“El mayor denunciador de la villa”. Así calificaban hace meses desde Más Madrid al novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, para referirse a las múltiples querellas que había elevado a políticos, partidos y que después amplió a periodistas por referirse a su persona como “defraudador confeso”.

Sin embargo, el término nunca adquirió tanto sentido como el que tiene desde hace unos días, cuando ha salido a la luz que el empresario no se había referido solamente a la Fiscalía para reconocer sus delitos fiscales, sino que también se dirigió a la Abogacía del Estado. En consecuencia, el protagonista de estas líneas pasaría a ser “doble defraudador confeso”.

Con ello, si antes el recorrido de estas querellas se presuponía corto, ahora es prácticamente nulo en tanto en cuanto carece de sentido querellarse porque alguien te llame lo que eres. Xabier Fortes lo explicaba muy bien en 24 Horas cuando expuso en directo el contenido de la querella que le llegó a él y otros compañeros de profesión:

“El propio González Amador por medio de sus abogados reconoce literalmente en un documento remitido a la Fiscalía que ciertamente se han cometido -abro comillas- dos delitos contra la Hacienda Pública. Evidentemente, por si había dudas, me reafirmo en la expresión utilizada por cuanto es obvio que el mismo querellante ha reconocido el fraude cometido, o referido documento, remitido a la Fiscalía; y que no solo no ha negado, sino que además ha venido a validar al denunciado la filtración del mismo (…) No encuentro otra forma más ajustada al diccionario que definir como defraudador confeso a alguien que confiesa ser un defraudador”.

Con todo, la lista del novio de Ayuso por referirse a él de esta manera alcanza cerca de una quincena de personas y el montante se sitúa por encima de los 360.000 euros. Estos son los nombres, entre los que aparece, por ejemplo, el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, así como las cantidades reclamadas.

  • Pedro Sánchez: 100.000 euros.
  • María Jesús Montero: 40.000 euros.
  • Pilar Alegría: 40.000 euros.
  • Félix Bolaños: 50.000 euros.
  • Isabel Rodríguez: 20.000 euros.
  • Diana Morant:  15.000 euros.
  • María Reyes Maroto: 20.000 euros.
  • José Zaragoza: 10.000 euros.
  • Ion Antolín: 30.000 euros.
  • Rita Maestre: 15.000 euros.
  • Manuela Bergerot: 20.000 euros.

A ellos hay que sumarle los 30.000 euros que el compañero sentimental de la presidenta pedía al PSOE y los 15.000 que solicitaba a Más Madrid.

Doble fraude fiscal

El novio de la presidenta de la región madrileña admitió su implicación en dos delitos fiscales también ante la Abogacía del Estado, a pesar de que lo ha ocultado duranta alrededor de un año. Con ello, este nuevo avance de los hechos desmonta la estrategia de su defensa, que hasta ahora había centrado sus alegaciones exclusivamente en la Fiscalía.

Así las cosas, el 2 de febrero de 2024, el abogado de González Amador, Carlos Neira, envió un correo electrónico a la Fiscalía de Delitos Económicos en el que su cliente reconocía haber cometido fraude fiscal. Apenas doce minutos después, a las 12:58 horas, remitió la misma confesión a la Abogacía del Estado, organismo dependiente del Ministerio de Presidencia y Justicia.

El correo, con el asunto "Propuesta conformidad penal delito contra la HP Maxwell", reflejaba la intención del empresario de llegar a un acuerdo de conformidad penal, asumiendo los hechos y comprometiéndose a devolver el dinero defraudado, incluyendo los intereses de demora exigidos por la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT).

Hasta este momento, la defensa de González Amador había insistido en que la única institución que había recibido la confesión era la Fiscalía. Sin embargo, la confirmación de que también fue enviada a la Abogacía del Estado amplía el número de personas que tuvieron acceso al documento un mes antes de que se filtrara a los medios de comunicación.

Esta revelación cobra aún más importancia en el marco de la investigación judicial en marcha. El Tribunal Supremo ha abierto una causa contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un presunto delito de revelación de secretos. La denuncia partió del propio González Amador, quien acusó a la Fiscalía de haber difundido públicamente información sobre su acuerdo de conformidad antes de que se hiciera oficial.

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