Hace varias semanas, vecinos agrupados en torno a PAH Vallekas accedieron a la sede de Building Center para intentar frenar los desahucios de Jasbir, Adolfo, Kamlesh, Claudia, Marilú, Ousmane, Juan, Eugenia y otras muchas personas, incluidos niños y mayores dependientes a su cargo. Aquella acción sirvió para que el responsable de la mediadora de la empresa, Tecnotramit, se comprometiese a “negociar alquileres sociales para los todos los casos” y “reunirse individualmente con las familias”. Sin embargo, los acontecimientos no se han desarrollado como las partes acordaron.
“Me ha llegado una carta de desahucio para el 24 de junio”, lamenta Adolfo. “Me obligan a entregar ‘de forma voluntaria’ las llaves de mi casa antes del 30 de junio”, expone Kamlesh. Desde PAH Vallekas, en representación de estas dos familias, se han puesto en contacto con la propiedad y la respuesta ha sido cuanto menos sorprendente. “Tras un hilo de correos, no se les ocurre mejor excusa que decir que se confundieron de caso con Jasbir y Kamlesh y que no pueden negociar con la nueva propiedad el caso de Adolfo”, han explicado.
No somos números, ni activos, ni bienes inmuebles. Somos familias
“Además, nos recomiendan de forma poco amistosa que ‘por el bien de Jasbir y su familia’ entreguen sus llaves”, ahonda una de las militantes de PAH Vallekas. La nueva ofensiva afecta a dos familias, aunque el acuerdo suscrito con tecnotramit incluye a once. “Si empezamos así, ¿qué pasará con las otras nueve?”, se preguntan. La situación es de extrema tensión para el conjunto de las familias, especialmente para Adolfo, su hija de 26 años y su nieto de cuatro años, que podrían quedarse en la calle el próximo miércoles.
Adolfo, víctima de una deuda de otra persona
El caso, además, comenzó cuando el propietario dejó de pagar su hipoteca y decidió alquilar el pequeño piso de San Diego (Puente de Vallecas) a Aldolfo, que reside en él desde 2017 y rigurosamente paga su cuota, sin conocer que el dueño del inmueble había contraído una deuda con el banco. La noticia saltó cuando las notificaciones de desalojo comenzaron a llegar a la vivienda. Adolfo consiguió personarse en el juicio y aplazar hasta en dos ocasiones el lanzamiento, mientras PAH Vallekas seguía realizando acciones y negociando con la propiedad.
Sin embargo, el proceso ha seguido adelante y aunque la vivienda ha cambiado de manos, vendiéndose una vez más, Adolfo y su familia siguen en riesgo, pues la propiedad reniega de negociar un alquiler social. El salario de cuidador de personas mayores, que ronda los 1.200 euros, apenas da a Adolfo y su familia para sobrevivir y la previsión de no poder acceder a un inmueble que puedan costearse en el actual mercado empeora aún más su situación.
Pese a la evidente vulnerabilidad de la familia, que incluye a un niño pequeño, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital no ofrecen ninguna alternativa habitacional a los afectados, especialmente desprotegidos tras la decaída del escudo de protección a los vulnerables. “No somos números, ni activos, ni bienes inmuebles. Somos familias”, reclama Adolfo, que espera que este miércoles, con la resistencia vecinal guiada por PAH Vallekas y la movilización, se pueda frenar su desahucio.
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