Críticos con Ayuso y MAR reclaman un comité ejecutivo para denunciar el incumplimiento de las normas del PP de Madrid

Pablo Casado abandonó el PP por la puerta de atrás en febrero de 2022 después de que denunciara, tanto de forma interna como pública, la posible corrupción en el entorno de Isabel Díaz Ayuso, quien ya 'residía' en Sol. Ahora, cuatro años después, su fantasma parece haber regresado a la sede de los populares en Madrid, donde reinan el malestar y la inquietud. Tanto es así que el sector más crítico con la presidenta regional y su jefe de Gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, reclaman un comité ejecutivo para denunciar el incumplimiento de las normas del PP madrileño.

Según informa ElConstitucional.es, la oleada de nombramientos y ceses, interpretados como "dedazos", bajo la dirección de Díaz Ayuso está sembrando el germen de una inquietud que recuerda lo que ya se vivió en el seno de Sol durante la etapa de Pablo Casado. Distintas voces del partido reconocen al mencionado diario que la situación está "muy revuelta" y que "la gente [del PP de Madrid] está desesperada y descolocada”, siendo una de las causas principales de esta agitación el papel de los ejecutores de Miguel Ángel Rodríguez y Ayuso, Ana Millán y José Antonio Sánchez.

El recuerdo de la etapa de Pablo Casado planea sobre las conversaciones internas. Entonces se denunciaron supuestas maniobras de control orgánico que desembocaron en una grave fractura dentro del partido madrileño, con acusaciones cruzadas y un clima de máxima tensión. En aquel periodo se señaló a dirigentes próximos a la actual dirección por su implicación en dinámicas de confrontación, como los mismos Sánchez y Millán, frente a otros referentes como Ana Camins o Pío García-Escudero. Por eso, subrayan ahora algunas voces, resulta llamativo que prácticas que en su momento fueron calificadas de inaceptables vuelvan a ponerse sobre la mesa - "e incluso agravarse"- sin que, a su juicio, exista la misma exigencia interna.

El debate también ha terminado por centrarse en el cumplimiento de los plazos estatutarios. La última Junta Directiva Autonómica se celebró el 29 de septiembre de 2025 pese a que los estatutos marcan que este órgano debe reunirse al menos una vez cada cuatro meses, lo que situaba la siguiente convocatoria a finales de enero de 2026 como máximo. Por lo tanto, a fecha de publicación de este artículo, el plazo ya ha sido superado. Para los críticos, no es un mero retraso administrativo, sino una cuestión de garantías internas: “Cuando los órganos no se convocan y las decisiones se adoptan sin debate ni explicaciones suficientes, el desgaste es inevitable”.

Con este panorama, la exigencia de convocar cuanto antes el Comité Ejecutivo autonómico se ha convertido en el principal punto de coincidencia entre las voces críticas. Aseguran que no persiguen una confrontación personal con Ayuso ni con su entorno, sino que se respeten las normas que rigen el funcionamiento del partido: “Si en el pasado se denunciaron prácticas por considerarlas contrarias al funcionamiento estatutario, ahora debemos ser igual de exigentes”, señalan al citado medio. Todo apunta a que este encuentro se convocará en los próximos días, con el objetivo de rebajar la presión y recuperar el cumplimiento de las normas. 

Y es que, en las últimas semanas, las tensiones en el PP de Madrid han sido más que evidentes, siendo protagonistas las destituciones y relevos que han tenido impacto tanto en la Asamblea de Madrid como en la organización territorial. Algunos de los cargos apartados desempeñaban responsabilidades relevantes y, según trasladan fuentes consultadas, no se ha ofrecido una justificación detallada de los cambios. Por otro lado, la creación de nuevas gestoras locales que "no habrían sido sometidas a la aprobación formal del Comité Ejecutivo ni de la Junta Directiva, tal y como recogen los estatutos del partido".

A este escenario se suman episodios que han contribuido a aumentar la sensación de inestabilidad, como la dimisión del alcalde de Morata de Tajuña, municipio vinculado políticamente al entorno de José Antonio Sánchez, o la denuncia al alcalde de Móstoles, acusado de agresión sexual y laboral por parte de una exconcejal del partido. Para varios dirigentes locales, estos casos solo evidencian la necesidad de reforzar la transparencia y clarificar el rumbo orgánico.