La Comunidad de Madrid, liderada por Isabel Díaz Ayuso, deberá hacer público cuánto paga al colegio Alborada, ubicado en Alcalá de Henares, de carácter concertado, debido a una petición que Más Madrid ha presentado para ello a través del Portal de Transparencia.
Izquierda Unida (IU) pedía a la administración Sol esta semana que rompiera el concurso con el espacio académico tras las denuncias por abusos sexuales supuestamente perpretrados por un ex cuidador del centro, y ahora es Más Madrid quien exige conocer qué montante percibe este centro y vinculado históricamente al Opus Dei tanto por su construcción, realizada por la Fundación Tajamar, como por el servicio que actualmente prestan sacerdotes de la prelatura para la atención pastoral del alumnado y familiares, tal y como reconocieron desde la oficina del Opus Dei en declaraciones a este medio de comunicación.
La Consejería de Educación, dirigido por Emilio Viciana, no aclaraba en preguntas a este periódico si había sopesado la posibilidad de romper el vínculo económico con El Alborada en un escenario en el que prima el silencio, del colegio, pero también de las administraciones públicas, y es que la callada de la Comunidad de Madrid no es nueva.
A finales de 2025, de nuevo Más Madrid registró una pregunta a la Mesa del organismo que capitanea Erique Ossorio, quien fuera homólogo de Viciana en el mandato anterior de la presidenta, pero no recibieron respuesta al considerar la región que el asunto escapaba a sus competencias, justo lo contrario que dicen desde Ayuntamiento complutense. “No se refiere su objeto a un asunto del ámbito regional, sino de un centro privado”, contestaba la Autonomía a Alicia Torija, miembro de la mesa regional.
Meses después, Rosa María Romero, portavoz de la formación en Alcalá y encargada de registrar la pregunta actual, tacha de "profundamente contradictorio" que la Comunidad "se declare incompetente para responder a preguntas relacionadas con la protección del alumnado o el impacto de una situación judicialmente sensible" mientras se declara "plenamente competente para financiar a ese mismo centro mediante cesiones de patrimonio público".
"Desde mayo de 2025 existen denuncias. No estamos pidiendo valoraciones judiciales ni datos personales, sino información objetiva sobre el uso de dinero y recursos públicos (...), dado que han existido informaciones y manifestaciones públicas sobre la gestión interna de los hechos bajo investigación judicial y otros, lo que refuerza la necesidad de transparencia en el uso de fondo público", desliza Romero: "Cuando un centro privado recibe financiación pública deja de ser un asunto exclusivamente privado. La ciudadanía tiene derecho a saber cuánto dinero público se destina, en qué condiciones y bajo qué controles".
No es un asunto exclusivamente privado
"No nos sentimos prioridad"
Tal y como lleva semanas recogiendo este periódico, los familiares de los menores, de entre tres y seis años y muchos de ellos con Trastorno del Espectro Autista (TEA) o problemas comunicativos, no tuvieron nada fácil el cambio de matrícula. Este punto depende de la Comunidad de Madrid y tanto el entorno de los niños y niñas como la oposición a nivel político sospechan que todos los hechos pueden tener relación entre sí.
Una de las familias, que prefieren mantener el anonimato, explica en conversación con este periódico que el cambio de centro les costó meses. “Solamente daban largas, hasta que la persona que sustituyó a la original lo hizo en dos días”, cuentan. “Hasta entonces decían que había prioridad para resolver cuestiones relativas a las notas de los alumnos (...) No nos sentimos prioridad”.
A esto hay que añadir que el subdirector del Alborada, Javier Doncel, es a su vez alcalde de Anchuelo (Madrid) por los ‘populares’. “Esto hace especialmente necesario extremar la transparencia en el uso de fondos y en la relación económica entre la administración autonómica y el citado centro ”, contempla la portavoz progresista.
En un plano más general, saliendo del caso concreto de este colegio concertado, la Confederación Autonómica de AMPAS y FAPAS de Madrid (CONFAPA) pide que se acuda a la Justicia porque considera que la Autonomía no hace todo lo que debería. Además, la asociación enfatiza en que la Consejería falsea los datos. “Nos dijeron que el 90% de los casos que empiezan como presunto acoso, terminan por no serlo; y evidentemente no nos los creímos, porque es imposible”, señalaba el portavoz de CONFAPA, Fernando Mardones. “También nos dijeron que era imposible que los docentes no reunieran las aptitudes porque tenían herramientas en internet”.
Según ha podido saber ElPlural.com, el ‘caso Alborada’, actualmente aún judicializado, encuentra su origen “aproximadamente” en septiembre de 2024, aunque no es hasta mayo del año siguiente que el colegio procedió a su despido. Además, los familiares hablan de los pocos recursos que desde el espacio pusieron a su disposición y de que la poca ayuda que les llegaba era con terapeutas y profesionales “afines” al centro o la orden.
Si está afectado/a por el 'caso Alborada' y no sabe dónde acudir puede dirigirse a las siguientes direcciones:
- Correo Electrónico: afectadosalborada@gmail.com
- X: @afect_alborada
- Instagram: afectadisalborada_