Este sábado se iba a celebrar en un espacio municipal de Arroyomolinos, donde el Partido Popular gobierna en coalición con Vecinos por Arroyomolinos, un acto para recordar a las 7.291 personas que fallecieron en los primeros días de la pandemia del Covid coincidiendo con los conocidos como protocolos de la vergüenza, que impidieron el traslado de pacientes de geriátricos a hospitales, privándoles así de recibir atención médica.
El encuentro va a contar -porque finalmente se va a celebrar, pero en otra ubicación- con la participación de Marea de Residencias, plataforma integrada por familiares, trabajadores y residentes y una de las que más ha puesto pie en pared contra la gestión ‘popular’ en esta materia; y de Manuel Rico, periodista que destapó los protocolos de la vergüenza y actualmente director de Público, quien presenta Vergüenza en las residencias. En la cita también se emitirá parte del documental de Juanjo Castro, 7.291.
ElPlural.com ha hablado con Lola Parra, miembro del colectivo y persona que se encargó de los trámites para que el evento se celebrase en el sitio local para ver cómo se ha gestado lo que a todas luces considera que obedece con una prohibición por parte del Consistorio: “Está clarísimo que es censura, porque además aquí está el ala más dura del PP, que es el de Ana Millán, exalcaldesa y mano derecha de Díaz Ayuso. Es una orden directa de Madrid”.
Es una orden directa de Madrid
El acto finalmente se llevará a cabo en el bar de la Avenida de las Castañeras, 36, pero los afectados no quieren dejar pasar la oportunidad de denunciar la enésima traba interpuesta por la derecha para que se hable de un tema especialmente delicado para Ayuso. “Escuece, si hubieran hecho bien su trabajo no sería así (…) Están desesperados “, considera.
“Ni para mentir tienen memoria”
Este periódico ha tenido acceso a los mensajes de whatsapps y los mails que la persona que expone la cuestión a este medio de comunicación se intercambió con las concejalías de Igualdad y de Cultura. Tal y como demuestran las conversaciones, el Ayuntamiento sí había autorizado en un principio el espacio, pero después revirtió la situación en una situación que no es sino un mar de contradicciones.
Así las cosas, la petición para reservar la sala se llevó a cabo el 27 de agosto, y el área de Igualdad confirmó la reserva para dentro de un mes exacto entre las 10:00 y las 14:00 horas. Además, solicitó a Parra que le detallara las necesidades técnicas: mesas, sillas, micrófonos, proyector, etc.
Todo transcurre con aparente normalidad hasta el 8 de septiembre, cuando el técnico municipal le asegura que todo estaba gestionado. A partir de ahí, el 13 de septiembre empieza la polémica, cuando Parra pide la dirección exacta del lugar para poder difundir el cartel en redes sociales.
Primero recibió la llamada de la oposición confirmando que el acto había sido cancelado, algo que le confirma el técnico. Después, Igualdad le indica que tiene que tramitar la reserva a través de Participación Ciudadana, que le termina diciendo que no tienen nada que ver con la suspensión y que la decisión procede del departamento de Cultura. La protagonista de estas líneas vuelve a dirigirse a las dos concejalías, pero ya sin éxito, pues ni siquiera obtiene respuesta.
Al detallar los motivos que le dan desde el Ayuntamiento pata no ceder el sitio, la integrante de Marea de Residencias desgrana que, según apuntaba en las últimas horas un periodista de El País que había logrado contactar con el Consistorio, era necesario el pago de unas tasas de las que a ella nunca se le informó -al final sí se habla de ellas, pero sin mencionar una cantidad que, el informador indica, le han cifrado en 295 euros-. Igualmente, nos cuenta que era necesaria la inscripción como asociación en el registro del Ayuntamiento, pero deja claro que la petición siempre fue a título personal.
“Hasta para mentir hay que tener memoria y pruebas”, condena dejando claro que, lo “único” que ha conseguido el Ejecutivo municipal ha sido “provocar más” y dejando claro que el acto se va a llevar a cabo igualmente, aunque tenga que ser en otro punto.
El alcalde, procesado
A la polémica se suma que esta semana el juzgado de Instrucción número 4 de Navalcarnero procesaba al alcalde de Arroyomolinos, Luis Quiroga, sucesor de Millán - número 3 de Ayuso- en el cargo por un supuesta comisión de delitos como prevaricación, falsedad en documento mercantil y malversación.