La corrupción es uno de los mayores lastres de nuestro país. El año pasado, la preocupación de los españoles respecto de las actividades ilícitas volvió a mostrar que la inquietud de la ciudadanía por esta cuestión había aumentado considerablemente, aunque el principal problema siguiera -y sigue siendo- la vivienda.
Son muchos los casos con nombres y apellidos, tanto del caso en sí, como de quienes se han sentado en el banquillo por las prácticas irregulares de las que, en función de dónde se mire, han participado de ellas en los últimos años políticos, empresarios, policías o jueces.
Aunque es un problema que ha golpeado a todo el país en mayor o menor medida, la Comunidad de Madrid se sitúa a la cabeza de este más que dudoso honor, tal y como muestra Casos-Aislados.com, una iniciativa ciudadana que lleva tiempo centrándose en analizar una problemática que ha provocado la caída de gobiernos dentro de nuestras fronteras, como ocurrió con el de Mariano Rajoy, arrinconado, precisamente, por este motivo.
La región que ahora lidera Isabel Díaz Ayuso ha ocupado portadas de los grandes periódicos nacionales e incluso espacio en prensa internacional al ser epicentro de algunos de los casos de corrupción más sonados en Madrid, como la trama Gürtel, el caso Púnica, el caso Lezo y el caso Bankia.
Atendiendo a los datos que maneja esta entidad, la Comunidad de Madrid aglutina el 36,1% de los casos de corrupción de los últimos años, lo que se traduce en más de 44.000 millones de euros, muy lejos de la segunda posicionada: Andalucía. A pesar de la etapa convulsa que ha atravesado la región andaluza en los últimos años, la comunidad del sur ha costado unos 4.000 millones de euros (3,8%). En definitiva, la corrupción ha golpeado diez veces más a Madrid que a Andalucía en los últimos años.
El resto de los territorios que más han sufrido esta lacra -las cifras se dan en miles de millones de euros- son la Comunidad Valenciana (3,8 y un 3,1%), Galicia (3,158 y un 2,5%), Cataluña (2,729 y 2,5%), Murcia (979 y un 0,8%), Castilla y León (770 y un 0,6%), Islas Baleares (316 y 0,3%), Asturias (221 y 0,2%), y Aragón (173 y un 0,1%). El coste nacional se localiza en unos 62.000 millones de euros y el 50%.
El PP, el partido más corrupto
La corrupción del PP habría costado alrededor de 48.000 millones de euros (41,4%) a los españoles, muy lejos de la del PSOE, que ha supuesto cerca de 2.000 millones de euros (1,6%).
Entremedias se encuentran la unión entre ‘populares’ y socialistas o formaciones como UCOR (Unión Cordobesa), CDC; la antigua Convergència Democrática de Catalunya de Jordi Puyol; o GIL, que responde a las siglas de Grupo Independiente Liberal y, dirigido por el empresario Jesús Gil, estuvo registrado hasta 2007. A los comicios municipales de ese año no se pudo presentar al encontrarse cercado, precisamente, por la corrupción.
En consecuencia, los casos de corrupción registrados se concentran en el partido con sede en Génova, 13. Las siglas conservadoras contemplan en el momento de la elaboración de la radiografía 261 casos, por los 135 del PSOE. Por detrás, Unión Mallorquina (UM) con 18.
Después, el PNV (16), Coalición Canaria (12), y por detrás de las Empresas Públicas y las Cajas de Ahorro, CDC, la unión PP-PSOE, CiU, Ciudadanos, el Partido Regionalista de Cantabria (PRC) o el PSOE catalán, ya muy por detrás con 4 casos.
Casos que más dinero han costado a los españoles
En última instancia, lo que más cuesta a la ciudadanía fue el rescate bancario de la era Rajoy (casi 60.000 millones de euros), seguido de la amnistía fiscal (38.000 millones de euros).
Entre los casos de corrupción propiamente dichos que más daño han causado se encuentran el Caso Malaya, el Caso Pokémon, el Caso Preferentes, el Caso 3 per cent, el Caso Castor, el Caso Taula, el Caso Caballo de Troya, el Caso RTVV, el Caso Emperador o el Caso Brugal.
Aumenta la preocupación entre la sociedad
A finales de 2025, el CIS reflejaba un incremento en la preocupación ciudadana por la corrupción. Las menciones a la misma subían cuatro puntos respecto del mes anterior y se situaba en el 16,2%, su segundo máximo de ese año. Asimismo, el año cerraba con más alusiones al mal hacer de los políticos que en los meses anteriores.