El Gobierno de España interpuso el pasado lunes un recurso contencioso-administrativo en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) contra el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso por autorizar que el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) abra un centro adscrito a la Universidad Complutense (UCM).
Se trata de la primera vez que un colegio profesional imparte títulos universitarios en nuestro país, por lo que el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades considera impropio, dado que “la docencia debe estar en las universidades, donde está el profesorado que domina los temas y las metodologías para enseñar”.
El departamento de Diana Morant habría puesto, previsiblemente, el recurso si se hubiera abierto en cualquier otra región, dado que abre un escenario inaudito en España, aunque tampoco escapa la pugna constante entre administraciones.
Con el fiscal general como telón de fondo
A nadie escapa que este nuevo choque se produce con la condena y sentencia al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, todavía muy reciente, más allá de las noticias más recientes, porque el ICAM fue una de las partes que se personó en la causa.
Por si fuera poco sorprendente que un colegio profesional con miles de profesionales de diversas sensibilidades se persone como acusación particular para defender al novio de la presidenta, Alberto González Amador; un defraudador confeso, sus líderes celebraron la decisión contra García Ortiz, y podría no ser un aspecto baladí.
La propia Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE) y la Asociación Defiéndete en Derecho denunciaron la “instrumentalización” de la entidad y que éste “se ponga el al servicio de intereses particulares o de estrategias ajenas a los intereses de la abogacía”.
El pasado mes de diciembre saltó a la palestra que el ICAM podría ofrecer un Grado de Derecho, así como varios másteres jurídicos de alto nivel, previsiblemente con tasas más elevadas que las de la enseñanza pública, lo que implica otro ejemplo de privatización por parte de la Consejería.
Cabe destacar que los hechos coinciden con el abandono que el equipo de Ayuso está llevando a cabo sobre la universidad pública que se ve reflejado en una reivindicación de financiación, paros estudiantiles y reorganizaciones. El riesgo que algunos aprecian respecto de esta decisión de la Consejería es que nazcan dos caminos dentro de educación superior, uno accesible y otro directamente excluyente, en función de la capacidad económica del estudiantado.
Ya por aquel entonces, la oposición se pronunció en contra de la medida, indicando que el PP madrileño quería convertir en un “casino” la Comunidad de Madrid en el que “siempre gana el mejor postor”.
Entre los detractores, también destacan la Fundación Madri+d, que vela por la calidad del sistema universitario madrileño, al que la interrupción del ICAM tampoco le convenció, y así se lo dijo a Viciana por carta: “Va en contra de sus propios estatutos”.
Todo ello explica que la Abogacía General de Madrid emitiese en mayo de 2024 un informe a petición de la administración ‘popular’ en el que concluía los siguiente: “Un colegio profesional puede ser titular de un centro adscrito (…) siempre que sus estatutos contemplan expresamente la actividad docente”. En la práctica, el ICAM cambió sus estatutos en nueve meses para poder impartir el grado.
A pesar de esta transformación, Madri+d continuó percibiendo “conflicto de intereses con las otras universidades” e insistió por escrito en esa idea. En la misma dirección, el Ejecutivo cree que la decisión permitirá que un centro privado compita con la facultad de Derecho de la misma Complutense.
De igual forma, el ministerio entiende que si otros colegios actúan de la misma manera, se “cede la formación de nuestros jóvenes a intereses particulares de grupos profesionales” y de esa manera desmantelarse la universidad pública.
Antes, la Academia había sondeado sin conseguirlo a la Universidad Autónoma (UAM), según informa este viernes El País; y el rector de la Universidad Carlos III, Ángel Arias, anunció el pasado 9 de diciembre que presentaría un recurso.
“Es una puerta falsa para formalizar universidades en ámbitos que no lo son”, afirmó en un acto en el que compartía protagonismo con su homólogo en la UCM, Joaquín Goyache, que también mostró su gran sorpresa. “Es un error dar ese paso”, aseguró.