Comprar una vivienda en la Comunidad de Madrid es una utopía para la casi totalidad de sus ciudadanos, con la salvedad de aquellos que siguen enriqueciéndose con la especulación inmobiliaria y adquiriendo cada vez más propiedades. Sin embargo, lejos de abordar este círculo vicioso, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, abiertamente defensor del 1% privilegiado que somete a los madrileños, ha llevado su trato de favor a los ricos al nivel de reconocer sin rubor que con 50 años, y después de más de media vida trabajando, en la autonomía de la libertad no puedes comprare un piso. Y el culpable eres tú por pobre.
La última decisión del Ejecutivo del Partido Popular (PP) es cristalina en lo que a posicionamiento político se refiere. La problemática no es que en Madrid cuchitriles sin ventanas rocen el medio millón de euros, sino que la gente no pueda pagarlos; razón que ha llevado a la Comunidad a ampliar su línea de avales de Primera Vivienda a personas de hasta 50 años e inmuebles de 425.000 euros (más gastos de gestión e impuestos). Eso sí, el único requisito es que tengas solvencia económica; es decir, absténgase trabajadores que no puedan asumir un pago mensual de más 1.000 euros de hipoteca sin que este supere el 30% de sus ingresos.
Cualquier persona que no goce de una vivienda en propiedad, pese a que tenga unos ingresos o patrimonio disparados, puede acceder a estos avales y tan solo tendrá que fijar la vivienda adquirida como habitual y permanente durante dos años, después puede hacer con ella lo que quiera, lo que se traduce en la capacidad pasar a especular con el inmueble tanto en alquiler como en reventa. Y, en la práctica, el no tope a ingresos máximos ni la exigencia a bancos de aceptación de perfiles con menor capacidad se traduce en que tan solo podrán acceder los ciudadanos con rentas superiores a las del trabajador medio.
Todo ello, además, colaborando directamente de la espiral de precios alcista de la Comunidad de Madrid, pues se fomenta la compra a precios disparados, y apostando por un endeudamiento elevado y a mayor tiempo vista, un riesgo claro a largo plazo. Pues 25 millones de euros públicos va a destinar la Comunidad de Madrid a que especuladores puedan seguir vendiendo viviendas a precios disparatados a madrileños que no pueden asumir siquiera la entrada, para goce también de las entidades bancarias colaboradoras, que establecen tipos de interés más altos, hasta un 1% más, en los préstamos beneficiados de estos avales.
Los beneficiados están claramente definidos y no parecen encontrarse entra la población madrileña. Un trabajador de 50 años, pese a cobrar un sueldo por encima de la media, que quiera dejar de pagar 1.500 euros de alquiler podrá ahora intentar acceder a un piso de 60 metros cuadrados en un barrio periférico al módico precio de 350.000 euros, pero en vez de abonar 70.000 euros de entrada tendrá la suerte de tener que pagar solo 35.000 (pues entre 45 y 50 años se avala el 90%) y asumirá la diferencia inicial a futuro, mucho más cara durante la devolución del préstamo hipotecario gracias a los intereses bancarios por encima de lo normal en estos casos.
Los especuladores venden al precio que gusten, los bancos sacan mayor interés por la hipoteca y el ciudadano que acceda al aval acaba pagando un total mayor por el conjunto del préstamo. Una decisión que, aparte de ser absorbida enteramente por el capital, reconoce abiertamente que la habitabilidad en Madrid está muy lejos de afectar solo a la juventud o a los estratos más vulnerables. Barrios vendidos a los grandes fondos y fortunas, pero a los que ahora la población podrá volver por un módico precio y con la alegría de contar con el aval del Gobierno de Ayuso.
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