Las educadoras infantiles, que mantienen sus reivindicaciones, denuncian que la Comunidad de Madrid negocia a sus espaldas con los ayuntamientos en mitad de la huelga indefinida. Según un comunicado de prensa de CGT remitido por las profesionales, la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades y los municipios habrían blindado los acuerdos monetarios del curso anterior.
Estos compromisos, cuyo resultado no habrían tenido en cuenta a las profesionales del ciclo 0-3 años, están publicados en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM), entre quejas de la parte damnificada.
De esta manera, el sindicato ya denunció en mayo que se habían rubricado acuerdos entre el departamento de Mercedes Zarzalejo y nueve municipios, pero que esto era solo un “aperitivo” de la firma con todas las localidades de la Comunidad de Madrid que se siguieron llevando a cabo entre lo que restaba de mes y este junio.
De hecho, siempre según la versión de CGT, muchos de los documentos se habían firmado durante los primeros días de abril. “Desde este sindicato denunciamos públicamente que la Comunidad de Madrid ha adelantado y acelerado mediante dichas adendas la firma durante la huelga indefinida (…) En el BOCM se ha comenzado a publicar en mayo, pero las firmas de dichas enmiendas comenzaron pocos días después del inicio de la huelga”, señala el agente social.
"Saltándose la negociación previa"
El sindicato cifra en 87 las adendas firmadas a fecha de 20 de junio, lo cual “anula la capacidad negociadora del comité de huelga con la administración en cuanto a ratios, pareja educativa o mejora de los salarios”, tres de las reclamaciones principales de las educadoras de Infantil.
“La Consejería y estos ayuntamientos, saltándose la negociación previa a una posible solución a la huelga indefinida en el sector, y sobre todo, obviando las reivindicaciones de las educadores de 0 a 3, se han apresurado a blindar el acuerdo existente y que, por tanto, no están dispuestos a negociar”, esgrimen.
CGT detalla que dichas adendas contemplan el precio por plaza y alumno en 1760 euros y la plaza en extensión en 1.460 euros. En 2025, aseveran, el montante fue de 1669 euros.
En cifras del sindicato, la Red Pública de la región madrileña está integrada por 392 centros educativos para menores de hasta 3 años. De ellos, 264 son Escuelas Infantiles, 137 de titularidad autonómica y 127 municipales, mientras que los 128 restantes se corresponden a Casas de Niños; 124 de titularidad pública y cuatro dependientes de la administración de la Puerta del Sol.
Las educadoras de 0-3 años siguen en huelga
Las educadoras siguen con su huelga indefinida. Esta semana, tendrá lugar una nueva ronda de concentraciones, principalmente este martes, frente a la patronal; y el próximo miércoles, frente a la Consejería de Educación.
Para exhibir músculo, durante semanas se han dado cita también en la Puerta del Sol. El último ejemplo de ello fue el pasado jueves, cuando cientos de camisetas amarillas se colocaron frente a la sede de la Autonomía para exigir mejoras.
Las educadoras reciben el respaldo mayoritario del entorno que, sin embargo, lamentan tener dificultades para conciliar. A pesar de ello, antes de esta convocatoria, sin ir más lejos, los padres y madres presentaron 20.000 firmas ante la Consejería de Educación para respaldar a quienes educan y cuidan a sus hijos. De ellas, 8.000 se correspondían con familiares y las otras 12.000 procedían de colectivos y ciudadanos que también aplauden lo que están haciendo.
La huelga de estas profesionales es histórica, y es que el parón comenzó el pasado 7 de abril. Lejos de tener fecha fin, la idea pasaría por arrancar el curso después del verano con una huelga indefinida.
La movilización ha rebasado los términos regionales y se sitúa en el ámbito estatal después de que el pasado 7 de mayo, el primer ciclo de Educación Infantil viviera su primera jornada de huelga en el Estado.
Sus reclamaciones son ya de sobra conocidas: mejoras salariales o una reducción del número de alumnos por aula.
Sobre lo primero, el sueldo de las trabajadoras apenas supera los 1.200 euros mensuales, o lo que es lo mismo, el salario mínimo interprofesional. En cuanto tiene que ver con las ratios, la ley establece un máximo de 20 alumnos por aula para los niños de dos y tres años, una cifra que, mantienen, no permite ofrecer la atención y el acompañamiento educativo que los pequeños necesitan.
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