La Mancha.
La situación económica entre territorios es muy dispar en el sentido de que la renta per cápita no es igual en todos ellos a la vez que en autonomías como Andalucía -que sí funciona bien en el parámetro de transferencia corrientes- abren de par en par las puertas las universidades privadas.
Otros datos que dejan en muy mal lugar a la Consejería de Educación
Esteban Álvarez, portavoz de Educación del Grupo Socialista en la Asamblea de Madrid, a su vez profesor de Geografía e Historia y director de instituto arroja en declaraciones a ElPlural.com otras cifras que dejan en muy mal lugar la gestión de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid.
Álvarez proyecta también que las tasas académicas pagadas por estudiantes y familias suponen el porcentaje del presupuesto de ingresos más alto (18,1%) de todas la comunidades, casi un 50% por encima de la media, que se sitúa en un 12,3%; o que las universidades públicas de la Comunidad de Madrid destinan solo el 0,74% de su PIB a la educación en este grado.
“El presupuesto inicial para 2025 del Programa de Enseñanzas Universitarias era inferior, en euros corrientes, al de 2009. Pero ya en 2022 había en la Universidades públicas madrileñas 11.766 estudiantes más que en 2009, un 5,7% por encima”, añade respecto del dato mollar de estas líneas “La modificación de crédito, después de la presión de los rectores y comunidad universitaria, incrementó en un 3% la cantidad inicial, lo que se queda muy lejos de compensar el crecimiento del alumnado y una inflación acumulada que, en la Comunidad de Madrid, era cercana al 30%”, concluye.