La Mesa de la Asamblea de Madrid ha admitido esta semana preguntas relativas al colegio Alborada, de Alcalá de Henares, después de su rechazo el pasado mes de noviembre y la insistencia de la oposición hace poco más de una semana, en este último caso para conocer cuánto paga la región al centro, de carácter concertado.
El órgano que dirige Enrique Ossorio, ex consejero de Educación con el PP de Isabel Díaz Ayuso, desechó una cuestión sobre el número de solicitudes de traslado de expediente académico que se habían llevado a cabo desde que saliera a la luz que un ex cuidador de este espacio académico habría abusado de menores de entre 3 y 6 años -algunos de ellos con Trastorno del Espectro Autista (TEA)- argumentando que no se refería “a un asunto del ámbito de la Comunidad de Madrid, al hacer referencia a un centro privado”.
Recientemente, el mismo partido que lo hizo entonces, Más Madrid, presentó una petición a través del Portal de Transparencia por medio de su portavoz de la localidad complutense, Rosa María Romero, para conocer cuánto dinero destinaba al Alborada y si iba a seguir haciéndolo o iba a retirarles el concurso. Previamente, Izquierda Unida (IU) Alcalá había exigido esto, mientras que la Consejería de Educación, dirigida por Emilio Viciana en la actualidad, no aclaró si iban a hacerlo.
En paralelo, la diputada de la formación que en la Asamblea de Madrid lidera Manuela Bergerot, Alicia Torija, presentó unas preguntas en sintonía con las que habían llegado a transparencia y las que fueran rechazadas, tal y como ha podido conocer ElPlural.com, que ha tenido acceso a las cuestiones.
Romero, ante el bloqueo permanente de la Mesa, constante en su rodillo parlamentario -el cual ha alcanzado incluso los tribunales- afianzaba que era “profundamente contradictorio” que la Autonomía “se declare incompetente para responder a preguntas relacionadas con la protección del alumnado o el impacto de una situación judicialmente sensible” a la par que se declara “plenamente competente para financiar a ese mismo centro mediante cesiones de patrimonio público”.
Cabe recordar que existirían avisos desde 2024 y que es en mayo de 2025 cuando se procede a la expulsión del acusado. Atendiendo a este hecho, entiende el partido que lo que piden no es otra cosa que “información objetiva” atendiendo al escándalo que rodea al colegio. “Cuando un centro privado recibe financiación pública deja de ser un asunto exclusivamente privado (…) La ciudadanía tiene derecho a saber cuánto dinero público se destina, en qué condiciones y bajo qué controles”.
La Comunidad de Madrid, contra las cuerdas
La parte que lleva meses poniendo pie en pared contra los presuntos abusos, ya sean familiares directos de las presuntas víctimas como desde el espacio político, afean la tardanza de las administraciones por resolver, por ejemplo, los cambios de expedientes y no pasan por alto otro tipo de cuestiones como que el subdirector del Alborada, Javier Doncel, es también alcalde de un municipio, Anchuelo, por el PP.
La Comunidad de Madrid, por su parte, también recibe quejas por su gestión en caso de presunto abuso, ya sea sexual, laboral, o bullying. En este sentido, la Confederación Autonómica de AMPAS y FAPAS de Madrid (CONFAPA) lamenta los datos que aportan desde la consejería y otras explicaciones que dan en estos casos. “Nos llegaron a decir que era imposible que los docentes no reunieran las aptitudes para personarse en un escenario de este tipo porque tenían herramientas subidas en internet”, proyectó Fernando Mardones, su portavoz, en conversaciones con ElPlural.com. Por ello, pide el entorno de los damnificados, acudir a la Justicia siempre que puedan.
Volviendo al concierto que la Comunidad de Madrid paga a este colegio, vinculado asimismo al Opus Dei tanto por su relación con la Fundación Tajamar como por el servicio que presta la prelatura en el ámbito pastoral del centro, tal y como reconoció la oficina del Opus Dei en España a este medio de comunicación.
El presunto silencio destapado por ElPlural.com después de estudiar multitud de documentación -denuncias, testificales o diversas fuentes- ha generado ruido igualmente a nivel sindical, y es que el Sindicato de Estudiantes, con el apoyo de su plataforma feminista Libres y Combativas, reaccionaba a la presunta callada del centro complutense.
“Es consecuencia directa de la gestión de la enseñanza por parte de empresas privadas, que ponen por encima de todo su beneficio; y de la Iglesia Católica, que acumula como bien sabemos una larga tradición de permisividad con los abusos sexuales, especialmente a menores. La misma cultura de la violación que vivimos cada día, pero con aún más impunidad y con el disfraz de cordero de la religión”, proyectaba el sindicato.
Y apostillaba: “Como en ese caso -el de Sandra Peña, la menor que se quitó la vida el pasado 14 de octubre después de sufrir acoso escolar- aquí hay responsables directos además del agresor denunciado. Cómplices que han intentado barrer debajo de la alfombra y que tiene que dimitir directamente (…) La Comunidad de Madrid de Ayuso son una parte del problema”.