FITUR apaga los focos y el Gobierno de Ayuso esquiva el debate sobre el modelo turístico

FITUR vuelve a cerrar sus puertas dejando tras de sí el ritual ya conocido: cifras récord, discursos triunfalistas, stands espectaculares y una política turística convertida en marketing institucional. La edición de 2026 no ha sido una excepción. Más de 255.000 visitantes, 161 países representados y una Comunidad de Madrid que insiste en presentar el crecimiento turístico como sinónimo automático de éxito. Pero una vez desmontado el escaparate, la pregunta sigue siendo la misma - y sigue sin respuesta -: ¿quién gobierna el turismo en Madrid y con qué límites?

Este año, además, el cierre de FITUR coincide con un hecho relevante: ya se conoce el “Anteproyecto de reforma de la Ley de Ordenación del Turismo de la Comunidad de Madrid”, una norma de 1999 diseñada para un mundo que ya no existe. Podría haber sido la oportunidad para afrontar los retos reales del turismo contemporáneo - vivienda, saturación, precariedad laboral, impacto ambiental -. No lo ha sido. La reforma confirma algo inquietante: el Gobierno regional no quiere gobernar el turismo, quiere dejarlo crecer.

El propio stand de Madrid ha funcionado como metáfora perfecta del modelo que se impulsa. Bajo el concepto MADRING y con la Fórmula 1 como icono central, la Comunidad apuesta por el evento, el impacto mediático y la competición permanente por el récord. Más visitantes, más gasto, más titulares. Una política de escaparate que confunde visibilidad con planificación y crecimiento con éxito.

Los datos macroeconómicos se repiten como un mantra: el turismo representa en torno al 8,7 % del PIB regional, genera más de 28.500 millones de euros y emplea a unas 300.000 personas. En 2025, Madrid recibió cerca de 16 millones de visitantes, más de nueve millones internacionales, con Estados Unidos como principal mercado emisor. De ahí el énfasis institucional en el llamado “turista de alto valor”.

Pero conviene detenerse en la pregunta incómoda: ¿alto valor para quién? Porque el valor no se distribuye de manera neutral. Mientras se celebran experiencias de lujo de miles de euros - visitas privadas al Escorial o rutas gastronómicas exclusivas para ultrarricos -, crecen la presión sobre la vivienda, la expulsión vecinal y la precariedad laboral en el sector.

Uno de los datos más reveladores del modelo madrileño es que la mayor parte del gasto turístico de no residentes se canaliza a través del alquiler inmobiliario, especialmente viviendas de uso turístico. Y aquí la reforma legal es especialmente significativa.

El anteproyecto reconoce por primera vez las viviendas de uso turístico a rango de ley y las incorpora como modalidad oficial de alojamiento. Pero reconocer no es regular. La reforma no establece límites, no fija cupos, no introduce criterios de capacidad de carga, no refuerza la inspección de forma estructural ni vincula el turismo con la política de vivienda. Las VUT pasan de ser un problema urbano a ser simplemente una actividad económica más.

Es decir: la ley normaliza lo que ya tensiona barrios enteros. No protege el derecho a la vivienda ni la convivencia; protege la seguridad jurídica del negocio.

Otro de los ejes claros de la reforma es la consagración explícita de la libertad de precios en la actividad turística. El nuevo articulado deja claro que los precios se determinan libremente, con la única obligación de informar al consumidor. Ninguna herramienta de corrección en mercados tensionados. Ningún mecanismo de redistribución. Ningún límite.

El mensaje político es nítido: el mercado manda, incluso cuando sus efectos expulsan a residentes, encarecen la vida cotidiana y transforman el comercio de proximidad en franquicias globales orientadas al visitante. En resumen: libertad de precios, libertad de impactos (negativos).

Formalmente, la reforma es extensa: un único artículo con 25 apartados que modifica más de una veintena de artículos de la ley original. Pero el volumen no debe engañar. La mayoría de los cambios son técnicos y procedimentales: ajustes en la declaración responsable, actualización del régimen sancionador, incorporación de nuevas modalidades de alojamiento como hostels o áreas de autocaravanas.

Todo ello “puede” mejorar la gestión administrativa pero nada de ello define un modelo turístico. En esta reforma no encontrarás: estudios obligatorios de capacidad de carga, evaluación de impactos ambientales o climáticos, instrumentos de fiscalidad turística o fondos finalistas, espacios de gobernanza democrática con ayuntamientos, sindicatos o vecindario, ni una visión territorial que reconozca que no todo cabe en cualquier sitio. Y no encontrarás nada de esto porque ni hay estrategia, ni existe un modelo.

Mientras se habla de récords y de turistas premium, el empleo turístico sigue marcado por la precariedad. Los datos sindicales son claros: el sector bate cifras históricas de actividad, pero no consolida empleo estable, intensifica las cargas de trabajo y recurre crecientemente a la parcialidad como forma de precarización encubierta.

El turismo genera riqueza, sí, pero esa riqueza no llega proporcionalmente a quienes sostienen el sector. Y la reforma legal no incorpora ni una sola herramienta para dignificar el empleo, reforzar la negociación colectiva o vincular el crecimiento turístico a mejoras laborales. El empleo se convierte en otro de los grandes ausentes de este parcheado legislativo.

Mientras otras ciudades europeas avanzan hacia modelos basados en límites, planificación y sostenibilidad real, Madrid sigue instalada en la lógica del “crecer por crecer”. Lo dijo sin ambages el propio consejero de Turismo: “los grandes proyectos no tienen límite y el turismo en Madrid no lo tiene”. Una afirmación que choca frontalmente con el consenso académico, la experiencia de destinos maduros y el sentido común democrático.

Gobernar el turismo no es facilitar que lleguen más visitantes. Es decidir cuánto, dónde, cómo y para quién. Es anticipar impactos, repartir beneficios y proteger a quienes habitan la ciudad.

La reforma de la Ley de Turismo podía haber sido el momento para ese giro. No lo ha sido. El anteproyecto confirma una elección política clara: adaptar la ley al mercado, no el mercado a la región.

FITUR no debería ser sólo un escaparate de récords, sino el espacio para este debate incómodo pero imprescindible. Porque el verdadero éxito turístico no se mide en visitantes ni en titulares, sino en calidad de vida, cohesión social y sostenibilidad democrática. El turismo del futuro ya no se discute en términos de marketing verde. El debate ha avanzado hacia el turismo regenerativo, la digitalización de la gestión, el uso de datos para ordenar flujos y medir impactos. Nada de eso aparece en la reforma del Gobierno regional, que llega tarde incluso a los debates que ya están encima de la mesa.

Madrid aún está a tiempo de elegir otro camino. Pero para eso hace falta algo más que reformas cosméticas: hace falta voluntad política para gobernar el turismo en lugar de celebrarlo.

Alicia Torija López, diputada por Más Madrid en la Asamblea de Madrid