Un solo delito de odio ya es suficiente para poner pie en pared contra ello, pero, por desgracia, las amenazas están demasiado a la orden del día. Quizá sea por la falsa valentía que aporta el esconderse detrás del anonimato, o a lo mejor se debe a la creciente tensión política, ratificada por las derechas. Probablemente, sea resultado de una mezcla de varios factores pero, sea, como fuere, lo que parece evidente es que raro es el día que no aparece en los medios de comunicación una noticia en esta línea.
A nivel estrictamente político, en las últimas horas ha sido víctima de esta cacería Antonio Giraldo, portavoz de Urbanismo del PSOE de Madrid (PSOE-M) en el Ayuntamiento. En su cuenta de X, antiguo Twitter, el concejal expresaba que había tenido que solicitar seguridad personal a la policía municipal de la ciudad ante “amenazas personales recibidas”. “Urbanismo delirante al que mi mensaje, acompañado de la justicia, molesta”, afinaba.
ElPlural.com se ha puesto en contacto con él para condenar este tipo de ataques -procedan de donde procedan y vayan dirigidos a quien vaya dirigidoS- y para saber un poco más en detalle con qué se corresponde su caso personal.
El telón de fondo se sitúa en una sentencia de la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo que llegó el pasado lunes, mediante la cual el Alto Tribunal desestimaba los recursos interpuestos por el consistorio de Cibeles para intentar salvar el proyecto urbanístico de edificar cientos de pisos sobre los terrenos de las cocheras de Cuatro Caminos.
El propio equipo municipal, la Comunidad de Madrid, la empresa Metro capitalina y la promotora Residencial Metropolitan presentaron un recurso de casación en contra de la sentencia del TSJM del pasado mes de mayo, que tumbaba un acuerdo de un Consejo de Gobierno regional de 2023 en el que se decidió aprobar una modificación del Plan de Ordenación Urbana de Madrid para que el proyecto saliera adelante.
Esta idea, que contemplaba varios edificios, entre ellos un rascacielos de más de 100 metros, y 400 pisos en un terreno vendido a 443 cooperativas en 2014 ha encontrado históricamente el rechazo de oposición y asociaciones de preservación de patrimonio o Ecologistas -como Ecologistas en Acción- por incumplir normas urbanísticas.
"Séquito de cientos de comentarios"
En este contexto, Giraldo comprende el enfado de las familias que compraron el terreno hace ya diez años, pero considera que “están dirigiendo el cabreo contra quien no tiene la culpa”. Él, asegura, solo comentó en redes sociales “las chapuzas del gobierno municipal” que “han abocado a estas familias a un solar”. Pero no es algo que diga él, sino que, subraya, las críticas llegan de diferentes ámbitos, siempre contra la gestión del Ayuntamiento. E incluso la propia justicia se ha posicionado en contra.
“Yo no tengo ninguna responsabilidad, pero me han empezado a llegar mensajes de que nos alegramos -mi grupo- de que familias se queden en la calle, que estamos en contra de la vivienda, etc”, ejemplifica, refrendando que empezaron a retuitear “un montón de cuentas, prácticamente todas, de extrema derecha”.
“Recibí un séquito de cientos de comentarios y algunos con amenazas de muerte del tipo ‘Hay que coger a este chico, llevarle ahí y quemarle’; ‘Vamos a ir a buscarte a la comisión y te vamos a pasar por la carita lo que estás diciendo’; ‘Hay que matarle, se fusila poco’ o ‘Sabemos dónde trabajas, iremos a tu casa’…”, relata.
Está convencido de que los ataques provienen de estos bots ultraderechistas. “Los cooperativistas ya estuvieron en un pleno hace un par de años, estuvieron insultándonos y demás”, reconoce, “pero no tengo constancia de que ninguna de esas familias sea la que me haya mandado amenazas de muerte”.
Insiste en que ellos son “concejales en la oposición”. “Lo único que hacemos es presentar alegaciones en las que advertimos que las cosas se pueden estar haciendo mal (…) Los proyectos los aprueba el Ayuntamiento de Madrid, la Comunidad de Madrid y nuestra responsabilidad aquí es nula”.
“Entiendo que para ellos sea una realidad difícil asumir que el Ayuntamiento les abocan una y otra vez al fracaso, pero no creo que se pueda echar la culpa a quienes denuncian”, detalla, manteniendo que se puede discrepar, pero desde luego, no traspasar determinadas líneas rojas.
En esta situación, interpondrá denuncia, convencido de que este tipo de actos “no pueden quedar impunes”, sino que “son delitos” y, como tal, “tienen que ser perseguidos”. Además, proyecta que el próximo lunes va a llevar a comisión el tema de Cuatro Caminos, con lo que el riesgo es más elevado al margen de que “suele ser gente cobarde que escribe, pero luego no hace nada”.