La Cámara de Cuentas, el organismo encargado de fiscalizar el uso del dinero público en la Comunidad de Madrid, no es inmune al deterioro general de las instituciones por parte del Ejecutivo que preside Isabel Díaz Ayuso, que provoca su saturación. Para su presidente, Joaquín Leguina, la culpa de esta situación es de la oposición, que hace demasiadas solicitudes, y no de que la baronesa popular no dedique lo suficiente a reforzar la institución que supervisa qué hace con el dinero de los madrileños.
El expresidente regional se dirigió este lunes por escrito a la Asamblea de Madrid, a la que pide que bajen el ritmo: "La realización de tal número de fiscalizaciones es simplemente imposible", alegaba Leguina. "Se deberían adecuar las peticiones a las posibilidades reales de trabajo de la Cámara de Cuentas", figura en el escrito, que dirigió a la Comisión de Presupuestos y Hacienda a través del presidente de la Asamblea, Enrique Ossorio, y al que ha tenido acceso ElPlural.com.
No se queja en abstracto, pues Leguina señala a Más Madrid, diciendo que 26 de las 30 peticiones de fiscalización que, asegura, no puede afrontar, "han sido realizadas por la misma diputada", que es Marta Carmona, según su partido. El último titular socialista de la Puerta del Sol pide más personal y recursos para atender las peticiones de los partidos de la oposición, que en los últimos meses han registrado más de 30 solicitudes al organismo para que fiscalice las cuentas de la Comunidad de Madrid, ante sospechas de irregularidades por parte de Ayuso.
Más Madrid pide la dimisión de Leguina
En Más Madrid lamentan que un cargo público que cobra 125.000 euros anuales no pueda ejercer sus funciones. Se preguntan "si sirve de algo mantener al señor Leguina", señala su portavoz en la Asamblea, Manuela Bergerot, "si cada vez que tiene que trabajar se va a quejar al presidente de la Asamblea y va a decir que no puede ejercer sus atribuciones". El principal partido de la oposición pone en el foco que Ayuso haga "propaganda política" con la figura del expresidente, muy crítico con el PSOE actual.
Por ello, los de Bergerot han registrado una PNL (proposición no de ley) para instar al Gobierno regional a que dote a la Cámara de Cuentas de los medios necesarios para que pueda cumplir sus funciones, así como a la dimisión de Leguina, del que aseguran que "queda claro" que "le pusieron un sillón para que Ayuso hiciera propaganda política con su figura", según Bergerot.
La portavoz recuerda que la Cámara de Cuentas tiene obligaciones que cumplir, y los diputados pueden ejercer sus atribuciones para proponer las fiscalizaciones que consideren oportunas". De Leguina, Bergerot exige que, si es "incapaz de hacer su trabajo, que dimita y deje paso", y lamenta que "pesidir una institución madrileña debería ser el compromiso de cumplir con un deber, y no un premio a la lealtad política".
La lupa a las cuentas de Ayuso que Leguina rechaza
La Ley de la Cámara de Cuentas establece que la iniciativa fiscalizadora al Gobierno regional corresponde a la propia Cámara y a la Asamblea de Madrid, esta última a través de la Comisión de Hacienda y Presupuestos. Las últimas solicitudes que se han debatido, según figura en el diario de sesiones del Parlamento autonómico, son por ejemplo la que Más Madrid presentó en marzo sobre la Fundación Toro de Lidia, concretamente para fiscalizar los convenios firmados por el Gobierno regional con la fundación entre 2021 y 2025, ante la sospecha de "posibles irregularidades".
Bergerot calificó la fundación un "chiringuito, cuyo único objetivo es regar a la tauromaquia de dinero público", y acusó al PP de "montar su enésimo esquema clientelar", para "beneficiar sistemáticamente con dinero público" a empresas de esta fundación, especialmente a Espectáculos Marisma. Recientemente, Más Madrid ha elevado este caso al Tribunal de Cuentas, ante el que alegan "una presunta red de fraude y favoritismo en la gestión de subvenciones taurinas" de la Comunidad de Madrid.
La Comisión de la Asamblea, encargada de elevar o rechazar solicitudes de fiscalización, también debatió en marzo una solicitud del PSOE-M sobre los gastos de Formación Profesional. El partido que dirige en la Cámara de Vallecas Mar Espinar pidió el control de los gastos de la Dirección General de Educación Secundaria, FP y Régimen Especial en centros de FP durante 2022, con el foco en obras presuntamente hechas sin contrato, sin expediente y fuera de control presupuestario. Sin embargo, esta se rechazó.
Antes, en octubre de 2025, Más Madrid solicitó fiscalizar casos en los que el SERMAS (Servicio Madrileño de Salud) adjudicó varios contratos menores en la misma fecha, en 2024, con el mismo órgano, empresa y título, cuya suma superaría el límite legal de la contratación menor, incurriendo en un posible troceo ilegal de contratos para esquivar la regulación.
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