Un nuevo episodio de polémica ha removido el escenario de la Comunidad de Madrid en torno a las residencias de ancianos públicas. Según ha denunciado este lunes la Asociación Plataforma por la Dignidad de las personas mayores en las residencias (Pladigmare), una residente de 84 años ha sido expulsada del centro Bouco Carabanchel después de que su hijo denunciase las “deficiencias” en la gestión interna.
Tal y como ha denunciado la plataforma en un comunicado, ha referido que el centro geriátrico pertenece a uno de “los principales fondos de inversión” del sector, acreditada a su vez por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y que, por ende, forma parte de la red pública madrileña, aunque hay residentes que cuentan con la prestación económica conocida como “cheque-servicio”.
Desde Pladigmare, aseguran que la expulsión de la anciana de 84 años del centro, que sufre de alzheimer y grado de dependencia en estadio III, es “un atentado a la libertad de expresión y de información”, lamentando a su vez que “no es la primera vez que sucede” en la región una situación de similares características.
Debido a que el hijo de la afectada repartió hojas informativas y con pasos explicativos entre otros familiares animando a denunciar las deficiencias de la residencia, la asociación ha rechazado “categóricamente” que actuación “sea constitutiva de ninguna falta de contrato suscrito” con el centro ni su reglamento interno. “En cualquier caso, no se puede culpar a la madre de lo que haga su hijo. Repugna a la más elemental racionalidad”, han reprochado.
La comunicación del centro con la expulsión de la que hasta hace poco era una de sus residentes “pretende hacer pasar como falta grave una conducta anterior del hijo que fue sancionada con una amonestación escrita”, que se refiere a una falta leve, han proseguido explicando desde Pladigmare. Y, todo, ello en aras de sancionar a una anciana con su propia expulsión por la conducta del hijo “que sólo en las repúblicas bananeras puede ser motivo de sanción”, han agregado a modo de crítica.
En este sentido, se han remitido a lo vigente en la Ley 12/2022 de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid, en la que se penaliza como falta grave el tomar represalias tanto contra usuarios como familiares como consecuencia del ejercicio de sus derechos. En ello, se refleja la omisión del deber de “facilitar información, faltar al respeto, establecer castigos o limitaciones de derechos injustos o amenazar con llevarlos a cabo como represalia opresión al personal de centros y servicios, usuarios o sus familiares o acompañantes como consecuencia del ejercicio de sus respectivos derechos o para disuadir de hacerlo, siempre que no sean constitutivas de delito”, tal y como reza en el artículo 97 r) de la normativa regional.
Exigen responsabilidades al Gobierno de Ayuso
Debido a la magnitud y las consecuencias de este caso, desde Pladigmare han avanzado que solicitarán a la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales del Gobierno de Ayuso, encabezada por Ana Dávila, que sancione a la residencia “con falta muy grave” y que, a su vez, inhabilite al director del centro para ejercer en este cargo, además como gestor o administrador de otras residencias o servicios de atención social “por un tiempo de cinco años”.
Entienden así que el Gobierno de Ayuso “no puede desentenderse de estas actuaciones abusivas por parte de quienes han convertido las residencias en un negocio, que prima el beneficio sobre el bienestar de los mayores y sus cuidados. Tiene que aplicar las leyes de que se ha dotado y sancionar estas actuaciones delirantes porque, si no, estará prevaricando”.
Así las cosas, y en caso de que no se produzca una rectificación de los hechos, han emplazado a celebrar una próxima concentración este sábado 11 de abril a las 13:00 horas del mediodía a las puertas de la Residencia Bouco Carabanchel a modo de protesta.