Comisiones Obreras (CCOO) en su sección de Educación ha denunciado al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso por imponer la jornada partida en los colegios públicos de la Autonomía, una decisión que, venía alertando la docencia, beneficiaba a las empresas privadas.
Ahora, el sindicato ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo al considerar que carece de estudios que avalen la decisión y que se aprobó sin que la administración regional lo negociara con la comunidad educativa.
Según CCOO, el decreto “introduce un cambio de modelo sin aportar informes que justifiquen su necesidad educativa”. En este sentido, la Secretaria General de la Federación, Aída San Millán, afea al Ejecutivo que “no se ha evaluado el impacto real” y que el “interés superior del menor se utiliza de forma interesada sin evidencias que lo respalden”,
Esta medida, fruto de una “decisión previamente tomada, limita la decisión de los centros que actualmente tienen jornada continua y no da pie a modificación futura”. Además “reemplaza el sistema de votación vinculante por una mera consulta, dejando la decisión final en manos de la Administración”.
El sindicato alerta asimismo del impacto que puede tener en el profesorado, desde la conciliación familiar hasta problemas en el transporte, pasando por los tiempos muertos entre sesiones. En definitiva, “se altera sustancialmente la organización del trabajo docente sin justificar la necesidad del cambio”.
CCOO habla también de “inseguridad jurídica” después de denunciar públicamente la medida, oposición en los órganos de negociación y recurso judicial: “Mantenemos nuestro compromiso de defender una educación pública de calidad basada en la autonomía de los centros, la participación democrática y el respeto a las condiciones laborales del profesorado”.
El profesorado, en contra
En plenas vacaciones de Navidad, el Ejecutivo con mayoría absoluta del PP aprobó “sin consenso” que quería implantar este nuevo modelo en las aulas públicas de la región. La propuesta pretendía concentrar parte de las clases en horario matinal -como podría ser de 9:00 a 12:30-, y la otra parte por la tarde; de 14:30 a 16:00 por ejemplo.
El profesorado considera que la decisión abre la puerta a las empresas privadas porque pocas familias pueden ir a recoger a sus hijos en pleno horario laboral, volver a llevarlos y después recogerlos otra vez.
La Consejería de Educación defendió que el objetivo de era “mejorar el rendimiento académico de los alumnos” y, en contra de lo que señalan sindicatos, oposición y profesorado, “favorece la conciliación y amplía la capacidad de elección de las familias madrileñas”.
La iniciativa, que permite que la jornada continua durante los meses de septiembre y junio, debe partir de al menos un tercio del Consejo del centro -que lo conforman padres, profesores, personal de administración y representantes municipales- e incorporar consulta al claustro y a las familias. El resultado se adoptará después de someterlo a votación; bien presencial, bien telemática, requiriéndose la mayoría de los votos emitidos.
El presidente del Consejo Escolar informará al claustro y a los miembros del órgano, y después trasladará la decisión a la Dirección de Área Territorial (DAT) correspondiente. Se espera que todo este procedimiento esté finalizado antes del 15 de marzo, de manera que los centros pueden organizarse para implementarla en el curso siguiente. De esta manera, explicaba el Ejecutivo, los colegios que ya contaran con horario continuado antes de que entre en vigor la norma “podrán mantenerlo sin cambios”.