Hace ya años que los eventos taurinos que financia la Comunidad de Madrid tienen casi siempre un mismo beneficiario: la Fundación Toro de Lidia. Esta entidad, calificada por los propios profesionales como una "patronal de especulación", y cuyo convenio con el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso tumbó la Justicia por ser una "subvención encubierta" de más de 1,4 millones de euros, concentra la mayoría de contratos y subvenciones que concede el Ejecutivo regional a la tauromaquia desde hace años.
Este miércoles, como anunciaron que harían, Más Madrid ha presentado una denuncia ante el Tribunal de Cuentas en la que alerta de "una presunta red de fraude y favoritismo en la gestión de subvenciones taurinas" de la Comunidad de Madrid. La formación de Manuela Bergerot pone el foco en Espectáculos Marisma S.L., que ha multiplicado por cinco sus ingresos en los últimos cuatro años mientras se beneficiaban de la mayoría de los contratos del Gobierno de Ayuso.
El escrito, al que ha tenido acceso ElPlural.com, describe la relación entre la Comunidad de Madrid y la Fundación Toro de Lidia entre 2021 y 2025, años en los que se firmaron hasta siete convenios para "impulsar la Fiesta del Toro en la Comunidad de Madrid, haciendo partícipes de dicho impulso a los distintos municipios de la región con tradición taurina".
Entre ellos está el que tumbó el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), por el que ambas entidades acordaron aportar casi 1,7 millones de euros para poner en marcha la Fiesta del Toro en la región en los años 2023 y 2024. La Administración regional se comprometía a sacar 1,4 millones de las arcas públicas para aportar a este convenio, a los que ocho meses después sumaron otros 80.000. La Justicia consideró que detrás de esta figura del "convenio de colaboración" se articulaba una "subvención encubierta" que permitía evitar "los controles inherentes a la contratación pública y a la concurrencia competitiva", según recoge la denuncia.
De hecho, para 2025 se sustituyó esa fórmula por la de "subvención normativa", que coincide con lo que dictó el TSJM a raíz del recurso de la Asociación Sindical de Profesionales Taurinos Independientes (ASPROT) en 2023, que era que el supuesto convenio cumplía los principios de la Ley de Subvenciones y que, por tanto, debía regirse por ella. Más Madrid señala que esto es una "admisión administrativa implícita" de que el mecanismo anterior era jurídicamente inadecuado.
El "cártel empresarial" del PP y la Fundación
La denuncia prosigue explicando que Más Madrid solicitó acceder a la información técnica sobre la concurrencia de la Fundación Toro de Lidia a esos convenios en la Asamblea regional. Sin embargo, la Mesa de la Cámara de Vallecas, que controla el Partido Popular, se negó a facilitarla. Pero más allá de eso, el texto desglosa todos los contratos de festejos taurinos adjudicados a empresas que forman parte de la Fundación en el marco de esos convenios entre 2021 y 2025.
Son 119 espectáculos en 27 municipios de la Comunidad de Madrid, en los que los mismas empresas repetían año tras año. Aproximadamente la mitad de los contratos los facturaron dos empresas. Una es Marisma, que organizó un total de 37 festejos por un valor de 1,2 millones de euros. La otra es Ofetauro, que facturó 922.000 euros en 24 espectáculos. En el caso de la primera, en 2025 ha llegado a acaparar el 37% de los espectáculos y del presupuesto, después de sucesivas modificaciones de las bases reguladoras que ampliaban el número máximo de plazas adjudicables por empresario.
Más Madrid advierte de que estos cambios han resultado en un claro beneficio recurrente a Marisma, y habla directamente de un "modus operandi claramente fraudulento" y un posible "cártel empresarial" articulado en una red clientelar integrada por la Fundación Toro de Lidia, la Comunidad de Madrid y ayuntamientos madrileños gobernados por el PP.
La denuncia pide fiscalizar también los convenios suscritos con otras comunidades autónomas por una posible duplicidad de gastos. La Fundación Toro de Lidia también organiza proyectos como la Liga Nacional de Novilladas, recibe fondos de otras comunidades autónomas gobernadas por el PP como Andalucía, Extremadura, la Comunidad Valenciana o Castilla y León. En esta última, la Justicia también tumbó uno de sus convenios por motivos similares a los que esgrimió el TSJM.
La denuncia sitúa en 5,6 millones de euros los fondos públicos que ha recibido la Fundación de distintas administraciones, y advierte de posible doble o triple financiación de sus gastos estructurales de dirección, coordinación, comunicación o administración. Más Madrid pone el foco también en la falta de transparencia de la Fundación, que no habría publicado adecuadamente cuentas anuales, auditorías ni detalle de gastos de personal y estructura.
La ofensiva de Más Madrid contra el "dinero a paladas" de Ayuso a la Fundación
Este es el siguiente paso de la ofensiva de Más Madrid contra Ayuso y la Fundación Toro de Lidia, que comenzó en marzo. La semana pasada, la formación registró una batería de solicitudes para fiscalizar el dinero público que se invierte en eventos organizados por esta entidad en la región. La diputada Marisa Escalante registró en la Asamblea de Madrid para conocer el balance de gastos de las ediciones de 2025 de la Copa Chenel, que cada año recorre varios municipios madrileños y que este año durará hasta el próximo 30 de julio, y del Circuito de Novilladas de la Comunidad de Madrid, evento anual organizado entre la región y la Fundación Toro de Lidia.
Esta fue la segunda embestida de la "ofensiva parlamentaria" que los de Bergerot comenzaron para conocer más detalles sobre los contratos públicos, especialmente por Espectáculos Marisma. En marzo, en lo que llamaron la "primera ola", ya solicitaron al Tribunal de Cuentas que fiscalice "los convenios y subvenciones vinculados a la Fundación Toro de Lidia", como piden en la denuncia presentada este miércoles.
Además, pidieron las comparecencias en la Asamblea del director del Centro de Asuntos Taurinos, Miguel Ángel Martín; y el presidente de la Fundación Toro de Lidia, el ganadero Victorino Martín García. Querían que ambos respondieran ante la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara regional, y en el caso del ganadero también ante la de Cultura, algo que, de momento, no se ha producido. El objetivo era determinar si "se han vulnerado normas básicas en materia de contratación pública, subvenciones o régimen jurídico de los convenios administrativos", para lo que también pidieron la activación de una petición de fiscalización en la Comisión de Hacienda.
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