La consejera de Educación de la Comunidad de Madrid, Mercedes Zarzalejo, no ha puesto todavía por escrito las medidas que prometió a las educadoras infantiles, siendo éste uno de los motivos por los que las negociaciones están encalladas y la huelga indefinida sigue.
ElPlural.com se ha puesto en contacto con las profesionales que llevan más de un mes tiñendo de amarillo la capital para conocer su reacción a esta negativa regional. Nos atiende al otro lado del teléfono Rosa Marín, representante de este sector, en medio de una de las numerosas protestas que llevan semanas ocurriendo contra la gestión del departamento hacia ellas.
Marín deja claro que las profesionales exigen la rúbrica de las condiciones para que la Consejería se comprometa fehacientemente a su cumplimiento porque “las palabras se las lleva el viento”. Asimismo, lamenta que la administración “juega al despiste” y que al final, tendrá que firmar "si quiere que volvamos a las aulas".
Los compromisos que Zarzalejo adquirió con la plataforma de educadoras del ciclo 0-3 años en huelga cuando se reunió con ellas hace unas semanas pasan por la introducción de la pareja educativa en todas las escuelas de la Comunidad de Madrid, renunciar a prorrogar los contratos vigentes y mejorar las nuevas licitaciones o mejorar la financiación para 2027. Asimismo, la revisión y mejora de las infraestructuras de las escuelas infantiles de gestión directa con carácter inmediato.
Los partidos de la oposición presionan y la comunidad educativa también en favor de las educadoras, que llevan nueve semanas en huelga mientras la responsable del equipo de Isabel Díaz Ayuso sigue sin percibirlas como un agente negociador como sí son, por ejemplo, los sindicatos.
Un punto especialmente controvertido sigue siendo el de las ratios. El personal docente se queja de que no da abasto con los niños a los que tiene que atender actualmente mientras que la administración pública mantiene que no puede hacer nada hasta que el Gobierno de España no dé el paso.
El punto de fricción aquí surge en el real decreto en el que el Ejecutivo español incluye este asunto. La región madrileña defiende que no puede actuar hasta que el Ministerio de Educación lo haga, si bien la bajada de ratios puede llevar tiempo en tanto en cuanto un real decreto no es efectivo de la noche a la mañana. Frente a esta respuesta, las educadoras y la oposición aseguran que la Comunidad de Madrid puede actuar desde ya sobre ello.
Más allá de las educadoras
El descontento de la comunidad educativa para con la gestión de la Autonomía de Madrid se mueve en diferentes frentes y desde distintos sectores. La universidad pública sigue clamando por una mayor inversión, mientras que el resto de eslabones se preparan para una huelga que dará el pistoletazo de salida el próximo mes de septiembre. Este parón sigue el ejemplo del de sus compañeros valencianos, que llevan cuatro semanas poniendo pie en pared contra la devaluación de los servicios educacionales.
Los sindicatos que emplazaron a la huelga, Comisiones Obreras (CCOO) y UGT, así como CONFAPA, que reúne a las madres y padres del alumnado, lamentan que los salarios son “los más bajos de España”, ratios por encima de las posibilidades de los profesionales, el horario lectivo, la burocracia (en ocasiones, también demasiado amplia), “dignificación” de los profesionales de FP y un cambio en definitiva del modelo educativo, al considerar que el actual sistema “genera pérdida de empleo” tal y como está planteado.
Así las cosas, CCOO, UGT y CONFAPA piden a la administración pública la “equiparación salarial progresiva con la media del Estado”, una “aplicación inmediata de las 18 horas en secundaria y el comienzo de la reducción a las 23 en primaria” o un “plan de actuación estructural sobre la FP en cuanto a prácticas, profesores prospectores y horario laboral.
De igual modo, siguiendo el modelo de protesta en Valencia y el ejemplo de las educadoras de 0 a 3 años, los convocantes solicitan una “reducción efectiva de ratios en todos los centros públicos y regulación para el personal de apoyo”, un “plan de acción contundente contra la burocracia en los centros” o que la Comunidad de Madrid, con Isabel Díaz Ayuso al fernte, lleve a cabo un “compromiso presupuestario real con la educación pública y un marco normativo claro y negociado para las condiciones de trabajo”.
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